16 de octubre de 2021
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Intereses de congresistas amenazan reforma de la salud

7 de mayo de 2013
7 de mayo de 2013

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó en compañía del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, el proyecto de ley 210 para reformar el sistema de seguridad social en salud. Es la segunda vez que el propio mandatario presenta un proyecto ante el Congreso, después de la ley de víctimas y restitución de tierras.

Significa que es una iniciativa importante para el Ejecutivo, lo que suena bien. Pero este acto simbólico también puede ser muestra de una estrategia política. Podría verse como que Santos, pensando en la reelección, convertiría a la salud en un terreno de negociaciones, en una moneda de cambio entre intereses políticos y económicos.
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La propuesta es, sin ninguna duda, la respuesta del Gobierno al descontento social con un sistema que se ha convertido en una olla a presión durante los últimos cuatro o cinco años, aunque ya desde 1994 había movimientos sociales de rechazo al modelo de la Ley 100 por sus fundamentos conceptuales e ideológicos.

Pero fue a partir de la emergencia social del año 2009 cuando se desató una enérgica protesta que aún se mantiene y que se fundamenta en la insatisfacción y el rechazo de los ciudadanos a las prácticas diarias del sistema, con un notable componente académico y una fuerte influencia del sector judicial (incluida la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional). Hoy, tirios y troyanos coinciden en que la mayor dimensión de su crisis es la de la legitimidad.

No todo es malo

Se le debe reconocer al ministro que la propuesta presenta diferencias con respecto a las anteriores reformas (Ley 1122 y Ley 1438). Por ejemplo, las declaratorias de emergencia social fueron respuestas que podrían calificarse como arrogantes y poco democráticas, que tenían como meta una defensa sectaria del modelo. El proyecto pretende superar, y así lo establece la exposición de motivos, los fracasos de los veinte años de la Ley 100. Eso es nuevo y valioso.

Los problemas que se deben resolver son: la fragmentación del financiamiento (fondo único); el deterioro de la oportunidad y calidad de los servicios (modificación de los roles de los actores y corrección de incentivos); la corrupción, especialmente en el crecimiento exponencial del gasto en procedimientos y servicios no POS (plan de beneficios con lista negativa); y la incapacidad de incorporar la atención primaria y las redes integradas de servicios.

No obstante, se reconoce la existencia de unos logros: cobertura casi universal, unificación del contributivo y el subsidiado, mejor acceso a servicios y protección financiera.

Más plural

La propuesta concede, como ya lo había hecho el ministro, que en muchas regiones (y en especial en zonas rurales y de población dispersa) las ganancias con el modelo de aseguramiento y competencia habían sido muy pobres y que pretender un único esquema en un país tan diverso no había sido una buena decisión.

La territorialización y la regionalización forman parte de los instrumentos para enfrentar esta debilidad. Además, registra varias tareas pendientes en salud pública. Pero, al respecto, considera que este déficit será abordado en el Plan Decenal, por lo cual no ocupa un espacio importante.

La iniciativa se presenta simultáneamente con uno de ley estatutaria, destinado a reconocer (ratificar) a la salud como derecho fundamental y a definir sus contenidos y límites. Este elemento es también una respuesta al movimiento social por la salud, que ya había presentado el proyecto de ley estatutaria 105 ante la Comisión Primera del Senado.

El texto, por desgracia, deja más preguntas que tranquilidades. Muchos aspectos cruciales, especialmente referidos a los nuevos roles de los viejos actores, no son suficientemente claros. El hecho de que se trate de una iniciativa eminentemente política puede explicar este rasgo, que pareciera extraño en un ministro de origen académico.

Esperanzas a medias

Las ambigüedades han llevado a que algunos críticos consideren que se pueda tratar de un cambio de nombres para regresar a más de lo mismo.

Por eso, por ejemplo, se esperaría que todos los congresistas que tengan participaciones en EPS, IPS o gremios, que hayan recibido apoyo financiero para sus campañas por actores interesados y que tengan deudas morales por su responsabilidad en descalabros institucionales o algún otro conflicto de interés dieran un paso al costado y se abstuvieran de deliberar y de votar. Las sesiones deberían ser abiertas y de frente al país.

Finalmente, es necesario examinar cómo el proyecto enfrenta el gasto desbordado en servicios no POS. Su exposición de motivos atribuye gran peso a la “desactualización” del POS como factor explicativo. Pero, en otras presentaciones, el ministro ha sugerido que fue más la consecuencia de un fenómeno de “alineación perversa de incentivos”, una manera sutil de llamar a la corrupción. De cualquier modo, propone el fin de los recobros y el cambio a una lista negativa de exclusiones “razonables”.

Aun sin claridad sobre su significado, la propuesta parece un punto de partida bastante más justo que las amenazas de emergencia social o los fallidos intentos de actualización a cargo de la extinta Comisión de Regulación en Salud (CRES). Ella angustia mucho a los médicos –compañeros de fórmula del presidente para la foto–, que siempre vieron en el POS una amenaza a la autonomía médica, y a la gran industria farmacéutica, que ha hecho de la autonomía médica su negocio más rentable en Colombia y en el mundo.

(Por:Fin/Francisco Rossi – Director Fundación Ifarma/GAC/sup/fgd)
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