23 de mayo de 2022
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Las trampas electorales.

28 de enero de 2014

ferney pazPero para ello se requiere definir si el actual sistema electoral consagra  las garantías para una  absoluta transparencia  blindando el voto y el resultado de los comicios.

Es innegable que en todo proceso eleccionario se dan tres etapas, la preelectoral, la electoral y la post-electoral y cada una de ellas trae consigo sus debilidades que atentan  contra el sufragio, resaltando el trasteo de votos o trashumancia, la compra de votos, la suplantación de electores  y jurados de votación, hasta la más delicada que falsea la voluntad popular que consiste en la manipulación de los resultados a través del registro electoral, (léase formulario E14), en ocasiones con la participación oficial.

Colombia no se ha podido sustraer a ese cáncer de la compra de votos en donde se aprovecha la ignorancia o las necesidades apremiantes de un sector de la población que acude a este nefasto sistema del mercadeo electoral patrocinado por unos mal llamados dirigentes, utilizando el dinero para satisfacer  aspiraciones de poder.

Como antecedente histórico de las 21 constituciones de la primera República,  o patria boba, 16 sancionaban la compra de votos, constituyéndose en mal endémico  que corroe los cimientos  de  una nación, en donde se asciende políticamente a través  de la maniobra electoral ilícita  y truculenta.

Sorprende el informe que publica “portafolio” en su edición del sábado 18 de enero de hogaño en donde se destaca una nota denominada  ¿“cuanto pagan los políticos por un voto en Colombia.?, y allí se analiza esta dolosa actividad, hasta el punto de acuñarse la sigla del TLC electoral, que no es más que el “tamal, lechona, y cerveza “, como retribución por entregar el voto a un determinado candidato, dejando en evidencia la publicación la tarifa que se aplica para la compra del voto en las diferentes regiones del país  que va desde $60.000 hasta $200.000 empleando una  logística que funciona a la perfección el día de las elecciones.

Putumayo, Cesar, Arauca, Magdalena, Antioquia, Caquetá. Caldas, Quindío, Risaralda, Sucre,  Antioquia, son los departamentos que se ven afectados por esta modalidad, así como ciudades como Barranquilla, Cartagena, Quibdó, Barranca,  que debe originar la más rigurosa investigación por parte de las autoridades electorales, en asocio con la Fiscalía General de la Nación para abortar estas sucias trampas que se le hacen al proceso electoral en Colombia.

De no hacerlo a tiempo se permitiría  que  se atente contra   la expresión popular y  estaríamos presenciando unas elecciones que desde ya  tendrían el sello de la corrupción y el fraude  electoral.

Pero independiente de lo que se denuncia públicamente, una vez más debe plantearse lo obsoleto del sistema electoral colombiano, que dio pié para que en la Procuraduría  de Edgardo Maya Villazón, este manifestara que con el actual sistema no debería “ hacerse elección alguna en el país “, y daba  los argumentos legales, políticos y administrativos  para esa afirmación  y a pesar de ello nada se ha hecho para corregir las anomalías que se vienen presentando y tratar de buscar un modelo diferente que  blinde el expresión popular, iniciando con el voto electrónico tantas veces pregonado por los gobiernos de turno, pero ninguno se atreve a consolidarlo por los  innumerables intereses que se manejan  a nivel regional y nacional .

El fraude electoral, no es más que la  maniobra engañosa para lograr cambiar el resultado que hubieran tenido los comicios sin esas manipulaciones ilícitas en donde  aparece como un fantasma los dineros mal habidos, que para el infortunio de  una perpleja y sana  sociedad civil, viene permeando la actividad política, ya que entre más dinero se aporte a una campaña, más capacidad de poder electoral se adquiere, aunque el candidato  que aspira  a la dignidad parlamentaria solo tenga por firma una equis o la huella dactilar, sin importar su mínima instrucción o capacidad intelectual, por cuanto solo interesa el dinero que reparte para la compra de votos para graduarse como padre de la patria.

Inmensa responsabilidad la de los gobernantes futuros para  rescatar la credibilidad de las instituciones, confiando que ahora que se habla de  reformas    que traerá el proceso de paz, como la de la justicia, la política,  sector agrario,  se incluyera la electoral, con un tema  de  vital importancia que alude a la circunscripción nacional que mucho daño le viene haciendo a la democracia, por los elevados costos de campaña y la presencia  por la época preelectoral de personajes sin ningún arraigo en una región socavando conciencias por arañar unos cuantos votos  de  esa jurisdicción.

Igualmente si queremos de verdad el ejercicio de una política seria, sin  cortapisas e hipocresías  por parte de quienes integran la nómina oficial, se debe  desmontar esa vulnerada norma  que prohíbe a los  funcionarios públicos participar en política, cuando es un secreto a voces que como  consecuencia de la reelección presidencial, todo el estamento  burocrático, incluyendo gobernadores y alcaldes, asì como miembros del gobierno nacional, departamental y  municipal, participan y toman partido para sacar adelante la aspiración del presidente candidato.

Claro está que este desmonte debe estar precedido de unas claras limitaciones de carácter contractual y administrativo en materia de nombramientos durante el periodo de  campaña, quedando solo vigente la prohibición para la rama judicial y los entes de control.
Serio peligro constituye para la credibilidad ciudadana que se pierda la fe en los procesos  de elección popular y haga carrera que dichos eventos  que  consagra la constitución  no se ganan con el voto del su fragante, sino con el poder del dinero de los corruptos y de los  auspiciadores del fraude electoral.

ADENDA: El abuso del derecho tiene su origen en el derecho romano y puede definirse por distintos sistemas, el subjetivo, que hace hincapié en si el titular del derecho actuó con dolo o con culpa y el objetivo en cambio considera que un acto es abusivo si excede los objetivos de la ley que otorga tales derechos.

Dos máximas lo definen, “no debemos usar mal de nuestro derecho “, “no todo lo que es lícito es honesto”.

Lo que viene sucediendo  en el  caso Petro, con la cascada calcadas de tutelas como camino para desvirtuar un acto administrativo cuya legalidad se debe controvertir en la instancia competente que no es más que  el Consejo de Estado y ojalá en sala plena,( aplicando la figura jurídica de la acumulación), pone en evidencia EL ABUSO DEL DERECHO, el caos y la inseguridad jurídica por la  que atraviesa el país, con lo que se reafirma una vez más la ausencia de un sistema judicial serio , coherente, riguroso en la aplicación y acatamiento de las normas jurídicas y no al vaivén del protagonismo mediático, aunque se desconozcan principios rectores y jurisprudencias vigentes.

Mala hora para la justicia colombiana que clama  reformas de fondo, por cuanto sobre la misma pesa un factor de desconfianza  por parte de la  opinión pública cuyas expectativas y necesidades  se diluyen de contar con un servicio de justicia que tiene que funcionar bien.

Y, a propósito?? Cuando la comunidad judicial de Caldas  conocerá la terna para la designación del Director seccional de la Administración judicial, cronograma  de entrevistas y preselección  incumplido por la Sala Administrativa del Consejo Superior? ¿Cuáles son las razones para la dilación?

Ojalá se actué con criterios de gerencia judicial, con profesionales de y comprometidos con la región y no  con otros, ajenos a la eficiencia que se  anhela.

Bogotá, Enero 28 de 2014.

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