7 de marzo de 2021
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El Polo se pronuncia sobre crisis de la salud y la reforma

17 de octubre de 2013
17 de octubre de 2013

 

El modelo de intermediación financiera e integración vertical adoptado hace 20 años, ha fracasado. Ahora pretende ser maquillado por el Gobierno y por los congresistas de la Unidad Nacional, con una reforma que no responde a las necesidades de los colombianos. En razón de ello, la Bancada del Polo Democrático y el Comité Ejecutivo Nacional rechazan enfáticamente la reforma y han adoptado la decisión de votarla negativamente por las siguientes razones:

La prestación de los servicios de salud a los pacientes continúa en franco deterioro, con su secuela de enfermedades evitables, muertes prematuras, dilaciones y negaciones de los procedimientos y no entrega de medicamentos. El Sistema de Salud, administrado por las EPS, establece toda suerte de barreras para que los enfermos no puedan acceder a los servicios a que tienen derecho. Tampoco se ha desarrollado una política pública de prevención y atención primaria que mejore la calidad de vida de la población y ahorre recursos al Sistema.

Situación financiera. En cuanto al tema financiero, la situación no puede ser peor. «El sector de la salud se quebró», manifestó el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, el 27 de septiembre pasado, al responder sobre las deudas que por 14,4 billones de pesos tienen las EPS y el sistema de salud con 5.010 clínicas, hospitales y proveedores del país. Muchas entidades ya han dejado o dejarán de prestar servicios a la mayoría de las EPS que se encuentran en estado de franca iliquidez. Las IPS que han contratado servicios por capitación y a las que les pagan fraudulentamente sólo una parte de la misma, restringirán aún más los servicios con trágicas consecuencias para los enfermos y sus familias. Todas las entidades de salud perderán una parte muy importante de su cartera, la cual ya es irrecuperable.

Situación de los trabajadores de la salud. Los efectos también los padecen los trabajadores de la salud a quienes se les continúa negando el derecho a tener estabilidad laboral, salario digno y formación profesional continua. A los médicos se les restringe la autonomía en el diagnóstico y en la formulación y tienen que enfrentar el dilema ético de atender debidamente al paciente o proceder a prestar servicios sin la autorización de las EPS que las niegan arbitrariamente, incluso para servicios incluidos en el POS.

Apropiación ilícita de recursos. Numerosas denuncias revelan el desvío y apropiación ilícita de los billonarios recursos con destinación constitucional y legal específica a la salud por parte de las EPS y otras entidades, con el consentimiento de funcionarios en los Ministerios y en las Superintendencias, constituyendo la mayor defraudación al patrimonio público en la historia nacional. Hasta ahora, muchos de esos fraudes permanecen ocultos sin organismo de fiscalización que los investigue.

Sin sistema de información. Insólito que después de 20 años, el Sistema de Salud carezca de información centralizada que sirva como registro e instrumento de análisis y decisiones. La información es recogida arbitrariamente por las EPS y manipulada de acuerdo con sus particulares conveniencias. El ejemplo más dramático es el FIDUFOSYGA, que manejó la mayor fiducia del país (unos 25 a 30 billones anuales) y que carece de base de datos confiable que permita conocer las cuantías de lo recaudado y de lo pagado. A la fecha no han podido entregar las cuentas del contrato finalizado hace meses. El desastre de registro es total, en lo financiero, en lo administrativo y en los temas de atención en salud y salud pública. En esa consentida catástrofe informática y contable se soportan muchas defraudaciones a los recursos públicos, sin vigilancia administrativa por la Superintendencia Financiera, que hasta este momento no se ha dado por enterada del desastre informático de sus vigiladas.

Ausencia de control. A su vez, la Superintendencia Nacional de Salud ha permitido que los recursos públicos captados por las EPS para atender el POS con destinación específica, los manejaran administrativa y contablemente como “Activos” o “Ingresos Propios”, mecanismo financiero y de contabilidad que viola todos los criterios técnicos, las normas legales y la ortodoxia contable, y consintió su usufructo como si fueran recursos propiedad de las EPS, lo que ha servido para el enriquecimiento patrimonial de sus empresas y para la derivación y el enriquecimiento ilícito e incausado de sus socios.

Precios exorbitantes de los medicamentos. Otra forma de exacción de los recursos del Sistema y de la población, a través de los gastos de bolsillo, es el precio inusualmente elevado de los medicamentos, que superan los de los demás países de la región. Ya se han evidenciado los mecanismos que manejan las multinacionales farmacéuticas para imponer sobreprecios en los medicamentos y la utilización de ciertos especialistas que actúan como comisionistas de las mismas. Con la permisividad y beneplácito del Gobierno Nacional, que no regula los precios en la cadena de producción, distribución y venta de los productos farmacéuticos registrados en el mercado.

Riesgos Laborales. Similar situación se evidencia en el Sistema de Riesgos Laborales, donde las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL- se han apropiado de los billonarios recursos públicos parafiscales cuya destinación legal específica atiende el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Omiten la vocación social y pública de los recursos que pagan los empresarios y contratistas individuales de Colombia, convirtiendo las contribuciones a este Sistema, de hecho, en un impuesto que pagan todos los empresarios y contratistas a favor de las aseguradoras, afectando la competitividad del sector productivo.

