21 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Desde Concejo insisten en acabar con bares y discotecas en zonas residenciales

16 de enero de 2014
16 de enero de 2014

 

En el marco de un debate de control político sobre los “Servicios de diversión y esparcimiento en zonas residenciales”, los Concejales citantes solicitaron a la Secretaría de Gobierno para que en cumplimiento de las competencias legales y complementarias inste a las alcaldías locales y al Consejo de Justicia para que enmarquen sus actuaciones con severidad, eficacia, y prontitud.

“Se debe observar a cabalidad los requisitos sobre el funcionamiento de los establecimientos de comercio en las diferentes localidades, No queremos más bares, más discotecas, establecimientos de comercio con venta y consumo de licor en zonas residenciales o aledañas a universidades, colegios, escuelas, centros geriátricos”, argumentó Olga Victoria Rubio Cortés.

Igualmente el Concejal Jairo Cardozo advirtió que la nueva normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) hará menos efectivo el control de las autoridades, por las siguientes razones:

1. Los establecimientos dedicados a esta actividad estarán dispersos por la ciudad en las áreas de actividad económica intensiva y de integración.

2. La ciudad se inundará de estos negocios generando problemáticas: movilidad, seguridad, contaminación auditiva y visual, venta de licor adulterado, consumo de SPA, riesgo de incendio y sobrecupo o aglomeración.

3. Las Alcaldías Locales y la Policía no cuentan con la capacidad institucional para ejercer un verdadero control.
4. La aplicación de tres normas diferentes (AC 079/03, Ley 232/95 y Ley 1437/11) hace no expedito ni eficaz el procedimiento sancionatorio.

5. Es necesario modificar el Código Nacional de Policía y la Ley 232 de 1995 para hacer expeditos los procedimientos sancionatorios.

6. Incrementar presupuestos a las Alcaldías Locales para ejercer el control, inspección y vigilancia.
7. Elaborar un Plan de Acción concertado con la policía, que incluya un protocolo de intervención e indicadores de medición y seguimiento.

8. Que la SDG ejerza en coordinación con las demás entidades competentes un mayor liderazgo para la inspección, vigilancia y control de estos establecimientos.

Por su parte, el secretario de gobierno distrital, Guillermo Alfonso Jaramillo, al explicar ante el Concejo los cuestionamientos de los Cabildantes dijo que en los últimos cinco años se ha producido 335 fallos en Usaquen. Mientras que en Chapinero se han realizado127 cierres definitivos; en Usme, 82; en Tunjuelito 237; en Bosa 210 y en Kennedy 455 ordenes de cierres definitivos en sitios que funcionan con esta modalidad.

Asimismo en los últimos cuatro años se han producido, en Fontibon 248; Engativa 30 y Suba 627 de órdenes de cierres definitivos.

Además, Guillermo Alfonso Jaramillo explico que el Consejo de Justicia no resuelve de manera definitiva, sino que se ocupa en segunda instancia de los recursos de apelación, el promedio es de 45 días aproximadamente.