Estado se salva de pagar millonaria suma por caso Granahorrar
Con una votación 6-2 la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió negar una acción de nulidad que pretendía darle vida nuevamente a una sentencia del Consejo de Estado que condenaba a la Nación por la intervención que hizo a Granahorrar y que para esta época le costaría al Estado cerca del billón de pesos.
La ponencia del magistrado Mauricio González, que negaba dicha nulidad, solo tuvo dos votos en contra: los del magistrado Jorge Pretetl y Alberto Rojas Ríos.
La solicitud de nulidad había sido interpuesta por socios de Granahorrar contra una sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional que había tumbado el fallo del Consejo de Estado de hace cerca de dos años, que obligaba a la Nación a pagar una suma de 640.0000 millones de pesos.
El argumento para esa petición era, según los accionantes, que a ellos como socios no les habían notificado sobre la intervención de Granahorrar. Sin embargo, el magistrado González argumentó que los socios no tenían personería jurídica para hacer dicho reclamo, pues esa figura le correspondía a Granahorrar y debió ser la entidad la que informara sobre la situación.
La Superintendencia Bancaria intervino a Granahorrar en octubre de 1998. Ante la crisis financiera por la que pasaba la entidad, las autoridades decidieron declararla en cesación de pagos y en estado de insolvencia, y ordenaron a los accionistas capitalizar el banco. Los accionistas no cumplieron con los exigido por la Superintendencia, ante lo cual, para evitar el pánico económico y proteger a los ahorradores, el Gobierno tomó posesión del banco y lo nacionalizó. Para adoptar la medida, las autoridades monetarias redujeron el valor de las acciones y las cotizaron a un centavo cada una.
Estas medidas, dijeron los accionistas, fueron adoptadas por el Gobierno sin una previa comunicación, lo que supuestamente les impidió tomar decisiones y causó un perjuicio a sus inversiones.
En el 2007 el Consejo de Estado les dio la razón a los demandantes y declaró la nulidad de las decisiones de la Súper sobre Granahorrar, y ordenó el pago de la millonaria indemnización.
Sin embargo, la Corte señaló que se comprobó que la intervención del Gobierno y su decisión de nacionalizar si no había una capitalización se informó al presidente del banco, quien les comunicó la situación a los accionistas.
En el 2000, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda. Esa decisión fue impugnada ante el Consejo de Estado, que condenó a la Nación a pagar. Finalmente, la Corte consideró que en este caso se había presentado la figura de la caducidad de la acción y ordenó dejar sin efectos el fallo del Consejo de Estado y dejar en firme el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, los socios interpusieron una acción de nulidad para tumbar esa decisión. Este miércoles, la Corte enterró definitivamente esa pretensión.
