2 de octubre de 2022
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Consejo de Estado dice que La CIDH debe investigar a las Farc

24 de marzo de 2014
24 de marzo de 2014

 

El pasado 6 de marzo el alto tribunal condenó al grupo guerrillero y a su máximo jefe Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko,’ por el atentado perpetrado con cilindros bomba en Mesetas (Meta) en 1997, por lo cual insistió en que los subversivos deben ser llevados ante la CIDH. El Espectador conoció otra sentencia en la que también se pide al Gobierno que denuncie las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que en el marco del conflicto han perpetrado las Farc.

“No se debe desconocer que actores como las Farc deben cumplir con el respeto al Derecho Internacional Humanitario y les recae responsabilidad por el desconocimiento y vulneración de las normas imperativas que rigen los conflictos”, sostiene el Consejo de Estado en el fallo en el que se condena a la Nación por el asesinato del concejal de Urrao (Antioquia), Lisandro Álvarez, en 2003 a manos del grupo guerrillero.

El cabildante fue asesinado un 24 de julio en una vía pública del municipio, después de que miembros de las Farc le disparan en varias ocasiones. Tres meses antes, el Concejo Municipal de Urrao había recibido un comunicado de esta organización armada en el que les anunciaban a los cabildantes que si no renunciaban serían declarados objetivos de guerra.

“En vista a la indiferencia cómplice referente a la zozobra que padece la población rural y urbana por causa de las constantes amenazas del Batallón a través de su estrategia paramilitar (…) se recuerda una vez más la frase del asesinado Jorge Eliécer Gaitán cuando afirma en uno de sus discursos que ustedes son los políticos de los oligarcas. Les advertimos por segunda y última vez que deben renunciar, si no lo hacen serán declarados objetivos de guerra. No sobra recordarles que las Fuerzas Revolucionarias de Colombia están en el corazón de nuestro pueblo y no en las fronteras de nuestros países. La justicia tarda pero llega. Las Farc como la justicia tarda, va lento, pero llega. Cumple”, rezaba la amenaza del grupo guerrillero para todos los concejales de Urrao.

Un acto intimidatorio que para el Consejo de Estado “violó las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario al dirigir sus ataques directamente contra la población civil como lo son concejales del municipio de Urrao”. Además, el alto tribunal explicó que, si bien los miembros de los concejos municipales tienen calidad de agentes del Estado debido al servicio público que prestan, eso no implica que dejen de ser población civil, pues “basta con que no tomen parte en el conflicto armado”. Concretamente explica la corporación que cuando las Farc enviaron la amenaza, violaron las regulaciones del conflicto y vulneraron los derechos humanos de los cabildantes.
Más aún cuando cumplieron su palabra y segaron la vida de Lisandro Álvarez, pues según establece el Consejo de Estado, “cometieron el delito de homicidio agravado” y con este acto lesionaron sus derechos como ciudadano y como actor político “en su condición de concejal”.

Este caso en particular evidencia la práctica sostenida del grupo guerrillero que recrudece la dinámica de las hostilidades en Colombia y termina por dejar en letra muerta todos los tratados internacionales que velan para que la ciudadanía no se convierta en carne de cañón. Es por eso que el alto tribunal exhortó al gobierno nacional para que “ponga el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sea esta autoridad quien se pronuncie respecto a las sistemáticas violaciones que han sido perpetradas por el grupo armado insurgente”.