Fiscal General defiende futura participación en política de desmovilizados de la guerrilla
Fue así como solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la norma contemplada en el marco jurídico para la paz que permitirá a los desmovilizados su futura participación en política. Frente a la problemática que surge sobre los delitos conexos, Montealegre señaló que debe ser el Congreso de la República a través de una ley estatutaria el organismo que determine cuáles son las conductas punibles que están asociadas a los delitos políticos.
En su planteamiento, el Fiscal General le pidió a la Corte “que se declare constitucional el aparte de la norma que permite a los desmovilizados de la guerrilla participar en política. Considero que una de las bases fundamentales de un proceso de paz es que después de que dejen las armas puedan participar democráticamente en política y fundar partidos”.
Para Montealegre, la idea central es que la Constitución permita la participación y que una ley estatutaria establezca cuáles serían esos delitos conexos y cuáles no.
En esta solicitud, el Fiscal General explica que además pidió la exclusión de la normatividad a través de la declaración de inconstitucionalidad del aparte en el cual se consagraron sanciones perpetuas y prohibiciones absolutas. Se cierra de por vida la posibilidad de participar en política y esto va en contravía de principios fundamentales de la Constitución como el derecho a la paz y la participación en políticia.
Asimismo, planteó que cuando haya condenas contra desmovilizados por delitos de lesa humanidad, “estas personas puedan participar en política como un gesto de toda la sociedad colombiana. No estoy de acuerdo en que quien haya sido sancionado por lesa humanidad pierda sus derechos políticos”, enfatizó Montealegre Lynett.
“Que se circunscriba la participacion en política a delitos políticos y delitos conexos con estos, pero que sea el Congreso, una vez firmado el acuerdo de paz y a través de una ley estatutaria, luego de grandes acuerdos nacionales, el que decida cuáles son los delitos conexos” y no que se cierre desde la Constitución la puerta”.
