14 de agosto de 2022
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Los costos electorales, exorbitantes y ostentosos

1 de octubre de 2013

ferney pazNo hay explicación  alguna para que  se  mencionen cifras astronómicas para la  campaña al Congreso que oscilan entre los dos mil a cuatro mil millones de pesos por aspirante,  que nos hace reflexionar en la necesidad de  fortalecer los mecanismos de control, sobre todo en estos procesos electorales en un momento de escaso apoyo social y popular a la clase política, de la presencia de dineros de  ambigua procedencia y el aumento del abstencionismo que  crea serios interrogantes ligados a la democracia y a la gobernabilidad.

Se debe trabajar en la transparencia de la vida política y sobre todo  proteger el derecho del ciudadano del común a saber si las ayudas econòmicas que reciben los candidatos se relacionan con decisiones  adoptadas que le perjudican.

Las contribuciones ilícitas que burlan los  sistemas de auditoría y acuerdos secretos que se adquieren a cambio  de dudosos apoyos , imponen mientras no se modifique el actual sistema de financiación, la publicidad de las contribuciones, las actividades de los aportantes, en aras de la pureza electoral, cerrándole el paso a las contabilidades paralelas, buscando con ello eliminar caminos del financiamiento ilegal, sospechoso y  de corrupción.

La ley 1475 de 2011, que reglamentó la reforma política, pretende que las cifras máximas autorizadas para que los candidatos hagan las campañas estén más ceñidas a los costos reales de la misma, pero es un secreto a voces que estos topes son sobrepasados, sin que se apliquen los correctivos y sanciones correspondientes.

Las buenas intenciones de la norma se queda en el papel y la sociedad  observa  perpleja como entran dineros a ciertas campañas en donde se acuden a sofisticados sistemas de promoción electoral, hasta el punto de darse casos de proselitismo con combos de maquinaria de obras públicas  desempeñando funciones de secretaria  de infraestructura vial.

Se reclama y cuestiona con fuerza el exceso de publicidad y el costo exorbitante de las mismas, con despliegues profusos y ostentosos, que no se compadece con la situación de un país que atraviesa por dificultades sociales y sus pobladores protestan con razón por el total abandono en la satisfacción de sus  mínimas necesidades.

Ese derroche publicitario, de pasillo político y el ingreso de aportantes de dudosa reputación, atenta contra la igualdad de oportunidades de todos los contendientes y de la aparición de nuevas figuras en el panorama político nacional, que no cuentan con los recursos para participar en el debate eleccionario, libertad política que se ve inhibida por el abusivo ejercicio de la libertad ajena en lo que toca con los costos electorales.

La financiación debe ser estatal, prohibiendo los aportes de los propios candidatos y de particulares, como única forma de evitar que se filtren dineros de oscura procedencia, si lo que se pretende es la limpieza de los eventos eleccionarios.

Es evidente que cuando los Estados no financian a los partidos  se presenta un riesgo inquietante constituido por el ingreso de capitales ilícitos y de sombríos personajes que buscan reivindicación social a través de una curul.
Mantener la democracia si es que la tenemos, representa un costo.

Adenda. La encuesta reciente que alude a un 19% de ciudadanos que están de acuerdo con la reelección, frente a un 77% en desacuerdo, pone de presente  en esa muestra que hay una pérdida de credibilidad y de legitimidad del presidente en sus programas de gobierno.

No es descartable que la opinión ciudadana le esté pasando cuenta de cobro a unas políticas oficiales desacertadas en su momento, y que tienen que ver: con la frustrada Reforma a la justicia, negociada groseramente con la  clase política  y estamentos judiciales, olvidando al ciudadano, el libre acceso a la justicia y mecanismos para descongestionarla.

Una Reforma tributaria que afecta los ingresos de la clase media y golpea  rudamente a los profesionales independientes, cambios tributarios que ni el mismo gobierno  la ha podido entender y desarrollar cabalmente, acudiendo a un sin número de decretos reglamentarios en donde en lugar de aclarar, confunde.

El fallo de  la Corte de la Haya  creò en el seno del gobierno  desconcierto total, con una débil defensa de la soberanía nacional,  con planteamientos difusos   de acatar,  rechazar e inaplicabilidad de la sentencia internacional.

Las protestas sociales subestimadas en su momento por el presidente con frases descomedidas, que luego tuvieron que ser recogidas cuando la inconformidad social puso en riesgo la institucionalidad.

Las críticas hacia un gobierno elitista, de alta gama social, alejados de las penurias que trae consigo el diario vivir en los barrios marginados de nuestras capitales y el abandonado del campo colombiano, con unos campesinos desarraigados de sus tierras y abandonados a su propia suerte.

La omisión gubernamental en el cumplimiento de la constitución nacional de  vigilar  el sistema financiero y bursátil, al no mirar  o mirar de lado lo ocurrido en la debacle de “Interbolsa“, en donde sus ejecutivos utilizaron la puerta giratoria para ingresar a la burocracia oficial, desprotegiendo al inversionista que de buena fe acudía a estas instituciones que actuaban como una pirámide nacional e internacional.

El unanimismo, o el aplauso sin controversia a todo lo planteado por el ejecutivo le viene haciendo  mucho daño  al  jefe de Estado, al escondérsele una realidad social y política, que nos hace recordar  tiempos pasados de  querer imponerse  una política mesiánica en el manejo del poder. (Es fiel y confiable al jefe quién le dice la verdad, con respeto, franqueza y objetividad).

La paz entendida, no como política de Estado sino como proyecto electoral, confunde  y crea  inconformidad, al no divulgar con claridad  lo pactado. La frase “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, no le hace bien al proceso, por cuanto  este anhelo colectivo constituye un activo preciado por la sociedad.

Pero independientemente de lo  consignado, no es hipérbole expresar que  la  aspiración reeleccionista no se puede descartar, ya que  será muy difícil que quien esté en el poder  no haga uso de esta figura constitucional, incógnita que se despejará el próximo  25 de noviembre fecha límite para su definición.

La paz y la mermelada presupuestal serán las soluciones y tablas de salvación  para el presidente en la búsqueda  de un nuevo mandato, de allí que deba soportar las réplicas y a veces frases destempladas de los negociadores del grupo insurgente, que pareciera se sienten muy cómodos en la mesa de negociación, sin afán alguno, frente al afán y  premura del gobierno nacional.  Así y todo, apliquemos la frase del ciego: “amanecerá y veremos“.

Bogotà, Octubre 1 de 2013.

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