28 de noviembre de 2021
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Corte avala facultad del Procurador para sancionar a funcionarios

17 de julio de 2014
17 de julio de 2014

Este miércoles, la Corte Constitucional dio vía libre, con una votación de 6 a 3, a que el Procurador General de la Nación pueda sancionar e inhabilitar de 10 a 20 años por faltas gravísimas a funcionarios.

Esta decisión toma relevancia, porque si la Corte le hubiera tumbado dicha competencia, el procurador quedaría sin ‘dientes’ para actuar, y podría impactar casos relevantes como la sanción que se le impuso al alcalde Gustavo Petro y a gobernadores y otros mandatarios.

El fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Mauricio González, recoge algunos de los argumentos expuestos por los intervinientes y declara exequible la Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario” en lo que tiene que ver con la mencionada facultad del Procurador.

Sobre uno de los aspectos planteados por el demandante, en el que señala que dicha norma viola el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que solo un juez penal, a través de sentencia condenatoria, puede restringir los derechos políticos como lo es ser elegido y ejercer cargos públicos, el ponente manifiesta que sobre dicho argumento ya hay cosa juzgada. Y es que en el pasado, cuando se negó la tutela que pretendía tumbar la destitución e inhabilidad de 18 años de Piedad Córdoba, la Corte reafirmó la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a personas elegidas por voto popular.

Pero además, tiene en cuenta la sentencia C-028 de 2006, cuando con ponencia de Humberto Sierra Porto (hoy Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) se declaró exequible la misma norma que hoy se demanda en este caso.

Otro de los puntos planteados en la demanda, es el legislador no previó medio de defensa alguno para cuestionar el acto que impone la inhabilidad y, en consecuencia, dicha omisión supone el desconocimiento del contenido del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que integra el bloque de constitucionalidad.
El fallo señala que sí existen esos mecanismos, como los son, por ejemplo, acciones ante el juez de lo contencioso administrativo por conducto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. O la mima acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

La demanda, en uno de sus apartes, pretendía que se tuviera en cuenta una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tumbó una inhabilidad decretada contra Leopoldo López, alcalde venezolano. Sin embargo, en ese caso, la Corte Interamericana determinó que hubo violación del debido proceso contra ese líder, que hacía oposición al gobierno venezolano.