Consulta Previa, un derecho y una posibilidad para las comunidades étnicas
Para integrar ambos temas existe la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la cual coordina, planea, ejecuta y hace el seguimiento de los distintos procesos de consulta con las diferentes comunidades étnicas asentadas en nuestro país. A diario la Dirección de Consulta Previa procura que dichos procesos se realicen dentro de los principios de la buena fe, la transparencia y la integridad cultural.
En lo corrido del 2014, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa ha realizado 578 protocolizaciones en el marco de 38 proyectos. Esto consiste en la formalización de los acuerdos a través de un acta y la designación de un grupo de seguimiento. En todo el 2013 se lograron un total de 580 protocolizaciones.
De los 578 procesos protocolizados, 120 pertenecen al sector minero, 11 al ambiental, 8 de medidas administrativas, 387 de hidrocarburos, 2 del sector energético y 50 de infraestructura. En estos momentos, la Dirección tiene 130 procesos en Fase de Consulta con 1300 comunidades étnicas.
Cada día se afianza más la Consulta Previa y esto corresponde a los esfuerzos del presente Gobierno para reducir los tiempos de los procesos, los cuales han variado de 24 meses a principios del año 2010 a 7 meses en la actualidad, evidenciando una mejora del 71%. Para la sustancial reducción de tiempos anunciada anteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2613 de 2013 y la Directiva Presidencial 10 de 2013.
Estos avances en tiempo y la agilidad , han derivado en muchos beneficios para las comunidades inmersas en los procesos de Consulta. Algunos de los beneficios más relevantes son:
• Radicar en cabeza del Ministerio del Interior la expedición de certificaciones de presencia de comunidades étnicas. Anteriormente dicha competencia la podía realzar la Dirección de Consulta Previa, el INCODER o ambas instituciones.
• Incorporar las órdenes jurisprudenciales en el contexto de la consulta previa.
• Garantizar la representatividad de los pueblos étnicos.
• Asignar de manera exclusiva a la Dirección de Consulta Previa la protocolización de los acuerdos entre los Ejecutores de los Proyectos y las comunidades étnicas. Antes toda consulta que requerían licenciamiento o permiso ambiental, debía ser protocolizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), lo que generaba moras en el trámite de consulta.
• Involucrar a los Ejecutores, para determinar las áreas de influencia sus proyectos, antes de iniciar el proceso de Consulta Previa.
A pesar de estos avances, aún subsisten las denominadas «malas prácticas» que son el verdadero enemigo del proceso de Consulta. Estas malas prácticas se pueden evidenciar en el manejo de la información (suministrar información incompleta o imprecisa), el manejo del tiempo (irrespetar los tiempos de la consulta), en el manejo de la representación (falta de claridad en la representación de las comunidades) o en el manejo de los acuerdos (desconocer los usos y costumbres de las comunidades). La eliminación de estas malas prácticas radica en permitir consultas transparentes, participativas y eficientes, como se viene haciendo en estos últimos años.
Las innovaciones y avances puestos en marcha a través de la Dirección de Consulta Previa, contribuyen a la protección y salvaguarda de los derechos colectivos de las comunidades étnicas y a la activación de proyectos de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía en Colombia. Una sociedad que entiende la diversidad étnica y cultural como un valor esencial, es una sociedad que avanza en los marcos del desarrollo económico y social.
