2 de marzo de 2021
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Puños en vez de palabras

21 de mayo de 2013

Por radio, televisión, prensa escrita y otras plataformas se difunden avisos sobre esta realidad y la necesidad de combatirla con eficacia.

Es inexplicable que un congresista colombiano, cuya formación intelectual y moral debería ser sólida, agreda a su exesposa, como lo denunció ella misma a través de algunos medios de comunicación y ante la Fiscalía.

Zully Mejía, exesposa del representante a la Cámara por Casanare, José Rodolfo Pérez, hizo un sombrío relato sobre las ocasiones en que según ella fue víctima de golpizas del parlamentario, la última en marzo pasado, y que a pesar del miedo por sus amenazas, decidió hacerlas públicas.

Tras divulgarse la agresión a través de La FM y otros medios, la Fiscalía –ante la cual la señora Mejía formuló su denuncia, según ella poco tiempo después del hecho–, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, a la que le corresponde investigar debido al fuero parlamentario de Pérez.

José Rodolfo Pérez ha sido ponente de algunos proyectos de Ley importantes en 2010, 2011 y 2012, como el que eleva la salud a derecho fundamental, el que expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y el que expide el Código Nacional de Convivencia Ciudadana.

En caso de comprobarse inequívocamente  las agresiones del parlamentario a su exmujer, sería un contrasentido su ponencia de un proyecto tan importante como el que determina normas de convivencia ciudadana.

El estatuto que consagra las sanciones disciplinarias para los congresistas que cometan delitos o actos inadecuados debería ser más drástico, ágil y eficaz para castigar a los culpables, haciéndoles perder la curul, sin perjuicio de los procesos penales en su contra.

Tras la divulgación del hecho, las reacciones no se hicieron esperar, empezando por la del presidente de la Cámara, Augusto Posada, y de otros parlamentarios, y de directivos de ONG dedicadas a fomentar la lucha contra la violencia de género.

Sin embargo, la indignación no es suficiente, teniendo en cuenta que la Encuesta de Demografía y Salud de Profamilia reveló que una de cada tres mujeres en Colombia ha sido agredida físicamente por su pareja o expareja, y que el 76% de las víctimas no denunciaron el maltrato.

Es necesario que quienes se indignan cada vez que se revela un caso de estos, se comprometan a impulsar y apoyar políticas sociales contundentes, que exijan el compromiso decidido de todas las instituciones y entidades del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres, y que no permitan que en las corporaciones legislativas ingresen o permanezcan quienes han agredido a las mujeres, aunque sea verbalmente.

Y sobre todo, ningún fracaso peor para alguien cuyo oficio le exige hablar, como a un parlamentario, que recurra a los puños contra una mujer.

El Universal/Editorial