2 de marzo de 2021
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Imputarán cargos a concejales Orlando Parada y Andrés Camacho

24 de mayo de 2013
24 de mayo de 2013

Así lo anunció el fiscal Eduardo Montealegre, al señalar que el ente investigador posee evidencias claras de que los concejales hicieron parte de las irregularidades en los contratos de la Fase III de Transmilenio.

“Existen serios indicios de responsabilidad en contra de los dos concejales y de Hernández, que se han obtenido con base en documentos e información aportada en el proceso de colaboración a la Justicia, por parte de Emilio Tapia, Julio Gómez y recientemente, el exconcejal Hipólito Moreno”, dijo el fiscal Montealegre.

En la investigación también fue vinculado Iván Hernández, quien era director de la Unidad de mantenimiento Vial en Bogotá, en el año 2009.

Parada ha sido mencionad por Emilio Tapia, uno de los protagonistas del carrusel de contratación, como el poder detrás del Fondo de Vigilancia y de haber participados de jugosas ‘mordidas en la Empresa de Acueducto de Bogotá’.

Uno de los contratos en que ha sido involucrado el adjudicado el 13 de octubre de 2011 por la administración de Samuel Moreno a la firma colombo-española Distromel S. A., por un valor de $106 mil millones. El negocio fue celebrado por el consorcio y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) con el fin de integrar en una sola plataforma de tecnología toda la prestación del servicio de aseo en Bogotá.

En el contrato hubo una cadena de irregularidades en el diseño, implementación y soporte de la plataforma que ya provocaron una multa de la Uaesp por $85 millones y, además, que la Contraloría General pusiera su lupa sobre el contrato y su anticipo por $30 mil millones.

Distromel tenía la obligación de sistematizar y calcular las toneladas de residuos sólidos que recogían los operadores de aseo en Bogotá, que llegaban al relleno Doña Juana. No obstante, poco después de entregado el contrato vinieron los primeros contratiempos. La Corte Constitucional tumbó el proceso de licitación de recolección, barrido y limpieza de Bogotá en noviembre de 2011 aduciendo que el Distrito debía estructurar nuevamente los pliegos de condiciones e incluir a los recicladores. En ese limbo, sin embargo, en criterio de la Contraloría, no había lugar a que se otorgara el millonario anticipo a Distromel, pues todo había quedado congelado y había que barajar de nuevo licitaciones y operadores.

Por su parte, Camacho Casado fue señalado por la edil de Teusaquillo Gloria Oramas, una de las primeras en comenzar a investigar y denunciar el carrusel de la contratación.

«Él dirigía y ordenaba las contrataciones, y las fuentes consultadas nos han llevado a tener un dato de más de 30.000 millones de pesos en contratos durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas», dijo en su momento la Edil.

«En una localidad tan pequeña como Teusaquillo, en ese entonces el presupuesto de la localidad era de unos 8.000 millones de pesos. Él perfectamente tenía contrataciones por 1.200 millones de pesos, es decir, más del 10 por ciento», señaló.

El concejal es señalado como una de las fichas de los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia.

Según reveló la revista Semana, Camacho ha tenido un incremento patrimonial que no corresponde a sus ingresos como concejal y que, según la revista Dinero, se evidencia en casas de recreo y autos lujosos.

Dos ediles también han denunciado ante la Contraloría y la Procuraduría que Camacho estaría detrás de una red de fundaciones que ha contratado con el distrito. Las fundaciones tienen sus sedes en inmuebles que pertenecen al concejal o a su familia.

Esta semana el exconcejal Hipólito Moreno se declaró culpable de haberse lucrado de comisiones por el otorgamiento de un contrato por 67.000 millones de pesos de ambulancias para el Distrito. Mientras que el concejal José Juan Rodríguez, se declaró inocente de los cargos que le imputaban y se espera que este jueves se defina si será enviado a prisión.