12 de agosto de 2022
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“El nuevo Código Penitenciario y Carcelario apunta a convertir el trabajo de la población reclusa en un deber y en un derecho”

18 de mayo de 2013
18 de mayo de 2013

“La resocialización tiene que ser la ejecución de la pena. Nada justifica la pena si no se logra la resocialización del individuo en un centro de reclusión. Por ello, el nuevo Código establece el trabajo como un deber y un derecho. Hay que acabar con eso de que como no hay cómo  resocializar no tiene derecho a redención. Eso es inequidad”, expresó.

Y agregó: “cuando la persona haya superado la etapa que la ubique dentro de los parámetros para iniciar una resocialización, y poder así redimir pena, pero el establecimiento reclusión no sea capaz de suministrarle trabajo o algún proyecto productivo, se tendrá que contar su redención de pena como si estuviera trabajando. Repito, el trabajo se consagra en nuestra propuesta como un deber y un derecho”.

En su visita, la Ministra de Justicia destacó como un modelo a replicar en todo el país, el caso de La Badea, la cárcel de mujeres de Pereira, donde la totalidad de las internas acceden a labores de estudio, enseñanza o trabajo y resaltó el papel fundamental que en este proceso ha jugado el sector privado.

“Hay que vincular al sector privado. La cárcel La Badea es un ejemplo de resocialización. Vale la pena señalar que en ese centro de reclusión el sector privado se vale del trabajo de las internas, remunerado adecuadamente y con todos los derechos legales para producir maquilas, para fabricar ropa. Una señora que aprendió de confección quedó en libertad y al otro día tenía trabajo. También tenemos el caso de una mujer que el año pasado fue el mejor Icfes de Dosquebradas, y lo logró estando recluida en este centro penitenciario”, indicó.

La Ministra de Justicia también aseguró que el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, propone el fortalecimiento de la justicia alrededor del interno: “Un Juez de Ejecución de Penas no podrá tener más de 300 casos de personas condenadas. No hay derecho que en Bogotá haya 1.800 peticiones de libertad sin resolver. El número de jueces no es acorde con la cantidad de peticiones que se presentan”, dijo.

Actualmente, se viene trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura para la asignación de más jueces de ejecución de penas: “hace unas semanas nos asignaron 19 funcionarios ubicados en diferentes partes del país para resolver los casos”, indicó. Sin embargo, concluyó, “la petición de libertad se respeta”, por ello indicó que hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de este aspecto.