No se han visto mayores avances en competitividad en Colombia
Se trata de un instrumento que se ha convertido en el principal referente en materia de competitividad a nivel mundial. En 2009 el país se ubicaba en el puesto 69 entre 133 países. Cuatro años después se encuentra en la misma posición entre 148 países.
“El Consejo Privado de Competitividad hizo un llamado a los diferentes actores de la sociedad para que asuman su corresponsabilidad con la competitividad del país.”
Así lo afirmó la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Rosario Córdoba Garcés, en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad (INC) 2013-2014, una publicación anual en la que se analizan los principales problemas que tiene Colombia para ser competitiva y se hacen recomendaciones de política para que sean tenidas en cuenta por el Gobierno nacional, los gobiernos locales y los empresarios.
La imposibilidad de avanzar en materia de competitividad debe llevarnos a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre cómo lograr resultados más efectivos en competitividad, señaló Rosario Córdoba. También anotó que la agenda de competitividad del país cobra más urgencia que nunca en el nuevo escenario que se afronta, en el que parece estar llegando a su fin el “viento de cola” que representó el ciclo alcista de los precios de los commodities para países emergentes como Colombia.
Precisamente, el INC 2013-2014 plantea una agenda de competitividad de gran envergadura que, de implementarse, permitiría al país avanzar en esta materia.
En primer lugar, plantea una agenda horizontal (o de mejoramiento de fundamentales), la cual apunta a resolver cuellos de botella de forma transversal para todos los sectores de la economía –tales como son la mejora en la calidad de educación básica y media, la construcción de principales corredores logísticos, la mejora en eficiencia de la justicia, la flexibilización del mercado laboral, por citar algunos ejemplos–.
En segundo lugar, plantea una agenda vertical bajo el nombre de Política de Cambio Estructural (o Política Industrial Moderna) que apunta a fomentar la transformación del aparato productivo colombiano, a partir de la implementación de medidas que solucionen las distorsiones y cuellos de botella que limitan la productividad de sectores existentes y el surgimiento de nuevos sectores o actividades económicas de mayor productividad. La evidencia empírica muestra que han sido los países que han implementado agendas verticales profundas –logrando transformar las fisonomías de sus aparatos productivos– los que se han convertido en los milagros económicos de los últimos 50 años, tales como Corea del Sur, Malasia, Tailandia, China y el mismo Chile. Por su lado, Colombia está lejos de implementar una agenda como estas.
Ahora bien, la Presidenta del Consejo afirmó que la tarea de mejorar la competitividad del país no es responsabilidad exclusiva del Gobierno. El sector privado tiene que trabajar también por mejorar su productividad y, de esa manera, la competitividad del país. En efecto, el sector privado tiene mucho espacio por mejorar su productividad al interior de sus firmas en áreas como la innovación, el uso de tecnologías, la logística, el capital humano, la gestión de operaciones, entre otras.
Añadió que la rama Ejecutiva no es la única responsable de la competitividad de Colombia. En este sentido, hizo un llamado para que las ramas Judicial y Legislativa también asuman su responsabilidad con la competitividad del país. La ineficiencia del aparato judicial, por ejemplo, continúa golpeando al país en todos los indicadores internacionales de competitividad, señaló Córdoba.
El nivel local tampoco escapó del llamado de Córdoba Garcés. La competitividad es local y se gestiona, en buena medida desde lo local. Por lo tanto, los actores públicos y privados del nivel local tienen una gran responsabilidad con la competitividad del país. En línea con esto, como complemento al INC 2013-2014, el CPC lanzó este año su Índice Departamental de Competitividad, el cual diseñó en conjunto con el CEPEC de la Universidad del Rosario. De acuerdo a Córdoba, este Índice será una herramienta de gran ayuda para orientar las agendas de competitividad locales.
Luego de analizar la situación en 15 dimensiones de la competitividad, estas son algunas de las recomendaciones que el Consejo formuló en su Informe:
- EDUCACIÓN
El sistema educativo colombiano presenta rezagos significativos en materia de cobertura, calidad y pertinencia que limitan seriamente su contribución a la competitividad del país. Entre las propuestas están:
ü Los entes territoriales deben utilizar las regalías para aumentar la cobertura de los programas de atención integral a la primera infancia.
ü Evaluar a todos los maestros del país, independiente del estatuto al que pertenezcan, para poder gestionar su calidad.
