9 de agosto de 2022
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Radicado proyecto para garantizar por ley un “mínimo vital” en todos los servicios públicos

21 de septiembre de 2013
21 de septiembre de 2013

 

El senador Eugenio Pietro y el representante Simón Gaviria Muñoz, indicaron que la idea es garantizar un servicio oportuno en aseo, saneamiento básico, energía, gas y telecomunicaciones.
“Todas las personas tienen derecho al mínimo vital cuando estén en condiciones de vulnerabilidad”, señaló Prieto.

Las empresas tendrán que adoptar en sus presupuestos desde los fondos de solidaridad recursos para destinar el mínimo vital y así garantizar la prestación de los servicios a los ‘pobres de los pobres’.

Tips de Mínimo Vital
•    Las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 y 143 de 1994, y el régimen de las TIC contenido en la Ley 1341 de 2009), no son instrumentos suficientes para garantizar la universalización y la prestación de los servicios públicos, frente a sectores de población vulnerable o con poca o ninguna capacidad de pago.

•    La Corte Constitucional en fallos recientes, (Sentencia C-150 de 2003) ha venido reconociendo el derecho al mínimo vital de agua potable, a partir de allí, ha venido extendiendo ese derecho a otros servicios públicos domiciliarios como: El saneamiento básico (alcantarillado y aseo) y el servicio de energía.

•    El origen de la universalización de los servicios públicos emana de la propia Constitución y no del bloque de Constitucionalidad (incorporación de tratados internacionales). (Sentencia T-793-12).

•    Esta iniciativa no se limita exclusivamente a los servicios públicos domiciliarios de agua potable, alcantarillado, aseo, energía y gas, los cuales deben prestarse de forma gratuita a usuarios en condición de vulnerabilidad o con muy poca capacidad de pago, sino que además se ocupa de los servicios de telecomunicaciones que hacen parte del género de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

•    Serán beneficiarios del mínimo vital gratuito por su condición vulnerable: Los menores de edad, las mujeres en estado de embarazo, las personas cabezas de familia, las personas con discapacidad física o mental, las personas de la tercera edad y las personas con enfermedades catastróficas, que habiten inmuebles a los que se les hubiere suspendido o cortado los servicios públicos domiciliarios por falta de pago y que no cuentan con los medios económicos necesarios para lograr su normalización.

•    Los prestadores de servicios públicos domiciliarios no pueden abstenerse de prestar el mínimo vital a los usuarios que tengan derecho o que hagan parte de los programas de fomento del respectivo Municipio.

•    Los usuarios que habiten viviendas en estratos 1 y 2, tienen derecho a accesos universales en servicios de telecomunicaciones fijas y móviles.

•    La universalidad de los servicios públicos y el pago del mínimo vital se financiara con recursos de los actuales Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, acogiendo la legislación vigente.

•    En el caso de las telecomunicaciones se habla de fomento para su prestación y no de mínimo vital.

•    A pesar de que los fondos de solidaridad sean los que tengan la carga de financiar el mínimo vital y el fomento a las telecomunicaciones, se mantendrán las actuales políticas de solidaridad tarifarias para los servicios domiciliarios.

•    Los Municipios y Distritos pueden adoptar políticas de Fomento para otorgar subsidios en forma general a la población vulnerable; así como destinar recursos adicionales para atender con subsidios a la totalidad de los usuarios que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 en los términos y condiciones legales vigentes.