‘No habrá más construcciones en los cerros orientales de Bogotá
Además, aclaró el fallo del Alto Tribunal que, bajo ninguna circunstancia podrán adelantarse actividades mineras en la reserva y ordenó la reubicación de asentamientos humanos que estén en situación de riesgo.
Ordenó, que el alcalde Gustavo Petro presenté al Consejo Distrital un proyecto de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial que recoja lo decidido en este fallo.
El presidente de Alto Tribunal Alfonso Vargas explicó que con el fallo fue avalada la decisión del Ministerio de Ambiente (que fijó nuevos límites a la reserva, en el 2005, que le redujeron la extensión a 13.143 hectáreas, al sustraerle 973 hectáreas) y reiteró «la competencia de ese ministerio para la aceptación de áreas de reserva previo cumplimiento requisitos de ley”.
Mantuvo también la existencia de una franja de adecuación que obedeció a profundos estudios técnicos concertados entre varios sectores que reconocieron la pérdida de las condiciones de suelo de reserva forestal protectora.
El magistrado explicó que en el área no construida de la franja de adecuación, que corresponde al área de ocupación pública prioritaria deberá proyectarse y llevarse a su funcionamiento una zona de aprovechamiento ecológico que compense a los habitantes de la ciudad los perjuicios ambientales y garantice el derecho a la recreación.
En la decisión, dice Vargas, se tuvo en cuenta el principio de confianza, se trató de armonizar la protección derechos colectivos y los adquiridos de particulares y a quienes tuvieron licencia de construcción o construyeron en la franja de adecuación.
En julio pasado, el Distrito, la Nación a través de la Corporación Autónoma Regional y la comunidad firmaron un pacto para defender los cerros orientales ante el avance de construcciones cultivos y depredación.
Durante la firma de ese pacto, el alcalde Gustavo Petro pidió que solo se excluyeran de la reserva forestal los barrios populares allí asentados para que puedan ser incluidos en el perímetro urbano. “No queremos ni un metro cuadrado más afectado (en los cerros) por los intereses inmobiliarios”, expresó el burgomaestre.
Para las autoridades, ‘blindar’ los cerros era un tema complejo, pues estaban ‘amarradas legalmente’ para actuar más drásticamente, porque todo lo que hay en los cerros estaba en un limbo jurídico, hasta los nuevos límites que el Ministerio de Ambiente le fijó a la reserva, en el 2005.
Sin embargo, venían aplicando las medidas cautelares que dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que prohibió a las autoridades y curadurías expedir, a partir del 2005, nuevas licencias de urbanismo y construcción en la reserva y en la franja de adecuación que creó el Ministerio de Ambiente como barrera para contener el crecimiento de la ciudad en el borde oriental.
Esta sentencia fue apelada ante el Consejo de Estado por ese Ministerio, la Corporación Autónoma Regional y los dueños con inmuebles en la reserva, entre otras razones, porque ese fallo avaló la reducción del área protegida en 973 hectáreas, ordenó reubicar barrios ilegales y consideró que solo las construcciones levantadas con licencia, antes de 1977, se debían respetar.
