La salud se quedó sin reforma
Su indiscutible necesidad para la seguridad social de los colombianos ni el hecho de que el Gobierno la considerara como una de las reformas claves de la actual administración, fueron razones suficientes para motivar su aprobación por parte de la bancada de la Unidad Nacional.
La aprobación de la Ley Estatutaria de Salud, presentada simultáneamente, y por medio de la cual se consagró la salud como un derecho fundamental, avalada ya por la Corte Constitucional, tampoco brindó el impulso suficiente para tramitar esta ley ordinaria que buscaba reformar el sistema para garantizar esa obligación del Estado.
El proyecto, presentado en marzo de 2013, pretendía establecer un marco de acción para las entidades vinculadas al sector, disponiendo mecanismos de control para un uso eficiente de los recursos destinados a la atención de la población.
No era un proyecto que brindara solución a todos los problemas que enfrenta la salud e incluso tenía aspectos francamente críticos, pero es lamentable que muera en las manos de los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, tras un tortuoso “paseo de la muerte” por el Senado, a escasas dos semanas de terminarse la actual legislatura, sin tener siquiera ponencia para el tercer debate.
La naufragada Reforma a la Salud incluía, entre otras cosas, la creación del Fondo Salud Mía, la definición de un plan único de salud -Mi Plan- y la determinación de las tareas de los Gestores de Salud. Esto significaba, en la práctica, cambios radicales al actual sistema.
Sin duda, uno de los más polémicos era la creación del Fondo Salud Mía, que contaría con un régimen de contratación pública, para manejar todos los recursos del sistema: haría los recaudos, los administraría y les giraría directamente a los diferentes actores del sector salud. Se contemplaba, además, la posibilidad de tercerizar algunos procesos, como los de afiliación, recaudo, administración, pagos y giros.
La propuesta de operación de un único Fondo con múltiples funciones implicaba un colosal reto operativo y administrativo, con el riesgo de concentrar diversas funciones en un solo ente público. No se debe perder de vista que podría convertirse en un atractivo foco de politización y malos manejos.
Que la reforma se hubiera hundido no es culpa del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ni indica falta de voluntad política del Gobierno. Es una muestra de que una reforma a la salud no es fácil en ningún país y, sobre todo, de las enormes dificultades que tiene Colombia para hacer transformaciones radicales por la vía del Congreso, cuando existen actores y contradictores con múltiples intereses, que siendo respetables, resultan contrapuestos, y que pese a la intención ministerial fue imposible consensuar o lograr acuerdos básicos.
Por la vía de los decretos, el Ejecutivo ha venido introduciendo cambios en el sistema, como eliminación de procedimientos administrativos para autorizar tratamientos, ampliación del Plan Obligatorio de Salud, control al precio de los medicamentos y el pago directo a algunos hospitales, pero es mucho lo que resta no solo para ponerse al día sino para cumplir las exigencias de una ley “garantista” como es la estatutaria. De ahí la deuda pendiente para el nuevo Congreso, en la próxima legislatura.
EL COLOMBIANO/EDITORIAL
