Fiscalía investiga presunta filtración de resultados electorales en consulados
El ente investigador recolecta elementos materiales probatorios dirigidos a establecer si estos datos corresponden a la realidad. De comprobarse que existió una filtración se establecerá quienes fueron los funcionarios o personas que permitieron esta filtración.
“Si fue real y se configuran los delitos de revelación de secreto y utilización de asuntos sometidos a secreto”, precisó el asesor del despacho del Vicefiscal General, Camilo Burbano quien anunció que se conformó un grupo especializado para verificar si los datos publicados tenían o no reserva.
En este sentido explicó que la ley 1475 que dichos datos electorales deben mantenerse bajo reservado y solamente pueden hacerse públicos el mismo día de las elecciones, es decir que los resultados electorales solamente podían conocerse el próximo 25 de mayo y no antes como aparentemente ocurrió.
Por estas irregularidades podrían estar inmersos en “los delitos de sujeto activo calificado. En ese caso solo los funcionarios pueden ser sujetos a estos delitos”. En este sentido explicó que el ente tiene un grupo especializado para investigar cualquier tipo de acción que busque alterar, modificar o afectar los resultados de las elecciones para el nuevo presidente de la República.
Por esto se hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de presión electoral o irregularidades en los comicios que se celebrarán el próximo domingo, por lo que se contarán con 19 mil funcionarios, entre funcionarios y agentes del CTI, que evitarán cualquier intento de fraude electoral.
Los departamentos, basándose en los registros anteriores, con mayor riesgo electoral son Antioquia, Atlántico, Nariño, Bolívar, Tolima y la ciudad de Bogotá. Por eso se aumentará la presencia de los fiscales en dichas regiones con el fin de evitar que se presenten alteraciones u afectaciones en el desarrollo de la jornada.
En los comicios se presentan principalmente los delitos de fraude en inscripción de cedulas, constreñimiento al su fragante, ocultamiento y retención ilícita de cédulas, así como la denominada compra de votos. Las personas que incurran en estas conductas podrían pagar una pena entre los cuatro y ochos años de prisión.
