9 de agosto de 2022
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Más de 45 años de prisión purgará expárroco de Mistrató

6 de junio de 2013
6 de junio de 2013

La decisión se dio luego que el Tribunal Superior de Pereira decretara la nulidad del preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, en el que había sido condenado a 23 años de prisión, tras considerar que no aplicaba rebaja alguna porque ya estaba en vigencia la Ley de Infancia y Adolescencia.

El 15 de febrero de 2007 los cuerpos de María del Carmen Arango Carmona, de 32 años, y su hija, quienes habían sido reportadas como desaparecidas, fueron hallados incinerados a orillas del río Guática, entre los municipios de Belén de Umbría (Risaralda) y Anserma (Caldas).

Sin embargo, por medio de un trabajo investigativo desarrollado por servidores del CTI, se estableció la participación del hoy sentenciado en el doble homicidio, el cual fue provocado dos días antes con arma contundente según el reporte de la necropsia, en el que se revelaron las múltiples fracturas que presentaban los cráneos de ambas víctimas.

Se determinó que para la fecha de los hechos Díaz Toro fungía como sacerdote en la población de Mistrató y desde hacía 12 años tenía una relación sentimental con Arango Carmona; quien llegó el 13 de febrero a la casa cural para hacerle un reclamo por otra supuesta relación que él llevaba paralelamente.

Después de que la víctima, de 32 años, manifestara su intención de hacer público su vínculo con el párroco, se registraron los homicidios y se evidenciaron por un trabajo de luces forenses realizado en la citada casa, de donde trasladaron los cadáveres envueltos hasta el lugar del hallazgo.

Por estos crímenes también fue sentenciado el sepulturero del pueblo, Jorge Antonio Morales Ramírez, el cual purga una pena de 17 años y dos meses de prisión, en calidad de cómplice.

El exsacerdote, capturado en noviembre de 2007, permanece privado de la libertad por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Tanto la Fiscalía como la defensa apelaron la decisión. La primera considera que la pena a imponer debe ser la máxima, es decir de 60 años; mientras que la defensa alega que la ley de infancia no entró en vigencia en todo el país al mismo tiempo y por ello su representado merece rebaja.