7 de octubre de 2022
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Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez
Ximena Giraldo Quintero

Más de 30 condenas y cien operativos por delitos contra los recursos naturales

8 de abril de 2014
8 de abril de 2014

Con ocasión de la presentación de la edición número 16 de la Revista Sindéresis, publicación de la Auditoría General de la República sobre la valoración de costos ambientales: un desafío pendiente, realizada  en el Auditorio Teresa Cuervo Borda, del Museo Nacional, el Vicefiscal manifestó que las imputaciones fueron realizadas por los delitos de contaminación ambiental, daño en los recursos naturales, explotación ilícita de yacimiento minero e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros.

Asimismo, enfatizó en lo positivo de haber obtenido cerca de 30 condenas  y la realización de más de 100 operativos en diferentes partes del territorio colombiano a través de un grupo de fiscales e investigadores especializados en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Actualmente en Colombia, el código penal, ley 599, en su Título XII, Capítulo Único, reconoce como bien jurídico protegido a los recursos naturales y el medio ambiente. En su articulado describe como delitos el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (art.328), violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales (art.329), manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados (art.330), manejo ilícito de especies exóticas (art.330A), daños en los recursos naturales (art.331), contaminación (art. 332), contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero (art.333), ilícita actividad de pesca (art.335), caza ilegal (art.336), invasión de áreas de especial importancia ecológica (art.337) y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales ( art. 338 ).

Perdomo afirmó que la Fiscalía General de la Nación asumió el reto de la protección ambiental en el marco de la política de desarrollo sostenible articulada por el gobierno para el cuatrienio 2010-2014, con fundamento en la necesidad de efectuar investigaciones penales que conlleven a una judicialización efectiva de las organizaciones y autores del delito ecológico, en especial en temas de relevancia nacional como la minería ilegal, que tiene presencia en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio y Cali.