27 de noviembre de 2021
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Cuidado con el unanimismo

7 de julio de 2014

ferney pazSe ha sostenido que un gobierno sin oposición racional y constructiva, puede convertirse en un serio peligro para la institucionalidad, debilitando el sistema de pesos y contrapesos que están instituidos para equilibrar la estructura estatal impidiendo el surgimiento de una  autocracia.

El unanimismo no es garantía de una buena gestión gubernamental, corriéndose el riesgo de tratar de imponerse un pensamiento único a favor del sistema imperante y quienes se atrevan a disentir de cualquier acto oficial podrán ser objeto de los cuestionamientos de los áulicos o aduladores de turno, prevalidos por el apoyo del ejecutivo, experiencia vivida en el reciente pasado cuyos efectos todavía no han podido ser  superados.

La base del libre juego democrático radica en las opiniones contrarias al sistema político vigente, como fuente controladora de los desbordamientos éticos o legales, con partidos políticos fuertes que oxigenen la democracia y la controversia para el beneficio del bien común.

No conviene invocar permanentemente la figura de la Unidad Nacional, por cuanto quienes no se arropen bajo esa sombrilla quedarán señalados como desleales o que le están haciendo el juego a los enemigos del gobierno, o como terroristas, frase acuñada en el mandato de quién instauró la reelección presidencial que tanto daño le viene haciendo a la poca democracia colombiana por ser generadora de clientelismo y corrupción estatal.

Una oposición con una buena estrategia y bien orientada puede generar positivos resultados para su proyecto político, ganando si el gobierno de turno cumple con lo prometido en favor del interés general y vuelve a ganar si las incumple para convertirse en alternativa de poder al cuestionar la demagogia y populismo de un gobierno que para conseguir votos promete hasta lo imposible.

Cuando se alude a los pesos y contrapesos en la administración pública, nos estamos refiriendo a una política diseñada por Montesquieu, quién consideraba que todo gobernante que tiene poder se inclina a abusar de él y va hasta donde encuentra límites, creyendo que para que no se abusara del mismo, era preciso establecer barreras para frenar ese desbordado poder, con un sistema en el cual las tres ramas del poder público (Ejecutiva, Legislativa y Judicial), se controlaran recíprocamente para evitar caer en el absolutismo, tiranía o arbitrariedad.

Cierto es, que el gobernante representa los intereses de la Nación, debiéndose desligar el espíritu de partido del espíritu de gobierno, por cuanto jefe de partido es denominación opuesta y contraria a la de jefe de Estado, así como litigante es categoría diferente a la de Juez o Magistrado.

Se afirma lo anterior para denotar la importancia de la presencia en el escenario nacional de tendencias diferentes a la del Presidente de la República, quién no puede ser juez y parte de la administración pública y de la política, al refundir en una sola persona las diferentes funciones que deben desarrollar las tres ramas, que no son otras, que el ejecutivo, gobierne, el legislativo, legisle, y la judicial, juzgue y falle, sin injerencias que resulten perturbadoras para el desarrollo de la democracia  participativa.

Pero por lo visto en esta antesala del próximo gobierno, y por los contactos a que alude la gran prensa nacional entre los voceros más destacados de los partidos y movimientos con el jefe de Estado,  el cambio institucional será muy discreto frente  a lo que se  prometió, en donde el ejecutivo ejercerá influencia en el legislativo, el legislativo apéndice del ejecutivo y la judicial con evidente  contagio grupista, demostrado con las postulaciones de las personas que deben integrar la terna para la Contraloría General de la  República.

La constitución del 91 pretendió sustraer del manejo político los organismos de control y de fiscalización en cuanto a sus nominaciones, para ser entregados a las Cortes por el grado de imparcialidad y de transparencia que estas corporaciones  otorgaban, pero se terminó para desventura de la justicia contagiándolas en su manejo electoral, con efectos nocivos para  una imparcial administración de justicia por parte de estas instancias.

Bogotá, julio 8  2014.

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