27 de octubre de 2021
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Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

¡No más politiquería en la salud!

6 de mayo de 2013

Cuando en octubre del año pasado, el recién posesionado superintendente Gustavo Morales empezó su gestión, comenzaron las presiones políticas de congresistas, según el propio funcionario le reveló a varios medios hace una semana, y puso como ejemplo las visitas de Karime Mota y Antonio Correa, interesados en ciertas investigaciones que hacía la entidad.

Pero tales presiones tuvieron una connotación específica la semana pasada al anunciarse la liquidación de Solsalud, tras la muerte de un menor por falta de atención, pues el propio superintendente Morales aseguró que el presidente del Senado, Roy Barreras, lo visitó para pedirle que cambiara al interventor de esa EPS.

Barreras, médico de profesión, ya había sido mencionado por la prensa por su presunta influencia en la designación de funcionarios de Caprecom, lo que el senador negó de manera vehemente.

La Comisión Séptima del Senado se ocupa, entre otros temas, de la Seguridad Social, y le corresponde por eso estudiar la reforma al sistema de salud. De ella hacen parte el senador Correa mencionado por el superintendente y parlamentarios que al parecer tienen intereses o vínculos con algunas EPS, lo que preocupa bastante a la comunidad, que teme una ley acomodada para favorecer a estas empresas que son las principales responsables de la crisis, aunque el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, confía en el papel de la ciudadanía indignada para presionar al Congreso a ser responsables en este caso.

Aunque la reestructuración de las EPS que propone el Gobierno en la reforma no es tan de fondo como pregona el ministro, la ciudadanía debe estar atenta para que las buenas intenciones del proyecto no naufraguen por cuenta de los cambios durante el trámite de la reforma.

En el proyecto, las EPS serias, que cumplen con sus obligaciones, se pueden convertir en EGS (Empresas Gestoras de Salud), las cuales operarán en forma distinta a la estructura actual, por ejemplo, sólo pueden funcionar en zonas específicas, compartirán los riesgos, no manejarán recursos y van a ser remuneradas por evitar enfermos, no por atenderlos. Las EPS ineficientes o incapaces serán liquidadas.

Pero la ciudadanía no puede dormirse y debe seguir el trámite del proyecto, no sólo en las audiencias públicas sino en todas sus etapas.

La buena atención en salud es un derecho de todos los colombianos y un gran porcentaje de la población contribuye económicamente cada mes para recibirlo, de manera que su responsabilidad es defenderlo con toda su voluntad y su esfuerzo.

El Universal/Editorial