26 de febrero de 2021
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Procuraduría impugna decisión que anuló la destitución del general (r) Álvaro Hernán Velandia

27 de mayo de 2013
27 de mayo de 2013

Al respecto, el Ministerio Público manifestó que el fallo de única instancia mediante el cual se destituyó al general y la confirmación de éste se profirieron el 5 y 19 de julio de 1995, y el primero de ellos se notificó antes del 25 de julio, fecha en la que se cumplían los cinco años para que operara la prescripción, pues el 26 de julio de 1990 fue la fecha en la cual se tuvo la certeza de que el cadáver exhumado era de la señora Nydia Erika Bautista.

Esta posición es armónica con la sentencia del 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sometida hoy a acción de tutela, en la cual manifestó que se da por impuesta la sanción, con la sola notificación del acto administrativo principal, es decir el fallo de primera instancia.

En consecuencia, la Procuraduría “al confirmar la destitución impuesta, lo hizo de manera oportuna y no podía declarar la prescripción, por cuanto al momento de estudiar las razones de la impugnación, aún no se habían cumplido los 5 años, y por ende, no había perdido la competencia”.

Entonces, es claro que la sanción no podía ser declarada nula como lo hizo la sala de conjueces, pues “la notificación efectuada de manera posterior a la fecha de expedición del acto sancionatorio es un hecho independiente a la firmeza y ejecutoria del acto que resolvió el recurso de reposición“.

Señala la Procuraduría que “no le es dable al juez de tutela, en este caso, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita a garantizar que no exista arbitrariedad (que no existe) y a proteger los derechos fundamentales, pero no a definir la hermenéutica y alcance de las normas de rango legal; labor ésta que si corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”

“La sala de conjueces, en su afán por fijar lo que consideraban en el sentido apropiado del artículo 6 de la Ley 13 de 1984 modificatorio del artículo 12 de la Ley 25 de 1974, a la luz de las normas del Código Contencioso Administrativo, omitió explicar porque la interpretación propuesta por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo desconocía derechos fundamentales del disciplinado, Velandia Hurtado, más allá de indicar que se violaba el derecho al debido proceso, sin profundizar en ello.”

En ese sentido el ordenamiento jurídico señala que “se cuenta con un término de 5 años para imponer la sanción definitiva entendiendo por tal, la decisión de primera instancia, como quiera la administración cuenta con dicho término para adelantar la actuación administrativa y proferir una decisión”, lo cual se cumplió en este caso.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación impugnó la sentencia de tutela del pasado 17 de abril proferida por la sala de conjueces de la sección Segunda, Subsección A, de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que, en su lugar, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, revoque la referida sentencia y declare improcedente el amparo constitucional.