6 de mayo de 2021
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Angelino Garzón reclama derecho de colombianos a conocer la verdad sobre escándalos en FFMM

19 de febrero de 2014
19 de febrero de 2014

 

“Una cosa es defender institucionalmente a la Fuerza Pública y otra cosa es permitir que la corrupción o las prácticas ilegales terminen haciéndole más daño que la actividad de los grupos armados ilegales”, precisó Garzón en su habitual “carta abierta” a los colombianos.

Además advirtió que “la corrupción como la violencia son contrarios a la democracia y al derecho de la población a vivir con tranquilidad, con libertad y en paz”.

El texto de la “carta abierta” del vicepresidente de la República, es como sigue:
La clave en la democracia es que siempre el poder militar está al servicio del poder civil y no el poder civil al servicio del poder militar. Es por esto que los militares y policías deben entregar siempre la información que requiera, tanto el Ministro de Defensa como el Presidente de la República, en todo lo relacionado a la protección de la seguridad nacional, en la lucha contra los grupos armados ilegales, contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos.

Es obligación constitucional que los militares y policías deban tener siempre un espíritu de cuerpo con el Ministro de Defensa y con el Presidente de la República. Una cosa es defender institucionalmente a la Fuerza Pública y otra cosa es permitir que la corrupción o las prácticas ilegales terminen haciéndole más daño que la actividad de los grupos armados ilegales.

En la democracia, es apenas natural que la población y los medios de comunicación desarrollen mecanismos de control a las instituciones y a la actividad de cada uno de los servidores públicos. A mayor democracia, mayor participación y control de la ciudadanía. No es la democracia la que se ajusta a la institución o a los servidores públicos sino que son ellos los que se tienen que ajustar a la democracia y a la Constitución Nacional. La corrupción como la violencia son contrarios a la democracia y al derecho de la población a vivir con tranquilidad, con libertad y en paz.

También, considero que todos los servidores públicos, como todas las personas, tienen derecho al debido proceso y ese derecho solamente lo pueden garantizar los fiscales, los jueces y los entes de control del Estado, que en sus investigaciones tienen el deber de demostrar que son más eficientes que los particulares. Una pregunta que surge por las denuncias presentadas es: ¿quién o quiénes autorizaron estos procedimientos y por qué no salieron por los conductos regulares? La población tiene derecho a conocer la verdad de todo lo que está pasando dentro de una política pública de Derechos Humanos.