Un paso clave para dejar las armas
El pacto anunciado por las partes significa, ni más ni menos, que están definidos los instrumentos que permitirán que las Farc ingresen al espectro político colombiano y que ellas mismas los aceptan como válidos y aplicables. Es decir, esa guerrilla se compromete a dejar las armas y la violencia y emprender el camino del debate ideológico y político, dentro de las reglas del Estado, las instituciones y las leyes concebidas por nuestra Constitución.
En este momento, en la mesa de Cuba, se suponen superados dos asuntos del conflicto armado, aunque sea parcialmente: el porqué (la lucha por la tierra, su propiedad y explotación) y el cómo (usar armas, en vez de acudir a argumentos y organización política). Queremos ser moderados al valorar el alcance del presente acuerdo, pero no podemos dejar de apreciar lo que significa si ponemos el espejo retrovisor a medio siglo de una guerra irregular y sangrienta.
No obstante, estos avances han sido lentos y están expuestos al juicio severo y la aceptación cuidadosa de una sociedad bastante agotada e hipersensible ante los desafueros de la subversión.
Por eso consideramos trascendental el tercer punto en el cual ahora se adentran las partes, por su conexión y complemento con los dos anteriores: el del Fin del Conflicto. Aunque es asunto de discusión en los ciclos actuales y venideros, las Farc están ante la oportunidad de demostrar alguna audacia y voluntad políticas de aportar a una paz estable y duradera. Esto es, tienen a la mano el reto de abandonar toda práctica terrorista y de respetar a los civiles.
Incluso, deben estimar el gran aprecio ciudadano a las Fuerzas Armadas -además de la eficacia militar oficial- y aminorar cada vez más los ataques contra el Ejército, la Policía y demás organismos de seguridad. Todo aquello que aclimate y facilite el entendimiento y reduzca la violencia será ganar adeptos y respaldo a las bondades del posconflicto y la paz.
Quedan muchas preguntas servidas sobre el contenido y los alcances mismos del Acuerdo de Participación, pero en ello agotaremos otros editoriales. Coincidimos en la crítica y la exigencia de que cualquier acuerdo definitivo esté exento de impunidad frente a las víctimas y que cierre oportunidades de participación a los autores de crímenes de lesa humanidad.
El acuerdo alcanzado ayer estaría dentro de lo prometido por el Gobierno: no negociar el modelo político y económico del país. Se orienta, según su contenido, a profundizar y robustecer «nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana».
Lo deseable es que el Gobierno y las Farc intensifiquen las discusiones y los resultados, y que aprovechen el nuevo aire que le da este acuerdo a un proceso criticado sin tregua los últimos dos meses, debido a su inercia y hermetismo. No hay que olvidar, y ayer lo reiteraron las partes, que «nada está acordado hasta que todo esté acordado».
El Colombiano/Editorial
