Como eran amigos de Rolando…
Se comenta que la hora cero para la imputación de cargos contra los primeros sindicados lo hará la fiscalía el próximo 26 de junio y serán llamados por una gama de delitos que van desde la manipulación de acciones, abuso de confianza, administración desleal , hasta concierto para delinquir , procederes que deben ser analizados con sumo cuidado por el ente acusador y los jueces ordinarios, para que una vez surtido el trámite procedimental, se vinculen y sancionen a los que deben responder, que no son otros que las cabezas del grupo financiero y se les imponga detención intamural por la gravedad de las conductas punibles.
Se debe reconocer la decisión de la Procuraduría general de la Nación al formular pliego de cargos al Superfinanciero y otros funcionarios de ese ente estatal, quienes por acción u omisión deben responder por lo sucedido en ese conglomerado económico y de prosperar los cargos imputados constituirían valiosos elementos probatorios en las futuras demandas contenciosas que seguramente se presentarán contra el Estado colombiano, con fundamento en la norma constitucional del artículo 90, que alude “a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas “.
Pero hay una pregunta que ronda en los diferentes sectores de opinión, y que corresponde a la misma que se formuló en la Asamblea de inversionistas del pasado 6 de junio de las carteras colectivas credit y factoring, respecto a la tardanza en las decisiones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación contra estos falsos ejecutivos, por cuanto de tiempo atrás se conocían según documentos oficiales e investigaciones realizadas, entre las cuales se destacan las expuestas por el representante Simón Gaviria en sus debates parlamentarios y columnistas de medios especializados, que la comisionista y la Holding se habían convertido en una “ cueva de Rolando “, sin que se les vigilara su comportamiento y se les permitiera se ramificaran de tal manera, resultando siendo al final una pirámide nacional e internacional .
Quisiéramos no creer que por el poder económico , social , político de los encartados , y la labor de prestigiosas firmas de abogados que ejercen con derecho la defensa, esas determinaciones se vienen dilatando o no llegarán a tiempo contra quienes abusaron de la confianza ciudadana y contra aquellos que tenían la obligación legal de vigilar, controlar, sancionar, por cuanto provienen de allí, eran y siguen siendo amigos de Rolando .
Son miles los inversionistas, personas naturales , jurídicas, estamentos académicos, religiosos, pensionados, que exigen se les haga justicia, que impere la legalidad, y se sancione la corrupción, que brille la ética traída al campo jurisdiccional, que no es más que por parte de los funcionarios judiciales se aplique correctamente la ley y los fallos se tomen en derecho y con total transparencia, de cara a los asociados, con publicidad, concentración e inmediación, devolviéndole al ciudadano común la credibilidad en el sistema judicial colombiano , hoy bastante cuestionado, rayando en crisis estructural y clamando una reforma de fondo , que no podrá ser vía Congreso por la experiencia del pasado.
La sociedad espera que por parte de la Fiscalía General de la Nación se informe y en particular a los damnificados de la comisionista el estado en que se encuentran las investigaciones en el caso de “Intebolsa”, si las hubiere, los ex directivos vinculados y si han sido judicializados, las medidas cautelares que se han tomado para evitar la insolvencia patrimonial de los mismos, y la razón jurídica en la dilación de las medidas judiciales en un episodio que ha conmovido el sector financiero del país , que hace referencia al caso de la triangulación ilícita que se dio en la clínica de la candelaria , desviando recursos de la cartera colectiva credit, para la cancelación de obligaciones bancarias de la comisionista.
De igual manera cual es la razón para que por parte de los organismos competentes no se haya acudido a la acción revocatoria y de simulación, (ley 116, artículo 74 de 2006), si es que se pretende proteger los intereses de los inversionistas en el tema puntual de la clínica referida.
Un llamado a los liquidadores designados por el Estado, para que actúen con ponderación , ecuanimidad , razonabilidad y califiquen con sentido lógico y jurídico los derechos de los reclamantes, por cuanto esa es su obligación y tarea misional de buscar la recuperación de los recursos y su devolución a quienes fraudulentamente les fueron sustraídos.
Ha llegado el momento de atacar el mayor problema del país, que no es otro que el de la corrupción que ha originado un acercamiento del poder económico y político y como un asunto ético y de conciencia moral, de violación de valores y normas sustantivas.
Lo cierto es que lo sucedido en “Interbolsa” y lo conocido después de las intervenciones, es que se presentó una aberrante omisión, desidia, negligencia oficial frente a la obligación constitucional y legal, de regulación, vigilancia y control, en las actividades financieras, bursátiles, relacionada con la captación de recursos, que son de interés público.
Todavía siguen resonando las frases del presidente Santos, cuando anunciaba la crisis de la comisionista, al manifestar que “ningún inversionista perdería un solo peso.” Eran frases de mejoramiento de imagen y puntos en las encuestas. Que dirá ahora cuando se han descubierto tantas irregularidades, prácticas non sanctas, con daño país que debieron haber sido prevenidas a tiempo por las entidades de vigilancia y funcionarios de su gobierno.
Adenda: Ante las eventuales demandas en el caso “Interbolsa”, si el gobierno acude a los servicios profesionales del Dr. Manuel José Cepeda para su defensa, habrá que hacer media reforma tributaria para cancelarle sus honorarios profesionales, si nos atenemos al contrato número 10813 suscrito con la presidencia de la República, en donde se pactan las condiciones de su asesoría profesional para eventuales representaciones judiciales. ¿Entonces para qué sirve la flamante Agencia jurídica de defensa nacional, de la que fue su primer director el actual ministro del interior Dr. Carrillo?
Bogotá, junio 11 de 2013.
Columnas del autor
*Hermandad sí, pero sin amenazas
*Eficiencia judicial vs turismo internacional.
*Inicio de la campaña presidencial
*Política de consenso y de convivencia para Caldas.
*Sevilla: la del Valle
*La cooptación restringida.
*El voto y un catálogo de necesidades sociales.
*La igualdad ante la ley. La detención intramural
*Aspirantes a granel. Y los programas?
*9 de abril: magnicidio de Gaitán.
*Las paradojas de la actividad financiera.
*Marcha por la paz y la debida justicia
*Relación periodismo-justicia.
*Colpensiones: una ofensa a la seguridad social
*Blindar el voto
*Aerocafé: con la cruz a cuestas
*La edad de retiro forzoso en la rama judicial
*Esfuerzo presupuestal del Estado VS eficiencia judicial
*La circunscripción nacional para Senado en Colombia
*La mal llamada reforma tributaria.
*En la búsqueda de un año promisorio.
*Reflexiones de fin de año.
*Los cacos de «Interbolsa»
*El desplome de Interbolsa.
*¿Qué hacer para que los fallos judiciales se profieran a tiempo?
*Recuperar la confianza pública
*Por un Caldas diferente
*Una causa justa
*El adiós a un gran señor
*Estado de Derecho o Estado Rodín
*La verdadera labor del político
*Preguntas que requieren respuestas
*Política social e intercambio humanitario
*¿Cuál democracia?
*Solo la verdad en la búsqueda de la paz
*Por el decoro y dignidad profesional del abogado
*La crisis del Estado e indiferencia ciudadana
*Se agitan tesis de revocatoria
*Reforma a la justicia: un compromiso institucional
*Santos y de la Calle, los ases para la paz
*La libre expresión y la paz como política de Estado
*A propósito de un fallo judicial
