18 de mayo de 2021
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Nubarrones para la pensión de jubilación

24 de febrero de 2014

ferney pazUna  de las características de un Estado Social de Derecho como el que se supone tenemos, es el  relacionado con la seguridad social, destacándose el derecho a la pensión  de jubilación, nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador en activo ingresa a un retiro laboral después de alcanzar una determinada edad máxima legal,   más un tiempo de cotización, que le permite obtener una retribución por el resto  de su vida, buscando con ello garantizarle a éste y a su familia una tranquilidad económica o mental, con las mismas condiciones prestacionales de que gozan los trabajadores o empleados en ejercicio.
No se discute que el futuro sea una de las preocupaciones de un gran porcentaje de la población colombiana, y dentro del mismo se encuentra la pensión de vejez o jubilación, hoy  convertida en una incógnita  por el viacrucis por el que debe transitar el empleado o trabajador para obtener su reconocimiento, el que debería ser de inmediato si se cumplen con los requisitos  consagrados en las normas legales , y no  asintiendo que se  formen  alrededor de su tramitación oficinas paralelas, en muchas ocasiones en connivencia con funcionarios de las  entidades oficiales, como  se demostró  con el extinguido “ISS”,  que se  constituyó en una ofensa a la seguridad social, camino por el que parece transitar la reciente entidad denominada “Colpensiones”, conminada por la Corte Constitucional para que cumpla  dentro de  términos su  tarea misional.
Hasta hace pocos años la pensión era considerada como un retiro dorado tras una larga travesía laboral, en donde se retribuía lo aportado al sistema  para blindar la última etapa de vida que debería estar dedicada al descanso y sosiego familiar.

Pero pareciera  que este derecho fundamental por lo que se comenta en las esferas competentes y  en particular en las entidades  que dictan las políticas  de la Hacienda Pública del país, se viene cocinando a espaldas de la gran masa  de pensionados y los próximos a cumplir con los requisitos un gravamen a la mesada mensual, trasladando la retención en la fuente cuando se era activo, aunado al 12% por concepto de salud, PARA UN TOTAL DE DEDUCCIÒN DEL 23%.

Este  abusivo tributo calculado en un 11%  lo tienen proyectado para ser  incluido en la futura reforma  al sistema de pensiones  y que deberá ser estudiado y tramitado por el nuevo Congreso que se elija el próximo 9 de marzo, aspirantes que han guardado mutismo sobre un tema que debería ser tratado de cara al país, si en verdad están interesados en llevar la representación popular.

Igualmente, nos negamos a creer que este tributo esté patrocinado por el actual Ministro del Trabajo, a quién se le ha conocido como un  defensor de  los derechos sociales y exponente de  las ideas liberales.   
Pero más allá de  este silencio electoral por parte de los aspirantes a un  Congreso absolutamente desprestigiado ante la opinión pública, esperamos que los candidatos presidenciales y en especial el candidato presidente  demuestre su talante liberal, siendo claro en este tema, exponiendo su posición si  avalará  esta afrenta a más de un millón de pensionados colombianos, muchos de ellos con liquidaciones  irregulares y obligados a acudir a las instancias judiciales  para  que se les reconozca un derecho legítimo vulnerado por las entidades  estatales.

Es deber  de quienes aspiran a  las Corporaciones legislativas  y a la  primera magistratura hablar con claridad, exponiendo la verdad en asuntos de tanta connotación, como la  obligación de los electores de examinar con lupa a  quien le confían un mandato y no llamarse a engaño cuando se expidan las leyes que  trasgreden derechos fundamentales, tal como sucedió con la mal llamada reforma tributaria,  en donde  se desmontaron tributaciones a cargo del sector  industrial y empresarial, privilegiando una casta de poder, gravando a la clase media  y a punto de extinguir a los trabajadores independientes por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones tributarias.

Las organizaciones de pensionados y demás entidades  que  luchan por la defensa  de los derechos  ciudadanos deben estar alertas para evitar que  se consolide una injusticia en contra de unos derechos  adquiridos  que son intocables, máxime cuando se trata de  la seguridad social y la protección al adulto  mayor.

Frente a lo anterior, sin equivocarnos podemos afirmar, que dé Social de  Derecho, sólo tenemos el enunciado del artículo 1 de la Constitución Nacional.

ADENDA: No es un secreto las dificultades de credibilidad por la que atraviesa la rama judicial por la imposibilidad de cumplir con los mandatos superiores de una justicia eficaz, eficiente, pronta y cumplida, sin contar con los cuestionamientos que se le hacen por la posible politización de algunas  instituciones que originan un clamor general de exigir unas reformas de fondo a la actual estructura judicial, que la hagan operante, transparente en sus decisiones, buscando recobrar la seguridad jurídica perdida.

En el ojo del huracán se encuentra el Consejo Superior de la Judicatura, corporación creada  con los mejores augurios por la constituyente del 91 para ejecutar las políticas de racionalización judicial y desarrollar la autonomía administrativa y presupuestal, en la búsqueda de un mejor modelo  para la administración judicial.

Se escuchan voces  respecto  a la  urgente reestructuración  de  la Sala Administrativa como consecuencia de  la dinámica de la última década en materia de justicia, sin desconocer que ha cumplido   con la labor de  darle una visión diferente a la  misma  en estos 20 años de  funcionamiento, como se demuestra con una carrera judicial establecida en un 100% para los  funcionarios judiciales, avances considerables tanto en informática como en materia de recursos físicos para el digno ejercicio de la  actividad jurisdiccional, donde  Manizales se favoreció  con un palacio de justicia  acorde con la importancia de la ciudad, una Escuela judicial con avances  académicos para  la capacitación, y muchas  ejecuciones más que no han tenido  la  difusión necesaria.

Como quiera  que esta Sala debe cumplir con  la función de  integrar las ternas para la designación de los Directores seccionales, confiamos en la  ponderación y  buen juicio de quienes la componen en la escogencia de los candidatos para  la designación del nuevo director seccional de la Rama Judicial de Caldas, desligándolo de  cualquier compromiso partidista,  con  profesionales con reconocida experiencia, sin cuestionamientos en su pasado, que pueda cumplir con las funciones que le asigna la ley estatutaria de la administración de justicia en su artículo 103, de ser ejecutor del plan sectorial  y representar a la Rama en el respectivo Distrito, fuera de un claro conocimiento de lo que debe entenderse por el concepto de gerencia judicial  y administración de los recursos.

Tengo un gran respeto  por el ejercicio político cuando  está orientado  al bien común, por cuanto constituye factor  decisivo para el sostenimiento de la poca democracia que nos queda, pero en el entendido  que hay campos   ajenos al quehacer  de  los partidos y uno de ellos es el de  la justicia. Ojalá, así lo conciban.

Bogotá, febrero 25 de  2014

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