23 de septiembre de 2023

En Pueblo Rico no se han presentado hechos victimizantes en el 2013

24 de agosto de 2013
24 de agosto de 2013

Dicho Comité analizó principalmente un informe de riesgo presentado por la Defensoría del Pueblo en febrero de este año, sobre un posible desplazamiento forzado en Risaralda, específicamente en el municipio de Pueblo Rico, concluyendo con la información suministrada por la Policía y el Ejército, y demás entidades territoriales, que no se han presentado este tipo de hechos victimizantes en lo corrido del año 2013.

Medidas de prevención y atención para el desplazamiento forzado

La Unidad para las Víctimas coordinó con las autoridades territoriales el desarrollo de acciones orientadas a la prevención de desplazamiento forzado en esta población, garantizando una atención integral, de forma concertada, con las familias retornadas de la ciudad de Bogotá, con las autoridades indígenas, con los gobiernos: nacional, departamental y municipales, y con las familias receptoras.

“Estas estrategias permitieron generar un modelo de auto albergue, 11 Comités de Justicia Transicional, acuerdos para garantizar la permanencia, un Plan Operativo Anual (POA) para el retorno, un plan para la permanencia con una oferta institucional del Estado, y un trabajo de campo en el territorio indígena para iniciar procesos de Reparación Colectiva” confirmó Omar Alonso Toro Sánchez, director territorial para el Eje Cafetero de la Unidad para las Víctimas.

Esta entidad también ha entregado en lo corrido del presente año a las 105 familias retornadas a Pueblo Rico y a las 24 a Mistrató, 2.080 ayudas humanitarias alimentarias (mercados), que han sido entregado mensualmente, 200 kits para el mejoramiento de sus viviendas y 444 kits de herramientas agrícolas.

“También hemos realizado importantes obras de infraestructura, como la construcción de 14 aulas escolares en siete veredas ubicadas en los resguardos indígenas de Pueblo Rico, además de la construcción de un Hogar de Paso y la adecuación de un albergue en el corregimiento de San Antonio del Chami en Mistrató” indicó Toro Sánchez.

La Unidad para las Víctimas también viene adelantado proyectos para vivienda nueva en estas comunidades, y avances en otros aspectos, como la entrega de oferta institucional con jornadas de inscripción de Familias en Acción, presentación de Familias en su Tierra, además de la socialización y acuerdos con proyectos de seguridad alimentaria en alianza con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad ha realizado jornadas de atención a la primera infancia y madres lactantes en el territorio. Con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se llevó a cabo la socialización, inscripción e inicio de cursos en autoconstrucción y artesanías. Y con la Procuraduría se efectuaron jornadas de identificación y registro de víctimas en el territorio.

Por su parte el director territorial de la Unidad para las Víctimas, Omar Alonso Toro, aseguró que se ha avanzado exitosamente en la socialización con los gobiernos indígenas sobre la oferta educativa para alfabetización, bachilleres, SENA y créditos educativos por ICETEX; también en el rescate y fortalecimiento de identificaciones culturales y la ley de origen a través de juegos ancestrales.

“Además con el INCODER se ha efectuado un estudio socio-económico en la zona. Y avanzado en la estructuración de planes de contingencia” precisó Toro Sánchez.  

La Unidad para las Víctimas también desarrolla actualmente proyectos productivos y de seguridad alimentaria a través de un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá en varios frentes: pecuario con porcicola, avícola y piscícola; agropecuario con semilla nativa de maíz, frijol y cacao; el  ICBF con seguridad alimentaria y artesanía. Y con el DPS a través de 600 huertas caseras.

Cifras en materia de seguridad

Según datos suministrados por la Policía de Risaralda durante el año 2013, no se han presentado en Pueblo Rico hechos contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil como: desaparición forzada, toma de rehenes, homicidio selectivo o múltiple. Tampoco reclutamiento forzado, ni uso de niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado, ni antecedentes de ataques indiscriminados, accidentes por minas, ni enfrentamientos con interposición de población civil.

De igual manera, afirman que no se han presentado hechos de desplazamiento forzado, ni destrucción de bienes civiles y/ o afectación de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, ni se ha evidenciado presencia de grupos al margen de la ley, guerrilla o BACRIM.  

Para el fortalecimiento de la seguridad, la Unidad para las Víctimas ha logrado la articulación de diferentes entidades y su oferta institucional, indicando que actualmente las autoridades territoriales y las autoridades indígenas ejercen control sobre el territorio.

“Hemos trabajo articuladamente con todas las instituciones en el fortalecimiento de la seguridad en el territorio, con un compromiso decidido con la Gobernación de Risaralda,  en un proceso integral no solo de seguridad sino de atención y asistencia a esta población como lo indicamos anteriormente, en particular con las familias indígenas retornadas y receptoras y su territorio” ratificó Omar Alonso Toro Sánchez, director territorial para el Eje Cafetero de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Por su parte la Policía Nacional ha fortalecido cinco frente de seguridad, cuatro escuelas de seguridad, reforzado 26 grupos de apoyo comunitario, 13 red de cooperantes, 37 policías civil juvenil, cinco acciones de gestión comunitaria; sumado a 30 campañas preventivas contra el reclutamiento, 49 campañas de infancia y adolescencia, y cinco campañas contra el secuestro y la extorción. Además de siete consejos de seguridad, 32 comités de vigilancia, dos comités de orden público.

Se han obtenido resultados con 47 capturas por todos los delitos, dos subversivos capturados, una captura por homicidio y secuestro, 10 armas incautadas, y 147 casos de mercancías incautadas y recuperadas, 16.687 gramos estupefacientes incautados y cuatro maquinarias inmovilizadas.