16 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Exjueza involucrada en ‘carrusel de las pensiones’ condenada a 21 de prisión

9 de marzo de 2014
9 de marzo de 2014

 

En el juicio que duró tres meses, el Tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten inferir que la funcionaria judicial benefició con cerca de 1.230 millones de pesos a un grupo de sus amigos ordenando el pago de pensiones de las cuales no eran merecedores.

Con la ayuda de un grupo de abogados y otro grupo de funcionarios de la Rama Judicial, al despacho de Ramírez Vargas siempre llegaban varias acciones de tutelas en las cuales se exigía el pago de multimillonarias pensiones. Rápidamente la juez fallaba y le ordenaba a las empresas el reajuste salarial para los accionantes.

En la investigación adelantada por la Fiscalía General, y que llevo a su captura jueza en noviembre pasado, la jueza habría aprovechado sus contactos e influencia social para “cuadrar” el reparto de las acciones de tutela y cobrando una importante comisión siempre aceptaba las pretensiones de las mismas.

Los casos más representativos en donde se probó el fraude de la juez son: el de María Cristina Remolina a quien le reconocieron el régimen de transición pensional por lo cual la juez Ramírez le ordenó el pago de 117 millones de pesos a los cuales no tenía derecho como accionante. Otro caso relevante fue el de Luis Francisco Melo, con quien paso la misma situación que la anterior donde le reconocieron 531 millones de pesos a los cuales no tenía derecho legal.

En su decisión, el magistrado de la Sala Penal consideró que la funcionaria judicial había incurrido en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción, por lo Que Además le ordenó el pago de una multa de 356 millones de pesos.

“La funcionaria Ramírez Vargas conocía que bajo promesa remuneratoria aceptada, estaba ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales y a pesar de ello quiso hacerlo”, precisa uno de los apartes de la sentencia, en la cual se calificó como reprochable e indigna la actuación de la funcionaria judicial.

En el desarrollo del juicio la procesada aceptó su responsabilidad en dos de los delitos imputados, por lo que además se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecen la participación de otras personas en estos hechos abiertamente ilegales.

En la sentencia se ordena la detención de la cárcel Picaleña de Ibagué. La sentencia fue impugnada por lo que será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que tenga la última palabra sobre este proceso.