24 de febrero de 2021
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El Gobierno debe ser más coherente

25 de mayo de 2013

Pasada la euforia de la Alianza del Pacífico -una apuesta muy importante para el futuro de Colombia- estamos otra vez en el aquí y ahora. ¿Cómo vamos a salir de los problemas inmediatos de la caída del sector industrial y manufacturero del país? ¿Qué va a hacer el país mientras Pipe responde? ¿Y con qué contamos ahora que el crecimiento del PIB este año va a la baja? Colombia no debe olvidarse que ahora es el tercer país de América Latina con mayor inversión extranjera directa -superando a México y sólo por debajo de Brasil y Chile- es a la vez un reconocimiento a unas políticas macroeconómicas serias que ha implementado de tiempo atrás y un recordatorio de que esos flujos son hoy en día insustituibles para lograr el desarrollo social que necesita Colombia. Mejor aún: para lograr el salto social que exige nuestro país, la inversión extranjera es la garrocha para lograrlo.

Por esa razón hemos hecho un constante llamado a que el Gobierno coja el “toro por los cachos” en el sector minero, porque la IED en el sector de petróleo, hidrocarburos y minería bajó 2%  entre enero y abril, comparado con el año anterior. Y éste sector representa 84% de la totalidad de los ingresos por ese concepto.  Si el precio internacional del oro ha bajado más del 20% este año, ¿cómo vamos a lograr atraer el capital extranjero sino con reglas claras? Asumir la responsabilidad de reimpulsar el sector debe ser visto como una condición absolutamente necesaria para poder generar las transferencias hacia una mayor equidad en el país.

Nada más paradigmático que el asunto de Santurbán par que el Gobierno se la juegue con la minería responsable. Un estudio reciente de 60 profesionales idóneos para identificar los impactos de proyectos de infraestructura en la región de Angostura, arrojó que no se encontraron coberturas características de los ecosistemas de páramo -finalmente hay comunidades asentadas ahí hace 450 años- pero alerta que la conservación del ecosistema exige un diseño participativo entre empresas y comunidad para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Que es finalmente el argumento que aquí defendemos: una minería que utilice de manera responsable los recursos naturales para poderlos transformar en la generación de ingresos para el país. Porque si no lo hacemos nosotros, con una minería regulada, supervisada y con una participación de las comunidades afectadas, lo va a hacer la ilegalidad, perpetuando -ahí si intergeneracionalmente- la miseria y la violencia de los colombianos más pobres.

La administración Santos -lo hemos dicho en muchas ocasiones- deben pasar más de los anuncios a los hechos concretos que transformen en país.

La República/Editorial