25 de febrero de 2021
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Un paso clave para dejar las armas

7 de noviembre de 2013

El pacto anunciado por las partes significa, ni más ni menos, que están definidos los instrumentos que permitirán que las Farc ingresen al espectro político colombiano y que ellas mismas los aceptan como válidos y aplicables. Es decir, esa guerrilla se compromete a dejar las armas y la violencia y emprender el camino del debate ideológico y político, dentro de las reglas del Estado, las instituciones y las leyes concebidas por nuestra Constitución.

En este momento, en la mesa de Cuba, se suponen superados dos asuntos del conflicto armado, aunque sea parcialmente: el porqué (la lucha por la tierra, su propiedad y explotación) y el cómo (usar armas, en vez de acudir a argumentos y organización política). Queremos ser moderados al valorar el alcance del presente acuerdo, pero no podemos dejar de apreciar lo que significa si ponemos el espejo retrovisor a medio siglo de una guerra irregular y sangrienta.

No obstante, estos avances han sido lentos y están expuestos al juicio severo y la aceptación cuidadosa de una sociedad bastante agotada e hipersensible ante los desafueros de la subversión.

Por eso consideramos trascendental el tercer punto en el cual ahora se adentran las partes, por su conexión y complemento con los dos anteriores: el del Fin del Conflicto. Aunque es asunto de discusión en los ciclos actuales y venideros, las Farc están ante la oportunidad de demostrar alguna audacia y voluntad políticas de aportar a una paz estable y duradera. Esto es, tienen a la mano el reto de abandonar toda práctica terrorista y de respetar a los civiles.

Incluso, deben estimar el gran aprecio ciudadano a las Fuerzas Armadas -además de la eficacia militar oficial- y aminorar cada vez más los ataques contra el Ejército, la Policía y demás organismos de seguridad. Todo aquello que aclimate y facilite el entendimiento y reduzca la violencia será ganar adeptos y respaldo a las bondades del posconflicto y la paz.

Quedan muchas preguntas servidas sobre el contenido y los alcances mismos del Acuerdo de Participación, pero en ello agotaremos otros editoriales. Coincidimos en la crítica y la exigencia de que cualquier acuerdo definitivo esté exento de impunidad frente a las víctimas y que cierre oportunidades de participación a los autores de crímenes de lesa humanidad.

El acuerdo alcanzado ayer estaría dentro de lo prometido por el Gobierno: no negociar el modelo político y económico del país. Se orienta, según su contenido, a profundizar y robustecer «nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana».

Lo deseable es que el Gobierno y las Farc intensifiquen las discusiones y los resultados, y que aprovechen el nuevo aire que le da este acuerdo a un proceso criticado sin tregua los últimos dos meses, debido a su inercia y hermetismo. No hay que olvidar, y ayer lo reiteraron las partes, que «nada está acordado hasta que todo esté acordado».

El Colombiano/Editorial