ü Buscar atraer a bachilleres de mejor calidad a la carrera docente.
ü Fomentar la competencia al SENA en materia de formación técnica y tecnológica a través de otras Instituciones de Educación Superior, con el fin de que se compita con base en la calidad de los programas.
ü Con el fin de mejorar la pertinencia de la formación en el país, el Gobierno nacional debe darle la mayor importancia a la implementación de la política de Gestión del Recurso Humano (Conpes 3674 de 2010), la cual apunta a la creación de un Marco Nacional de Cualificaciones.
- SALUD
En el proceso de aprobación de la Reforma a la Salud, estas son algunas de las recomendaciones que ha planteado el CPC:
ü Modificar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de manera que esté compuesta de una parte fija –que se le reconocería a cada Gestor de Servicios de Salud por afiliado– y de una variable–que dependería del cumplimiento en indicadores de promoción, prevención, calidad del servicio, entre otros–.
ü Prohibir la integración vertical en todos los niveles de atención y para todos los actores del Sistema.
ü Blindar las instituciones del sector salud del clientelismo, mediante el establecimiento de mecanismos como el nombramiento del superintendente de salud y de los directores de instituciones relacionadas con el sector, en periodos diferentes al ciclo político.
ü Implementar una agenda de transformación productiva sobre el sector que apunte a mejorar su productividad y a incrementar el valor que ofrece a sus clientes.
- PENSIONES
ü Adoptar un sistema de varios pilares que busque incrementar sustancialmente la cobertura de protección a la vejez.
ü Eliminar cualquier diferencial de beneficios entre el Régimen de Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
ü Ajustar los parámetros pensionales (e.g. edad de jubilación), en concordancia con el aumento en la esperanza de vida en el país.
ü Eliminar los subsidios a las pensiones altas y concentrarlos exclusivamente sobre las pensiones bajas.
- MERCADO LABORAL Y FORMALIZACION
ü Con el fin de seguir reduciendo los costos laborales no salariales, se debe realizar una evaluación del impacto de las cajas de compensación y buscar alternativas –diferentes a la nómina– para su financiación.
ü Sujetar el incremento del salario mínimo exclusivamente a la inflación durante varios años, hasta que se reduzca la relación entre salario mínimo y salario promedio.
ü Reglamentar el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011: cotización por períodos inferiores a un mes.
ü Crear una estrategia «integral» para atraer capital humano residente en el exterior –incluyendo la diáspora colombiana– que el país requiere en el corto plazo y que al país le tomará años formar.
ü Implementar agendas de formalización a nivel de sectores y regiones que aborden los cuellos de botella particulares que explican la informalidad.
- CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION (CTeI)
ü Culminar el proceso de reestructuración de Colciencias, para que esta entidad pueda cumplir con la labor que le estable la Ley 1286 de 2009 de coordinar el ecosistema de innovación en el país.
ü Fortalecer la coordinación institucional de las agencias del Gobierno nacional en materia de CTeI con el propósito de evitar duplicidades y generar un mayor impacto de la inversión pública.
ü Poner en marcha un portal web que sirva de Ventanilla Única de Instrumentos públicos de promoción a la CTeI, de manera que se facilite la utilización de esta oferta por parte de los usuarios.
ü Ajustar el esquema de beneficios tributarios para el fomento de la CTeI, el cual hoy en día presenta problemas que dificultan su utilización. En este sentido, se recomienda presentar un proyecto de Ley para volver a permitir la presentación directa de proyectos por parte de las empresas –y no necesariamente a través de grupos de investigación registrados ante Colciencias– y aumentar el porcentaje de deducción de 175% a 200%.
ü Que los proyectos presentados por los departamentos al fondo de CTeI de regalías apoyen las apuestas sectoriales de los departamentos.
- INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
ü Aprobar el proyecto de Ley sobre Infraestructura para facilitar la implementación de proyectos de infraestructura en el país, incluidos los del programa de la cuarta generación de concesiones. Es clave que este proyecto permita que las licencias ambientales puedan irse gestionando luego de otorgarse la concesión de las obras.
ü Presentar un proyecto de Ley para establecer un procedimiento claro, expedito y equilibrado en materia de consultas previas.
