25 de febrero de 2021
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Director del Inpec y Ministra de Justicia analizarán alcance de emergencia carcelaria

29 de mayo de 2013
29 de mayo de 2013

El marco legal de la Emergencia Carcelaria es el artículo 168 de  la ley 65 de 1993, que establece dicha figura para atender casos de seguridad y riesgo sanitario.

El Director del Inpec está facultado para tomar las medidas necesarias con el fin de superar la situación presentada como traslados, aislamientos de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la Fuerza Pública.

Así mismo, en los casos de riesgo sanitario, el Director del Inpec acudirá a las autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboración, estando obligadas a prestarla de inmediato en coordinación con los centros de reclusión afectados.

Igualmente, el artículo otorga la faculta al Director para disponer de los traslados de los internos a los lugares destinados. También podrá realizar los traslados presupuestales y la contratación directa de las obras para conjurar la emergencia, previo concepto del Consejo Directivo del Inpec.

“El pronunciamiento del señor Presidente, doctor Juan Manuel Santos, es un respaldo, un espaldarazo al Instituto, a su Director, y a la población carcelaria; a los 117.700 internos recluidos en los 138 establecimientos para afrontar la crisis, sobre todo en salud. Gracias a su apoyo se procederá a decretar el estado de emergencia carcelaria. El paso siguiente es una reunión con la señora Ministra de Justicia para analizar el alcance de esta medida”, señaló el General Gustavo Ricaurte.

Es necesario aclarar que la emergencia carcelaria es una figura de carácter administrativo, con una naturaleza jurídica diferente a los estados de excepción regulados en los artículos 212 a 215 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

La emergencia carcelaria se asemeja a otras figuras administrativas como la contratación estatal por urgencia manifiesta,  en la cual la ley hace más ágil ciertos procedimientos.

Por su parte, es necesario reiterar que la emergencia carcelaria no permite excarcelación, ni siquiera de aquellos internos que tengan pena cumplida o libertad condicional. El alcance jurídico de esta figura no es el de otorgarle al Gobierno facultades legislativas, a tal punto que permita dictar normas que ordinariamente le corresponden al Congreso de la República, como lo estableció la Corte Constitucional en sentencia C-59 de 1993.