Gobierno pide a la CIDH dar trámite a solicitud del general (r) Uscátegui
“Agradezco al señor Secretario Ejecutivo, considerar la petición en cuestión y dar respuesta en los términos que se estimen pertinentes de acuerdo con el trámite previsto en el reglamento de la Comisión”, dice la carta en la que además la Cancillería pide prontitud en la respuesta, al expresar que en otros casos el organismo internacional ha sido diligente.
Cabe recordar que en el caso del alcalde Gustavo Petro la CIDH actuó de manera rápida e inclusive sorprendió al propio gobierno Santos cuando dio a conocer su decisión a altas horas de la anoche y apenas unas pocas horas después de conocerse la destitución del burgomaestre.
“Como es de conocimiento de la Honorable Comisión, la mencionada petición fue presentada en el año 2003 por el señor José Jaime Uscátegui, hijo del Brigadier General (r). Sin embargo, a pesar de haber transcurrido once años, la Comisión no se ha pronunciado ni siquiera frente a la admisibilidad de la misma, lo que no se compadece con los términos en los cuales se ha decidido en otros casos que han llegado a su conocimiento”, puntualiza la misiva firmada por la canciller María Ángel Holguín.
La CIDH es una entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que opera de forma autónoma en la protección de los derechos humanos. Es usual que pida a un Estado que adopte medidas cautelares en determinadas ocasiones, según establece su propio reglamento, para proteger a una persona de un daño irreparable en momentos de gravedad y urgencia.
El martes la sala de Casación Penal de la Corte dejó en firme la condena contra el general (r) Uscátegui por «omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples perpetrados durante la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997».
La sentencia explica, sin embargo, que Uscátegui no fue coautor de los delitos pues no se le consideró aliado de los paramilitares.
En su fallo, el Tribunal señala que el militar, que era entonces comandante de la VII Brigada del Ejército, tenía mando sobre el Batallón de Infantería Joaquín París, el más cercano al lugar de los hechos pero omitió adoptar medidas para proteger a los pobladores pese a que fue informado de que el pueblo había sido tomado por paramilitares.
A juicio de la Corte, la responsabilidad del general retirado Uscátegui «radicó en la absoluta omisión del deber que tenía como oficial superior, al dejar de hacer lo que estaba a su alcance».
El caso Mapiripán resume en redondo el conflicto y la justicia en Colombia: no hay certidumbre sobre lo que ocurrió, ni sobre el número de víctimas, pero hay una condena internacional, unos falsos afectados, un coronel condenado burlando la justicia en Estados Unidos — Hernán Orozco— y un general —Uscátegui— a quien la Corte Suprema de Justicia le dejó en firme el fallo que lo condenó a 37 años de prisión.
