11 de mayo de 2021
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El manoseo de la Constitución Política

4 de marzo de 2014

La sugestiva idea que entusiasma y anima  a los beneficiados originó cerrado aplauso de los asistentes, fue acompañada del argumento, “de una equivocación no hacer coincidir el período del presidente con el de los   alcaldes y gobernadores”, que si no fuera por el autor del  mismo no  se le daría la importancia necesaria, olvidando quien ejerce la  primera magistratura que para el bien de la democracia es fundamental se conserven las distancias entre el gobierno central y los regionales.

No hay duda  que se trata de una propuesta con tinte de demagogia electoral, en la búsqueda de un apoyo a la campaña reeleccionista del presidente candidato,  prometiendo  un  cambio constitucional para  los que están en  el ejercicio administrativo, corriéndose el riesgo de tratarse de una propuesta inconstitucional por cuanto existen sentencias  que señalan que el Congreso no puede ampliar el período de funcionarios elegidos por el voto popular para un periodo determinado y menos aún  cuando están en ejercicio de sus funciones.

Ahora bien,  no es un secreto el mal que para la democracia le  ha causado la figura de la reelección, la que debe ser eliminada, pero no atarla a la modificación de los periodos de los funcionarios locales y seccionales en ejercicio quienes fueron elegidos para un periodo de cuatro años, siendo esa la voluntad popular y todo lo que se haga en contra de la misma es inconstitucional y con un tufillo de abuso del poder legislativo.

El frecuente reformismo constitucional genera inestabilidad institucional, inseguridad jurídica y en ese sentido se crea  una cierta precariedad  y falta de credibilidad del sistema democrático, generando un desarrollo desordenado e incoherente de las políticas del Estado.

Al gobierno nacional  recordarle, que el constituyente derivado como lo es  el Congreso, no puede violentar la voluntad popular  cuando  otorgó un mandato por cuatro años a los funcionarios  a quienes se les busca ampliar el período.
El país requiere con urgencia el desarrollo de temas prioritarios, como los de la salud, pensiones, infraestructura vial, lucha contra la corrupción, seguridad tanto  urbana  como rural, y no  caer en un desgaste institucional que solo busca beneficiar intereses personales y de carácter burocrático representado por el lobby permanente de la Federación de municipios que ha propugnado por extender la reelección  a estos funcionarios sin éxito  alguno, pero ahora aprovechando la coyuntura electoral  buscan la ampliación de sus períodos, con el guiño del candidato presidente  sustentándola a pocos meses de la elección presidencial.

Lo planteado puede estar muy cerca a un atropello a la estructura estatal  y de darse, la  Corte Constitucional  tendrá que ejercer un papel decisivo en la defensa del orden jurídico del país.

En un Estado de derecho, la acción estatal deberá basarse en la subordinación de todo poder ante el orden jurídico existente y de allí que resulta  conveniente  recordar el pensamiento del connotado  jurista y filósofo  austríaco  Friedrich Hayek, defensor de los principios liberales, cuando expresa que “ el gobierno está  vinculado por normas fijadas y publicadas de antemano, normas que hacen posible prever con bastante certeza, como usar la autoridad sus poderes coercitivos en determinadas circunstancias y planear los asuntos de los ciudadanos “.

No  resulta conveniente para los sistemas democráticos los cambios frecuentes del ordenamiento constitucional por cuanto van minando la solidez de las instituciones y la propia estabilidad política, máxime cuando los mismos se proponen en una  agenda  de campaña reeleccionista.

Ahora bien, porqué no pensar  mejor en una  regulación a la elección popular de estos  funcionarios por cuanto es un hecho innegable que la corrupción está amenazando esta conquista constitucional, por  la forma descarada y abusiva como  se malversan  los recursos públicos y los presupuestos de  los entes territoriales, atiborrando la fiscalía y los entes de control  en investigaciones  unas con resultados favorables , otras en los anaqueles por la  argucias jurídico procesales que impiden decisiones de fondo , otras en el  total olvido  como pareciera  quedaron todas las  denuncias  contra una administración que padeció  Caldas por el período 2008 – 2012.

Asombra  el dato que  publica el tiempo.com del 22 de octubre de 2013, respecto a que  en los últimos cinco años ,” la Fiscalía general de la Nación ha vinculado a 38 alcaldes, 44 concejales,1 diputado, 58 ex alcaldes, 135 ex concejales, dos ex diputados, la mayoría por  el presunto delito de  concierto para delinquir,” sin contar la aberrante conclusión que alude  a que el 93% de los empresarios según transparencia por Colombia, consideran que hay que pagarle  o entregar una comisión a los funcionarios públicos para poder  obtener un contrato con el Estado .

En lugar de ampliación de periodos, rigurosidad   y mayores controles para el ejercicio de ese mandato popular, debería ser la consigna del gobierno nacional.

Desde la promulgación de la constitución del 91 se han presentado 39 propuestas  reformatorias de la constitución y 12 de ellas se han convertido en actos legislativos, lo que significa la ausencia de una estabilidad jurídica constitucional  sometida a los intereses políticos del momento, los que ayer defendieron la reelección hoy la fustigan, quienes en el pasado cuestionaron   la ampliación de los periodos de los  funcionarios locales, hoy  la defienden  con ahínco, entrando en un juego peligroso que atenta contra  los periodos y tiempos  que consagra la democracia.

ADENDA : El encartado Acalde de Bogotá víctima de un asesoramiento jurídico  de pantalla de televisión y  de medios , cuando el  ordenamiento legal vigente le  suministraba toda los medios  para una   defensa   de sus derechos  frente a un acto administrativo  demandable ante la jurisdicción competente que no es  otra que la contenciosa administrativa, con solicitud de medidas previas de suspensión provisional .

El centenar de tutelas presentadas no hicieron mas que congestionar la jurisdicción, desvirtuar la finalidad de la misma como mecanismo residual,  cuando no se dan otros medios de defensa y patentizar un claro abuso del derecho , que debe originar las  investigaciones correspondientes , si es que  le queremos devolver la dignidad y seriedad al ejercicio profesional

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