CTI identifica a cuatro de los 11 desaparecidos del edificio Space de Medellín
La primera identificación de un cuerpo se hizo el 14 de octubre anterior, cuando fue encontrado el cadáver del estudiante universitario Juan Esteban Cantor. El pasado martes fueron hallados e identificados los cuerpos sin vida de los trabajadores Álvaro José Bolívar Cañola, Iván Darío González Álvarez y James Andrés Arango Pulgarín.
Mientras tanto, unos 20 servidores de la Fiscalía avanzan en dos frentes de investigación para establecer las causas del siniestro y la eventual responsabilidad penal en los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas. Hasta el momento se han realizado entrevistas a diferentes personas relacionadas con el caso y se han obtenido elementos materiales probatorios en el mismo lugar de los hechos, en la Oficina de Planeación de Medellín, en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Oficina Jurídica de la Constructora.
Igualmente, la comisión técnica del CTI, compuesta por un antropólogo, un arquitecto y un topógrafo, han recopilado y enviado muestras de la estructura colapsada al laboratorio de la Universidad Nacional, donde se analizarán las especificaciones técnicas de la obra y la calidad de los materiales utilizados.
La Alcaldía de Medellín informó que las familias de las personas desaparecidas reciben acompañamiento de personal médico especializado para hacer aún más llevadera la pérdida de sus parientes.
El pasado 14 de octubre las autoridades rescataron el cuerpo sin vida del joven Esteban Cantor, quien se encontraba en la zona de los parqueaderos cuando el edificio se desplomó.
Este lunes, el Gobierno anunció cinco medidas que endurecen las normas de construcción para evitar que se repitan desastres como este.
El ministro de Vivienda, Felipe Henao Cardona, anunció en primera instancia la eliminación de las excepciones por las cuales los mismos constructores controlan la propia ejecución de la obra.
En segundo lugar, a partir de ahora «se exigirá siempre una supervisión independiente del constructor, que funcione de manera continua y que garantice la revisión de planos, la calidad de materiales y la ejecución de las obras», manifestó el ministro en Bogotá.
Henao agregó que los supervisores tendrán la obligación de informar inmediatamente sobre las anomalías que se detecten en una construcción y, de no hacerlo, responderán penal y patrimonialmente.
Para ello, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) hará una selección de supervisores y escogerá a profesionales que puedan acreditar su idoneidad y experiencia.
«Se va a requerir cinco años de experiencia en la materia para los profesionales que van a ejercer esta importante función, y se implementará la profesionalización de las autoridades (curadurías)», comentó Henao, quien tajantemente advirtió: «No vamos a permitir que se sigan ahorrando costos contratando profesionales recién graduados».
La cuarta medida habla de la creación de la Superintendencia Delegada para el Consumidor Inmobiliario, que dependerá de la Superintendencia de Industria y Comercio y amparará a los compradores de bienes inmuebles.
«Esta nueva superintendencia también vigilará a los curadores (funcionarios autorizados para otorgar licencias) con el fin de investigar quejas y reclamos que se presenten sobre estos entes. Los curadores a su vez deberán enviar informes periódicos a este superintendencia», recalcó el ministro.
Como última acción, el Ministerio de Vivienda exigirá pólizas obligatorias a todos los constructores para la ejecución de cualquier proyecto inmobiliario.
«La idea es que con todas estas medidas se verifique el pleno cumplimiento de las normas en la construcción de viviendas, acorde con la licencias respectivas y así no se sigan entregando viviendas que pongan en riesgo a la población», señaló Henao.
