28 de mayo de 2022
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Aplausos mortales

1 de febrero de 2014

Da tranquilidad de deber cumplido. Esta es una sociedad revanchista que, antes que justicia, exige castigo. ¿No lo hemos visto y padecido mucho? ¿No fue, por eso, que la Corte Suprema de Justicia, contradiciendo la dogmática jurídica más clásica, puso a título de dolo eventual el homicidio de quien mata culposamente a otro conduciendo bajo los efectos del alcohol? ¿No fue, por eso, que tuvimos la penosa política de los muros de la infamia? ¿No es, por eso, que las cárceles de este país se desbordan de presos, unos condenados y los otros a la espera de una sentencia? Sí, es por eso.

No hay nada más rentable para un congresista —o un juez— que adherirse al muy manoseado concepto del “populismo punitivo”: corear lo que pide la opinión pública, ser drástico a la hora de confeccionar penas o imponerlas y luego recibir el aplauso. Y lo hacen sin medir las consecuencias que esto tiene en la realidad, luego de que la ley está hecha y entra a regir en la práctica.

Ahí lo vimos esta semana en la cárcel Modelo de Barranquilla: 10 muertos y 34 heridos —al menos eso es lo que se sabe— por cuenta de un incendio de causas aún inciertas que se desarrolló, al parecer, por una pelea, la posterior intervención de la autoridad y la quema de un colchón. Y por el hacinamiento. Ese problema inhumano que afrontan los reclusos de este país. Luego salió el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, diciendo que esa es la causa a resolver. ¿Otra vez? La Corte Constitucional, desde 1998, en una sentencia de tutela, dijo que en Colombia había un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y penitenciarías. Esto, dicho en cristiano, quiere decir que los reclusos enfrentan, a diario, una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales.

Pongamos un caso actual: la Modelo de Barranquilla, en donde meten 731 presos en un lugar donde apenas caben 400. ¿Queda alguna duda de que este es el problema?

Que haya más cárceles, dicen. No dan abasto con la política criminal que tenemos. Eso es lo que no parecen entender (o entienden, pero se hacen los de la vista gorda) las tres ramas del poder público en Colombia. A más cárceles, más penas, es la consigna. Y viceversa. No parará el hacinamiento carcelario si no se entiende que las cárceles no pueden atiborrarse de personas como latas de sardinas, contrariando, no sólo lo que es un Estado Social de Derecho, sino la finalidad que le da sentido a la existencia de los centros de reclusión: la resocialización de la persona.

¿Y los muertos? No se sabe. Los familiares de un puñado de presos no saben el paradero de 60 internos, que pueden, además, estar rotando de cárcel en cárcel porque 150 fueron trasladados a otros penales. Es eso, además. El hacinamiento no deja pensar. No deja crear políticas claras por dentro de las cárceles.

Culpan al Inpec. Puede ser. Al menos en las fibras más finas del caso, sí. Pero la gran responsabilidad es del Estado todo que no entiende que hay que hacer cambios quirúrjicos en la forma en la que se castiga a las personas en Colombia. Penas alternativas, medida de aseguramiento como excepción y no como regla, regímenes internos que permitan estar fuera de la cárcel. En fin. Podríamos repetir todo de nuevo. ¿Informamos más de esto para que se entienda el mensaje? ¿O nos cerramos en aplausos?

El Espectador/Editorial