3 de marzo de 2021
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Defensor del Pueblo pide al gobierno plan de choque para evitar el cierre de hospitales

6 de noviembre de 2013
6 de noviembre de 2013

 

“Esta crisis hizo metástasis y está comprometiendo directamente la prestación del servicio de salud de los colombianos, está constando vidas de compatriotas y afectando de manera directa y grave a la población que está bajo especial protección constitucional”, afirma Otálora Gómez en su carta al jefe de la cartera de salud, a quien emplaza a explicar las medidas previstas por el Gobierno Nacional para prevenir un colapso en la prestación de los servicios de salud en todo el territorio nacional.

El Defensor del Pueblo le solicita al Ministro, además, que precise cuales son las medidas de fondo que se incluyeron en el proyecto de ley de reforma a la salud que hace su trámite en el Congreso y está para tercer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

Otálora Gómez resalta que de acuerdo con cifras entregadas por el mismo Ministerio de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) al Congreso de la República, el 36 por ciento de los hospitales públicos de primer, segundo y tercer nivel de complejidad están en este momento en alto riesgo de ser declarados inviables.

Añade que las estadísticas indican que hasta agosto a 964 IPS públicas les debían 4,1 billones de pesos y, además, un total de 4.560 IPS privadas contaban con una cartera vencida de 8,7 billones de pesos.

El caso de la Distrito Capital, advierte que según reportes entregados a la Defensoría del Pueblo por la Secretaria de Salud de Bogotá, en los próximos días es inminente el cierre de los hospitales Simón Bolívar, El Tunal, Santa Clara, La Victoria y Kennedy, todos de tercer nivel de complejidad; lo mismo que los de Engativá, Suba, y Meissen, de segundo Nivel.

De igual manera, a la Defensoría del Pueblo han llegado reportes de sus regionales que advierten sobre la negativa de varias IPS de recibir pacientes de EPS por razones de cartera vencida, en particular, el Hospital de Puerto Asís (Putumayo) que está en cese temporal de actividades desde hace una semana ante la imposibilidad de cancelar los sueldos de sus empleados. En similar situación se encuentra el Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas) y el Hospital Regional del Valle de Tenza en Boyacá que a adeudan varios meses de salario a sus trabajadores.

Otro hecho que preocupa al Defensor Otálora Gómez es la situación de Caprecom, la EPS pública más grande del país. La entidad adeuda cerca de un billón de pesos a las IPS y en este momento cuenta con un patrimonio negativo de 600.000 millones de pesos. La crisis financiera tiene en riesgo a 3.185.885 afiliados en 737 municipios. La Superintendencia de Salud la intervino y no se descarta su liquidación.

La Defensoría del Pueblo ha advertido a los directivos de las IPS que a pesar de que las EPS no cumplen con sus compromisos de pago, ellos tienen el deber ineludible de garantizar la atención para no violar el derecho fundamental de la salud.

Sin embargo, la situación se considera ya insostenible y el cierre de estos establecimientos es inminente.