La reforma no soluciona los problemas y fallas señalados.

En estas lamentables condiciones que afectan a todos los colombianos, el Gobierno del Presidente Santos propone una nueva reforma que no soluciona ninguno de los problemas señalados ni en los servicios de salud, ni en las condiciones que generan la enfermedad, ni en la administración de los recursos, ni en la recuperación de las decenas de billones ilícitamente apropiados. Se limita a rebautizar las mismas instituciones sin ofrecer los cambios requeridos como son la eliminación de la intermediación financiera por parte de las EPS ahora “Gestoras”, mantener y profundizar la integración vertical, limitar los servicios del POS, ahora MiPlan, y al acceso a la tutela y la no eliminación de las barreras de acceso a los servicios que seguirán en manos de las EPS rebautizadas Gestoras de la Salud (sic.)

En cuanto a los recursos, lo que pretende la propuesta gubernamental es hacer lícita la apropiación de los billonarios recursos públicos por parte de las EPS, al autorizarles la apropiación de excedentes que logren acumular con el incentivo de reducir las autorizaciones de servicios del nuevo Fondo SaludMía que reemplaza al Fosyga y abrir el camino para purgar hacia atrás las ilegales desviaciones y apropiaciones de los dineros públicos por parte de los accionistas y ejecutivos de las EPS.

Fondo SaludMía. Con el manejo artificioso del fondo fiduciario que propone, revestido de “control estatal de los recursos”, pretende el Gobierno legalizar la apropiación de los remanentes de lo que le nieguen a los pacientes, distribuyéndolos al final del período, omitiendo la Constitución, la Ley y el acervo jurisprudencial de las Altas Cortes que definen que los excedentes siguen siendo recursos públicos con destinación específica.

Integración vertical. La iniciativa gubernamental continúa permitiendo la llamada “integración vertical”, o “integración empresarial corporativa” que se ha evidenciado como una de las mayores fuentes de sobrecostos, de desviación de recursos y de negación de servicios. Con respecto a las entidades del Estado, no cabe hablar de integración vertical puesto que el Estado es uno solo. Y con las entidades privadas, el interés general indica que toda forma de integración vertical o corporativa debe ser eliminada a la mayor brevedad.

Las “Gestoras”: Coctel peligroso de funciones que deberían estar separadas y de incentivos perversos. En el modelo que promueve el Ingeniero Alejandro Gaviria Uribe, las “gestoras” son una suerte de miscelánea pues serán en parte “aseguradoras”, pero también serán “administradoras”, y “ayudarán en el recaudo” y “obtendrán una parte de la UPC por anticipado” y “coordinarán las redes”, también “harán auditoría” sobre las mismas redes que “conforman” y “contratan”, siendo al mismo tiempo “propietarias de las redes primarias de servicios”, y al final del período “distribuirán los remanentes” que no se hayan gastado en la atención de los pacientes.

Barreras de acceso. En el modelo que impulsan con incremento salarial y renovado entusiasmo los congresistas de la Unidad Nacional, vuelve el tema de las restricciones en la atención a los pacientes, imponiendo un POS restringido, ahora con más limitaciones que antes. Tema sobre el cual ya incluyeron normas en la aprobada Ley Estatutaria, asunto que deberá analizar la Corte Constitucional y que abogamos para que sea inadmitida.

La deuda de los $14.4 billones. La enorme deuda de las EPS con clínicas y hospitales ha sido tolerada por el Gobierno de Uribe, y por el Gobierno de Santos, por sus ministros y superintendentes, sin excepción. Hasta ahora, no se ha iniciado un juicio de responsabilidades políticas y penales frente a los funcionarios que han permitido esta situación. Sólo hay unos juicios fiscales en lento desarrollo, obstaculizados desde el mismo Estado por las redes de los cooptados por los desfalcadores de los recursos públicos. Seremos todos los colombianos los que tendremos que responder por esas gigantescas depredaciones.

Conflictos de interés. Ahora se hace público que las EPS han financiado a varios congresistas y a partidos políticos, conformando unas mayorías congresionales vinculadas con la intermediación financiera, asunto que se ocultó al votar la ley estatutaria. Y tenemos también a muchos funcionarios del Gobierno Nacional comprometidos con las EPS y a un Presidente de la República que las ampara y protege.

La salud sigue siendo mercancía. ¿Dónde quedó el derecho? Finalmente, manifestamos a la opinión pública nacional que con la reforma que auspicia el Gobierno del Presidente Santos y la utilidad como eje del Sistema, la salud deja de ser un derecho fundamental, mantienen el conjunto de las perversiones que alejan al enfermo de los servicios con múltiples y artificiosas restricciones que han generado enfermedades y muertes evitables, ocasionado el deterioro y cierre de nuestros hospitales y creado el enriquecimiento de los piratas de la salud, nacionales y extranjeros.

Ante el inocultable naufragio del Sistema de Salud, y la nefasta propuesta de reforma que hace curso en el Congreso de la República, el Polo Democrático Alternativo manifiesta su abierta oposición a la misma, la cual no será votada por nuestra bancada.

Expresamos nuestra confianza en que el gran movimiento social por la defensa del derecho fundamental a la salud se movilice en todas las formas posibles para que podamos gestar un modelo de salud que atienda verdaderamente las necesidades de todos los colombianos.