13 de junio de 2021
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Se cayó el gobernador Guido Echeverry

6 de mayo de 2013
6 de mayo de 2013

Por estar incurso en una causal de inhabilidad debido a que su señora esposa había sido encargada, durante cuatro dìas, como secretaria de hacienda municipal, fue declarada nula la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, en primera instancia. El Consejo de Estado, en un fallo dado a conocer hoy, confirmó la sentencia del tribunal caldense.Fue un fallo de conjueces en la sección Quinta del alto tribunal contencioso administrativo.

Según la ley, un candidato a gobernación queda inhabilitado si tiene unión marital con un funcionario que hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el departamento dentro de los 12 meses anteriores a la elección. 

El fallo del que anticipadamente habìa informado eje21.com.co, fue proferido en primera instancia por la sala de decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas (TCA), al considerar que Ana María Jaramillo Hurtado, ocupó el cargo de Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Manizales del 3 al 6 de febrero de 2011, y que por lo tanto ejerció autoridad administrativa, «que correponde a un cargo de la comprensión territorial del departamento de Caldas».

Según el TCD «el ejercicio del cargo conllevó autoridad civil, política,administrativa o militar, pues desde el punto de vista o elemento subjetivo, el cargo de Secretario de despacho Municipal, se considera un cargo con ejercicio de autoridad administrativa, y por cuanto desde el punto de vista o elemento objetivo del mannual de funciones, se desprende que, las mismas conlleva autoridad administrativa».

La demanda fue instaurada porque un año antes de las elecciones de Gobernador, Ana María Jaramillo Hurtado habìa ejercido, aunque sea por pocos días, ese cargo en la admnistración muncipal, asi el numeral 5 del articulo 30 de la ley 617 de 2000 establezca que la función se haya ejercido en el respectivo departamento.

Las elecciones atípicas

Colprensa

Según el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, “llama la atención que en los últimos 9 años se hayan celebrado 41 elecciones de este tipo por declaración de la nulidad de la elección por parte del Tribunales Administrativos, y que otras 33 obedezcan a destitución de mandatarios por parte de la Procuraduría. Así mismo, otros 3 mandatarios fueron removidos de sus cargos  por pesar sobre ellos sentencia penal”.

Según datos de la Registraduría cada puesto de votación le cuesta al país un millón 500 mil pesos, es decir, que en las últimas elecciones atípicas del Valle donde se instalaron 6.626 mesas, se podría calcular que la elección tuvo un costo aproximado de 9 billones de pesos. “Si un candidato obtiene 100.000 votos y existe un promedio de alrededor de 200 votos por mesa, tenemos que para esos sufragios se requirió de 500 mesas. Esto, quiere decir que cada mesa costó 1’500.000 pesos. La conclusión tras ese análisis el que dicho candidato inhabilitado le costó al Estado aproximadamente 750 millones de pesos”, afirmó el Registrador Nacional.

“La regla general ha sido que el esfuerzo económico y humano de la Registraduría ha implicado no sólo trasladar personal al municipio o departamento en cuestión, producir el kit electoral y desarrollar los procesos de comunicaciones y transmisión de datos, sino que además la entidad ha asumido la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso electoral”, afirmó Sánchez.

Para el Consejo Nacional Electoral, el proceso para descubrir las inhabilidades de un candidato es riguroso pues una vez se cierran las inscripciones, lo primero que hace el Consejo Nacional Electoral es recibir de la Procuraduría un listado de los candidatos presuntamente inhabilitados. Aquellos que pasan ese filtro pueden ser denunciados por cualquier ciudadano o el mismo Consejo para que sea revocada la inscripción, siempre y cuando, exista plena prueba de la inhabilidad del candidato, aclara Plata.

Así mismo, un magistrado de la corporación afirma que luego de ocurrida la elección y antes de la declaración de la misma si aparece un candidato manifiestamente inhabilitado, la organización electoral no le entrega la credencial. Si pasa ese filtro después de la elección queda habilitada la jurisdicción contenciosa para que el trámite de nulidad de la elección.

La abstención ha sido un factor que ha aumentado los costos de las elecciones pues todo el despliegue y eldinero invertidos por la Registraduría no se ven reflejados en la decisión de los ciudadanos. Para el caso de las elecciones en el Valle (1 de julio) la ausencia de votantes registró un 81.7%. Un caso similar se presentó en la escogencia del alcalde de Yarumal, Antioquia, donde se presentó una abstención de 59.39 %.

Con estas cifras vale la pena preguntarse qué pasa con el control de las autoridades, antes de que los candidatos se presenten. Es evidente que si la investigación sobre la hoja de vida de cada aspirante fuera rigurosa, las elecciones atípicas serían extraordinarias.

El presidente del CNE afirma que “en el caso de la gobernación del Valle había un ciudadano que no estaba inhabilitado, no estaba condenado, no había sido suspendido y posteriormente aparece una nulidad que sobrevino. Es muy difícil prever circunstancias fortuitas, por eso es necesaria una plena prueba para que una persona no pueda participar en las elecciones”.

Por otro lado, el politólogo de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, considera que no hay ningún sistema electoral blindado, “yo creo que no es peor, ni mejor el proceso que se da en toda la región, porque todos los sistemas electorales son vulnerables, se debe recordar en la elección de Bush fue cuestionada muy fuertemente. El sistema electoral perfecto no existe, el que pierde demanda siempre, lo que pasa es que las autoridades deben extremar controles y mecanismos preventivos pero eso no implica que puedan obtener procedimientos transparentes”.

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