5 de octubre de 2024

Santos y Lizarralde prevarican si radican la Ley Urrutia

9 de noviembre de 2013
9 de noviembre de 2013

 

El pronunciamiento lo hizo después de que Santos anunciará que el próximo martes el gobierno radicará el proyecto de ley con el que pretende legalizar las actuaciones ilegales de Brigard & Urrutia, Indupalma, Cargill y Riopaila, entre otros.

Robledo explicó que, durante la gerencia de Lizarralde, Indupalma violó la ley 160 de 1994 que prohíbe la acumulación de tierras que fueron baldías. El 14 de abril de 2008 Indupalma compró el predio San Pedro en el municipio de Sabana de Torres, Santander, que había sido adjudicado como baldío el 20 de marzo de 2003 (https://db.tt/uSZi9ZVZ). Teniendo ya un predio originalmente baldío, el 19 de abril de 2010 Indupalma compró otro en el Vichada, el predio Luisiana III, de 1,536 hectáreas, que fue adjudicado el 29 de julio de 1993.

En el debate realizado en la Comisión Quinta del Senado, el Ministro de Agricultura afirmó que Indupalma no había acumulado tierras originalmente baldías porque la Ley 160 no se aplica a predios adjudicados antes de 1994, argumento que han expuesto Cargill, Riopaila, Carlos Urrutia y Néstor Humberto Martínez para defender las acumulaciones.

Es evidente que el Ministro de Agricultura está impedido para tramitar este proyecto porque, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, los funcionarios deben declararse impedidos si dentro del año anterior actuaron “como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”. Indupalma tiene un interés directo en este proyecto pues, además de acumular predios que fueron baldíos, está interesada en las tierras de la altillanura, así como el resto de empresas palmeras afiliadas a Fedepalma, gremio del que Lizarralde también fue directivo.

Además, el Consejo de Ministros no ha resuelto la recusación contra el Ministro de Agricultura que presentaron los congresistas Robledo y Arias, por lo que Santos y Lizarralde actuarían con dolo si se empeñan en radicar el proyecto, conducta que está tipificada en el Código Penal como un prevaricato.

“Sería inaceptable que el presidente Santos y el ministro Lizarralde violaran la ley para legalizar las ilegalidades de sus amigos”, señaló el senador Robledo.