28 de mayo de 2022
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La experiencia de la Drummond

12 de enero de 2014

En el año 2008 un grupo de periodistas colombianos y el ministerio de Cultura realizaron un viaje memorable, en el denominado tren Amarillo en la ruta a Macondo. En ese tren escuchamos a los periodistas de RCN radio Juan Gossaín y Antonio José Caballero describir la forma como la ropa y el cuerpo de los viajeros hacia Aracataca, el pueblo del Nobel Gabriel García Márquez, se impregnaban de un polvillo negro, proveniente del transporte del carbón que la Drummond y otras empresas hacían hacia los puertos autorizados. “Todo está pasado por de ese polvo negro”, decían.

Poco tiempo después vimos en una publicación nacional al propio Gossaín con una cara totalmente pintada del polvillo de ese carbón, en una protesta maravillosa, denunciando que las playas de la bahía de Santa Marta, la más hermosa de América, ya tenían los pequeños granitos negros por toda parte. Y decía el periodista que él mismo encabezaría las protestas ciudadanas para impedir el avance de un desastre ambiental en su costa Atlántica del alma. Pero pudo más el criterio capitalista de la denominada ‘confianza inversionista’ que el gobierno le ofrecía a las multinacionales mineras, que la rebelión ciudadana contra este atropello a la salud y a la vida misma.

Solo cinco años después, el ministerio del Medio Ambiente vino a ponerle una multa a la Drummond, de $7.000 millones, y no propiamente por los hechos que habían sido denunciados hasta el momento. La sanción se dio a raíz del derramamiento de carbón en el mar, que hizo la empresa para evitar el hundimiento de una de sus barcazas y su pérdida total en las aguas del Atlántico.

El ministerio puso en vigencia una decisión que debió de cumplirse desde hace 15 años, cuando la multinacional norteamericana empezó a sacar carbón de tierras colombianas: hacer las descargas directas. Hasta la fecha se hacen en forma indirecta: el carbón sale de la mina a los vagones del ferrocarril, que van sin tapa, descubiertos, cuando llegan al puerto lo depositan en barcazas, descubiertas, y estas los transportan hasta los grandes buques carboníferos.

A la sanción, leve por cierto, ya le salieron detractores, argumentando que con ella la Drummond tendrá que hacer despidos masivos de trabajadores, porque solo puede cumplir con la orden de carga directa en no menos de un año. También dicen que esta suspensión de labores le mermará al país los ingresos, vía regalías, impuestos y otros, unos $11.000 millones diarios. Y los más derechistas anuncian que con las medidas del ministerio del Medio Ambiente se afectará la confianza inversionista que el país le ha ofrecido hace doce años a las grandes multinacionales.  Esa confianza inversionista no puede ser tolerancia, alcahuetería y tierra arrasada para con nuestros recursos naturales y la salud de los colombianos.

Estos hechos deben servir de experiencia, para que no se repitan en regiones tan sensibles, con ecosistemas tan vulnerables como el del Quindío. Lo primero es que la minería a gran escala, a cielo abierto, producirá un gran daño ecológico y paisajístico. Pero si no hay quién impida esa explotación que se avecina, que por lo menos se cumpla con las más exigentes normas ambientales para que no nos ocurra lo que está pasando en la región Atlántica, y lo que sucedió con la apertura del túnel de La Línea.

Crónica del Quindío/Editorial