18 de agosto de 2022
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Como eran amigos de Rolando…

10 de junio de 2013

ferney pazSe comenta  que la hora cero para la imputación de cargos contra los primeros  sindicados lo hará  la fiscalía  el próximo 26 de junio y  serán llamados  por  una gama de delitos que van desde  la manipulación de acciones, abuso de confianza, administración desleal , hasta  concierto para delinquir , procederes  que  deben ser analizados  con sumo cuidado por  el ente acusador  y los jueces ordinarios, para que una vez surtido el trámite procedimental, se vinculen y sancionen a los que deben responder, que no son otros que las cabezas del grupo financiero y se les  imponga detención intamural por  la gravedad  de las conductas  punibles.

Se debe reconocer la decisión de la Procuraduría general de la Nación al formular  pliego de cargos al Superfinanciero y otros funcionarios de ese ente estatal, quienes por acción u omisión deben responder por lo sucedido en ese  conglomerado económico y de  prosperar los cargos imputados constituirían valiosos elementos probatorios  en las futuras demandas contenciosas que seguramente  se presentarán contra el Estado colombiano, con fundamento en la norma constitucional del artículo 90, que alude “a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la  omisión de las autoridades públicas “.

Pero hay una pregunta que ronda  en los diferentes sectores de opinión, y que corresponde a la misma que se formuló en la Asamblea de inversionistas del pasado  6 de junio  de las carteras colectivas credit y factoring, respecto a la tardanza en  las decisiones  penales por parte de la Fiscalía General de la Nación contra estos falsos ejecutivos, por cuanto de tiempo atrás se conocían según documentos oficiales e investigaciones realizadas, entre las cuales se destacan las expuestas por el representante Simón Gaviria en sus debates  parlamentarios y  columnistas de medios especializados, que la  comisionista y la Holding se habían convertido en una “ cueva de Rolando “, sin que se les vigilara  su comportamiento y   se les permitiera  se ramificaran de tal manera, resultando siendo al final  una pirámide nacional e internacional .

Quisiéramos no creer que por el poder  económico , social , político de los encartados ,  y la  labor de  prestigiosas firmas de abogados que  ejercen  con derecho la defensa, esas determinaciones se vienen dilatando o no llegarán a tiempo contra   quienes abusaron de la confianza ciudadana y contra  aquellos que tenían la obligación legal de vigilar, controlar,  sancionar, por cuanto  provienen de allí,   eran y siguen siendo amigos de  Rolando .

Son  miles los inversionistas, personas naturales , jurídicas, estamentos académicos, religiosos, pensionados, que exigen se les haga justicia, que impere  la legalidad, y se sancione la corrupción, que brille la ética traída al campo jurisdiccional, que no es más que por parte de los funcionarios judiciales se aplique  correctamente la ley y los fallos se tomen en derecho y con total transparencia, de cara  a los asociados, con publicidad, concentración e inmediación, devolviéndole al ciudadano común la credibilidad en el sistema judicial colombiano , hoy bastante cuestionado, rayando en crisis estructural  y clamando  una reforma de fondo , que no podrá ser vía Congreso por la experiencia del pasado.

La sociedad  espera que por parte  de la Fiscalía General de la Nación se informe y  en particular a los damnificados de la comisionista el estado en que se encuentran  las investigaciones  en el caso de  “Intebolsa”, si las hubiere, los ex directivos  vinculados  y si han sido judicializados, las medidas cautelares que se han tomado para evitar la insolvencia patrimonial de los mismos, y la razón  jurídica en la dilación de las  medidas  judiciales en un  episodio que ha  conmovido el sector  financiero del país , que hace referencia al caso  de la triangulación  ilícita que se dio en la  clínica de la candelaria , desviando recursos de la cartera colectiva credit, para la cancelación de  obligaciones bancarias de la comisionista.

De igual manera  cual es la razón para que   por parte de los organismos competentes no se haya acudido  a la acción  revocatoria y de simulación, (ley 116, artículo 74 de 2006), si es que se pretende  proteger  los intereses de los inversionistas en el tema puntual de la  clínica referida.

Un llamado a los liquidadores designados por el Estado, para que actúen con ponderación , ecuanimidad , razonabilidad y califiquen con sentido lógico y jurídico los derechos de los reclamantes,  por cuanto esa es su obligación y tarea misional de buscar  la recuperación de los recursos y su devolución a quienes fraudulentamente les fueron sustraídos.

Ha llegado el momento  de atacar el mayor problema del país, que no es otro que el de la corrupción que ha originado un acercamiento del poder económico y político y como un asunto ético y de conciencia moral, de violación de valores y normas sustantivas.

Lo cierto  es que lo sucedido en “Interbolsa” y lo conocido después de las intervenciones, es que se presentó una aberrante omisión, desidia, negligencia oficial frente a la obligación constitucional y legal, de regulación, vigilancia y control, en las actividades financieras, bursátiles, relacionada con la captación de recursos, que son  de interés público.

Todavía siguen resonando las frases del presidente Santos, cuando  anunciaba la crisis de la comisionista, al manifestar que “ningún inversionista perdería un solo peso.” Eran frases de mejoramiento de imagen y puntos en las encuestas. Que dirá ahora cuando se han descubierto  tantas  irregularidades, prácticas non sanctas, con daño país que debieron haber sido prevenidas a tiempo por las entidades de  vigilancia  y funcionarios de su gobierno.

Adenda: Ante las eventuales demandas en el caso “Interbolsa”, si el gobierno acude a los servicios profesionales del Dr. Manuel José Cepeda para  su defensa, habrá que hacer  media reforma tributaria para cancelarle sus honorarios profesionales, si nos atenemos al  contrato   número 10813 suscrito con la  presidencia de la República, en donde se pactan las condiciones de su asesoría profesional  para eventuales representaciones judiciales. ¿Entonces para qué sirve  la flamante Agencia  jurídica de defensa nacional, de la que fue su primer director el actual ministro del interior Dr. Carrillo?

Bogotá, junio 11 de 2013.

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