11 de mayo de 2021
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El servicio militar del post conflicto

6 de junio de 2014

En la idea manifestada por Santos Calderón está el presupuesto de que si se firma la paz con la guerrilla de las Farc, la situación de conflicto armado en el país desaparecerá (seguramente se asume que esto llevaría a un irremediable y mucho más corto proceso de paz con el Eln). Se entiende que una vez suspendida la lucha contra los grupos armados de izquierda en busca del poder político, tanto el número de efectivos como su costosa especialización en estas formas de combate perderán sentido y podría entonces disminuirse el número de soldados, lo que podría, efectivamente, hacerse comenzando por los que, sin preparación ninguna, llegan por la vía del servicio militar obligatorio.

Si bien el argumento que en un primer momento expuso el presidente candidato se entiende lógico y anima a quienes rechazan la guerra y temen que sus hijos terminen enredados en ella, cabe también la opinión de quienes han expresado reparos a la propuesta, en el sentido de que, si bien la violencia guerrillera históricamente ha causado el mayor número de muertos en el país, es también cierto que Colombia, en las últimas tres décadas especialmente, ha afrontado decenas de formas de violencia tan crueles y ruinosas -y por momentos aún más- que la guerrillera: el contrabando, el tráfico de drogas con sus multimillonarias y devastadoras mafias, los ejércitos paramilitares y su actual variante, las Bacrim, y, cabe considerar en el post conflicto, algunos grupos de la guerrilla que, sin propósito político alguno, se desconecten del proceso de paz y se mantengan armados en zonas rurales sembrando el terror.

Estas (por nombrar solo algunas), son formas de violencia con las que el país convive y que tienen asiento en factores distintos a la lucha guerrillera y para las que sería oportuno y necesario que el presidente candidato amplíe y explique su propuesta de esta especie de servicio militar del post conflicto, para que quienes reciben con beneplácito la iniciativa, lo hagan teniendo también la tranquilidad de que la medida no pone en riesgo la seguridad ni la soberanía del país.

Vanguardia/Editorial