27 de mayo de 2022
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Fin de la reelección

20 de junio de 2014

Hoy, con la visceral controversia política que generó la última campaña electoral, la visión de los hechos que animaron al país a embarcarse en semejante cambio se ha distorsionado irremediablemente. Muchos de quienes la apoyaron en ese entonces, incluso de manera apasionada, ahora la rechazan por no ser de sus simpatías el último presidente reelecto.

En cambio, varios de quienes se opusieron en 2004 a la aprobación de la figura advirtieron el componente de personalismo que en un país de precaria cultura política como el nuestro adquiriría la posibilidad de reelección presidencial inmediata.

Así fue: muy posiblemente ningún otro dirigente distinto al Jefe de Estado de ese momento, Álvaro Uribe, habría logrado una adhesión igual a su pretensión de reelegirse. Una vez la iniciativa fue aprobada en el Congreso y fue avalada por la Corte Constitucional, se verificó su legitimación popular: triunfo incontestable del presidente-candidato en la primera vuelta del 28 de mayo de 2006, con el 62,35 % de la votación total.

Y tan pronto se inició el segundo gobierno (2006-2010) se fue abriendo paso, de forma más forzada, una nueva iniciativa para permitir una segunda reelección, es decir, un tercer mandato consecutivo. Un trámite parlamentario a los trancazos y una decisión final de la Corte Constitucional, sepultaron esa nueva posibilidad, tan similar a la adoptada en la bolivariana Venezuela y luego en Bolivia, Nicaragua y próximamente en Ecuador.

En enero de 2011 el presidente Juan Manuel Santos -posesionado cinco meses antes-dijo que él querría terminar su gestión en cuatro años para no reelegirse. Cambió muy pronto de opinión. La paz, como ocho años antes fue la Seguridad Democrática, era el motivo para impulsar un segundo mandato.

Logró convencer a una mayoría de que su propósito solo se lograría con él en la Presidencia. Pero un día después de triunfar en las urnas anunció que promovería un acto legislativo que eliminara la reelección. Si la quiere eliminar suponemos que es porque es plenamente consciente -como lo es, por ejemplo, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez – de los grandes costos institucionales y los evidentes desequilibrios que la figura genera.

A pesar de existir una ley de garantías electorales, las dos experiencias vividas de campañas reeleccionistas en 2006 y 2014 de presidentes en ejercicio han puesto al país de cara con su penosa forma de hacer política, de la invencible ausencia de criterios éticos en el ejercicio proselitista y del enraizamiento del clientelismo como forma definitoria de nuestro régimen político.

Lastimosamente la reelección concebida como estímulo y premio para buenos gobiernos se tornó, aquí en Colombia, en instrumento de degeneración de la política, en aprovechamiento corrupto de los recursos del Estado, en cultura de la ilegalidad y en abuso de poder.

Ante la poca esperanza de cambiar las costumbres y la cultura políticas, cuando se radique la iniciativa de reforma y se inicie eldebate, lo más lógico y sano para el país será la extensión de los períodos presidenciales a partir de 2018, sin reelección.

EL COLOMBIANO/EDITORIAL