ü Eliminar regulaciones que vienen limitando la competitividad del sector, tales como el establecimiento de precios mínimos para el transporte de carga, el congelamiento del parque automotor y la limitación al uso de bitrenes.
ü Implementar una agenda para convertir al sector de transporte de carga en un “sector de talla mundial”, tal como se hace bajo el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
ü Reducir los tiempos muertos que generan los trámites de comercio exterior a través de la coordinación y unificación de los procesos de inspección; la consolidación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); la adecuada operación en puertos 7×24; el uso de scanners que faciliten la inspección no intrusiva; y una mayor utilización de la figura del Operador Económico Autorizado (OEA).
ü Que en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad se identifiquen y aborden los cuellos de botella en materia de Infraestructura, Transporte y Logística que limitan la productividad de las apuestas sectoriales de los departamentos.
- TIC
ü Continuar mejorando el servicio de internet móvil banda ancha, en particular en lo que respecta la velocidad de navegación, mediante la inversión en infraestructura, la promoción de la competencia, el establecimiento de metas que incorporen conexiones de alta velocidad y la modificación de la definición de banda ancha.
ü Masificar la utilización de Acuerdos Marco de Precios en el país y apropiación de las guías de contratación asociadas para impulsar el entendimiento de la utilidad de las TIC en las empresas.
ü Articular el trabajo sobre las apuestas productivas del país –tanto del nivel nacional como local– con los esfuerzos por desarrollar el sector TIC.
- SISTEMA FINANCIERO
ü Incrementar la independencia de la Superintendencia Financiera de Colombia con respecto al Gobierno nacional, para lo cual se recomienda expedir una Ley que defina periodos fijos para el superintendente financiero y que incluya las razones explícitas para su remoción.
ü Reglamentar de manera expedita la Ley de Garantías Mobiliarias, con el fin de mejorar el acceso al crédito en el país.
ü Diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Educación Financiera, para coordinar a los diferentes actores y esfuerzos que se vienen haciendo en la materia.
ü Diseñar e implementar una Política de Promoción del Mercado de Capitales con objetivos de largo plazo.
ü Eliminación o modificación de regulaciones que imponen costos innecesarios a los productos financieros o que restringen la competencia en el sistema financiero, tales como las inversiones forzosas y los límites a las tasas de interés.
- SISTEMA TRIBUTARIO
ü Eliminar las diferencias de tratamiento tributario que existen para distintos tipo de personas naturales, dependiendo si estas son asalariadas o independientes.
ü Reducir el umbral a partir del cual las personas empiezan a pagar impuesto de renta, acercando al país a estándares internacionales en la materia.
ü Establecer beneficios tributarios para fomentar la industria de financiamiento en etapa temprana (ángeles inversionistas y fondos de capital de riesgo).
ü Reducir al máximo las exenciones y exclusiones al IVA, incluyendo aquellas que cobijan la canasta familiar.
ü Respetar el actual cronograma de eliminación del gravamen a los movimientos financieros.
ü Realizar una reforma a la tributación local que incluya, entre otros, la eliminación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Adicionalmente, es necesario que se trabaje en la actualización de los catastros, con el objetivo de acercar los valores catastrales a los valores comerciales. Se propone financiar dicha actualización con recursos del Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías.
- PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA
ü Incrementar la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con respecto al Gobierno nacional. Para tal fin, se recomienda expedir una Ley que le dé la cabeza de esta entidad a un órgano colegiado, cuyos miembros tendrían períodos fijos y causales de remoción explicitas.
ü Crear una “Misión de la Abogacía de la Competencia”, liderada por la SIC con el objetivo de identificar regulaciones y políticas públicas que afecten negativamente la competencia y de recomendar la modificación o eliminación de las mismas.
ü Incluir dentro de las funciones de la SIC, la obligación de demandar ante las Cortes las regulaciones que restrinjan la competencia y sean contrarias a la Ley.
ü Fortalecer el programa de capacitación a jueces en materia de protección de la competencia.
- JUSTICIA
ü Acelerar por parte del Consejo Superior de la Judicatura la implementación del Plan Estratégico Tecnológico para la Justicia.
ü Nombrar un Gerente de Tecnologías de la Información (Chief Information Officer) de la Rama Judicial.
ü Crear indicadores de desempeño administrativo y presupuestal que estén abiertos al público para poder monitorear el desempeño administrativo de la justicia.
ü Crear juzgados ejecutivos especializados.
