La protesta social.
La característica esencial de esta crisis, es sin duda la violencia, o mejor aún el conjunto de violencias que confluyen entre sí, y se alimentan recíprocamente, así como los paros, y reclamos de la comunidad, encasillados en lo que se ha denominado la protesta social.
Pero frente a lo expresado, se percibe un raro y extraño acuerdo, que lo reiteran los diferentes grupos de opinión, inclusive los partidos y movimientos políticos, al coincidir en la urgente necesidad de reformas políticas, sociales, económicas, priorizando las necesidades de la población vulnerable y se pregona que la paz es el primer propósito nacional, como condición para el desarrollo del país.
Así las cosas surge la pregunta:¿si hay coincidencia en estos problemas sociales por qué no se toman las medidas requeridas para generar soluciones encaminadas a eliminar las necesidades básicas insatisfechas, tales como infraestructural vial, acueductos, alcantarillados, escuelas, hospitales, servicios de salud, empleo etc.?.
El Gobierno Nacional, éste y los anteriores ofrecen y prometen desarrollar políticas de inversión social, pero en la mayoría de los casos se impone el burocratismo, el papeleo oficial, la intriga, o lo más grave grupos que quieren hacer prevalecer sus puntos de vista, buscando conservar privilegios de cuotas de poder, por encima del servicio a favor de las comunidades.
Al darse el abandono e incuria oficial, surge el reclamo, la protesta con el fin de solicitar las satisfacción de unos derechos de índole social, consagrados en la Constitución Nacional y al ser ejercitados por las vía legales, no puede ser judicializada o criminalizada la protesta, por que se estaría utilizando el sistema judicial, como medio de resolución de conflictos sociales, que le corresponde hacerlo por mandato superior al Estado, en cabeza del ejecutivo.
La protesta social constituye una conducta atípica, y de allí que la función judicial de intentar encuadrar este modo de reclamos en tipos penales, es algo que no puede ser sostenido como válido.
El gobierno central debe tener presente que el ejercicio de los derechos y su cumplimiento libre de violencia y atropellos, de ninguna manera puede convertirse ni catalogársele como delito y se debe tener cuidado en las medidas de represión, cuando lo que debe imperar es la adopción de políticas que conduzcan a la solución de las necesidades inaplazables de la población, comunidades muchas de ellas, que todavía parecieran vivieran en la edad de piedra, totalmente abandonados a su suerte, espacios que son aprovechados por los grupos insurgentes para sus actividades al margen de la ley.
En medio de tantas marchas de protestas, de tantos llamados a la conciliación y concordia, surge el deber de gobernar a favor de lo social, por que así lo establece la constitución, al definir nuestra estructura política, como un “Estado Social y de Derecho”, estando todavía a tiempo de recordarles a aquellos que ostentan responsabilidades políticas y de gobierno, que se debe combatir la injusticia que caracteriza nuestra sociedad.
Igualmente respeto por el contradictor, que se garantice la vida con dignidad, que haya una real y eficaz distribución de tierras y no en poder de unos cuantos, en ocasiones con maniobras jurídicas apoyados por ex embajadores y amigos del gobierno, y lo más importante, que se garantice el derecho fundamental a diferir, a ser diferente, a la libertad, entendida como todo aquello que la ley no prohíbe.
¿Cómo negar la protesta social si es evidente la desprotección para más de tres millones de compatriotas, desplazados por la violencia de todo orden, desarraigados a su propia suerte y lo más lamentable con sentencias constitucionales a su favor e incumplidas por el ejecutivo nacional?.
¿Cómo entender el olvido institucional, de más de doscientos mil colombianos, deudores del sistema financiero con procesos ejecutivos hipotecarios, a punto de perder sus viviendas, por la equivocada liquidación de intereses por parte de un sistema bancario arrogante e indolente?
¿Cómo entender la poca o nula atención médica para un amplio sector de la población, vulnerándose el derecho a la salud, como un servicio público a cargo del Estado?
¿Cómo entender la falta de vivienda digna para las clases desposeídas y las que se proyectan van direccionadas con tinte electoral?
¿Cómo no protestar por el desconocimiento del Estado a reconocer el derecho a la pensión de más de un millón de colombianos, con negativas violatorias de la ley, trámites dilatorios y abuso del derecho?
¿Cómo desconocer la deuda histórica de todos los gobiernos con el campo colombiano, abandonado y sin políticas económicas para su recuperación?
Se equivoca el ejecutivo al no darle la trascendencia a estas justas reclamaciones sociales, utilizando en su defensa un discurso autoritario, en donde el emisor no puede siquiera imaginar que alguien piense distinto a él.
Los verdaderos inspiradores y patrocinadores de las actuales protestas sociales, no las encabeza el Senador Robledo, como lo denunciara el Presidente y su Ministro del Interior, la instigación nace de la desidia estatal, en la omisión de los propios gobernantes, de no gobernar con criterio social, desconociendo derechos fundamentales del ciudadano, como los del trabajo, vivienda digna, salud, bienestar familiar, vías de penetración, educación, seguridad social, que nos hace concluir que no basta decir y consignar en letras de molde que somos un Estado Social de Derecho, cuando de social solo tenemos el enunciado del artículo primero de la Constitución Política.
Bogotá D.C. julio 30 de 2013.
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