2 de diciembre de 2021
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Angela Robledo exige un responsable para el “inoperante” sistema de justicia juvenil

17 de julio de 2014
17 de julio de 2014

 

Subrayó la necesidad de un ente que lo dirija y pueda responder ante los compromisos de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de 2006, y las normas internacionales que protegen a los menores de edad

Ángela Robledo señaló hoy en audiencia pública que urge además de un ente rector del Sistema, una misión de expertos y expertas que pueda determinar con claridad la situación real de niños, niñas y jóvenes en Colombia y que aporte perspectivas y plantee alternativas frente a las múltiples problemáticas que afrontan en los territorios. “Necesitamos que la niñez se ponga al centro de las prioridades del país para el postconflicto, que se propongan nuevas políticas e instituciones acordes con sus necesidades y demandas y reestructurar el ICBF”, anotó la congresista.

La congresista Ángela Robledo puntualizó que los jóvenes necesitan más justicia social y menos justicia penal. “Los jóvenes en conflicto con la ley están hoy en peores condiciones que parapolíticos o paramilitares en la cárcel”.

En Colombia los jóvenes entre 14 y 18 años que cometen delitos son responsables penalmente y tienen un sistema de justicia diferencial (amparado en Ley de Infancia y Adolescencia) cuyo énfasis está en el restablecimiento de sus derechos. Es decir, un muchacho que comete un delito entra al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), en un proceso especial para investigarlo, juzgarlo y sancionarlo con unas características especiales. El Estado tiene la obligación de protegerlo, rehabilitarlo y resocializarlo, mediante un modelo pedagógico que debe asumir la garantía de todos sus derechos en corresponsabilidad con la sociedad y las familias, para que el joven pueda rehacer su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad.

Sin embargo, esta justicia diferencial es sólo para el papel. Hoy cinco años después, las dificultades del Sistema persisten hasta constituirse en graves hechos violatorios a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, evidenciadas en múltiples irregularidades y deficiencias: persiste la ausencia de un ente responsable, desarticulación, falta presupuesto, infraestructura, capacitación de los funcionarios y un sistema de información y seguimiento, entre otras.

Alrededor de 160 mil jóvenes en conflicto con la ley padecen todos los días la flagrante violación no sólo a los mandatos de la Ley de Infancia y Adolescencia, sino a sus derechos humanos fundamentales, debido a los problemas estructurales del Sistema que se pueden evidenciar en casos que la representante Ángela Robledo ha documentado y que tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría han venido señalando:

80 jóvenes estuvieron cerca de tres meses en las escaleras del Centro de Servicios Jurídicos Especializados para Adolescentes (CESPA) en Bogotá, en donde permanecían durante el día y dormían en la noche con una cobija sucia. Tenían que turnarse para ir al baño y para ducharse. Algunos presentaban signos de gripa y fiebre. (abril 21 de 2014).