- CORRUPCIÓN
ü Implementar programas de prevención y mejores prácticas anticorrupción en las entidades gubernamentales.
ü Implementar estrategias de minería de datos y análisis predictivo para combatir la corrupción.
ü Implementar ventanillas de denuncia en los portales web de las entidades del Gobierno.
ü Adoptar programas de prevención y cumplimiento de normativa anticorrupción en el sector privado.
- ENERGÍA
ü Fomentar la competencia en las actividades no reguladas (generación y comercialización de energía eléctrica). Para tal fin, se recomienda fortalecer el Comité de Seguimiento al Mercado de Energía Mayorista (CSMEM) y adscribirlo a la SIC. También se recomienda disminuir las barreras de entrada a nuevos jugadores, a través de una identificación más activa de proyectos de generación y de la inclusión de mecanismos de promoción de entrada de terceros en los procesos de enajenación de activos de la Nación en el sector energético.
ü Evaluar ajustes al cargo por confiabilidad. En particular, se recomienda evaluar la pertinencia de que las subastas de cargo por confiabilidad determinen la remuneración única y exclusivamente para los generadores a los que se le adjudique cada subasta, y no para todo el parque de generación. De la misma manera, se recomienda actualizar los cálculos de la demanda objetivo que se quiere cubrir con el cargo por confiabilidad, en la medida en que esta se ha sobreestimado y ha generado sobrecostos innecesarios para los usuarios.
ü En cuanto a las actividades reguladas (transmisión y distribución de energía eléctrica), se recomienda fortalecer la metodología de remuneración de dichas actividades. Para ello, la CREG debe tener en cuenta un mecanismo que le permita, una vez calculado el valor de los activos, actualizar dicho valor de manera ordenada y así evitar cambios bruscos en la tarifa en un período corto de tiempo.
ü Implementar una política robusta que promueva la oferta flexible de gas natural, que incluye la importación de gas natural licuado, una mayor integración del mercado local a los mercados internacionales de gas natural, una política robusta de fomento a la exploración y explotación de hidrocarburos, una red de tubos enmallados, capacidad de almacenamiento adecuada, e interconexión con otros sistemas, entre otros.
- POLÍTICA COMERCIAL
ü Profundizar la agenda iniciada por la Oficina para el Aprovechamiento del TLC con EE.UU., ampliarla a los demás TLC y priorizar dentro de esta las agendas de admisibilidad de aquellos sectores a los cuales le está apostando el país, tanto desde el nivel nacional como desde el nivel local.
ü Profundizar la “diplomacia” en materia sanitaria y fitosanitaria y definir agendas de trabajo entre las autoridades competentes de Colombia y los mercados receptores.
ü Apoyar a los exportadores en los procesos de certificación en los mercados internacionales mediante el establecimiento de mecanismos de cofinanciación, a través de Proexport, Bancoldex y/o Innpulsa.
ü Evaluar la posibilidad de implementar una estructura arancelaria plana, que elimine la sobreprotección de algunos sectores y las protecciones efectivas negativas de otros.
ü Seguir profundizando la agenda de negociaciones de acuerdos comerciales, teniendo en consideración –tanto desde un punto de vista ofensivo como defensivo– las apuestas sectoriales que viene haciendo el país en el marco de su política industrial moderna.
- POLÍTICA DE CAMBIO ESTRUCTURAL
ü Rediseñar una Política de Cambio Estructural (PCE) para el país que articule a todos los actores relevantes y todas las iniciativas bajo la política.
ü Crear una Coordinación Supraministerial –con un equipo sólido y recursos–para que esté a cargo de la articulación de la política.
ü Que haya un monitoreo bimensual por parte del Presidente de la implementación de esta política.
ü Que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, cada Ministerio esté a cargo de la implementación de la política sobre sus respectivos sectores.
ü Acercar la oferta institucional bajo la política a las diferentes regiones a través de oficinas permanentes.
ü Utilizar a las Comisiones Regionales de Competitividad como espacios para soportar el trabajo de iniciativas de cluster y apuestas productivas.
ü Realizar una revisión exhaustiva de la “caja de herramientas” bajo la política, incluyendo instrumentos que faltan, eliminando instrumentos que sobran y ajustando los que lo necesiten.
ü Establecer reglas claras y mecanismos que le den total transparencia a la implementación de la política.
