16 de agosto de 2022
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Alcalde Petro en la Procuraduría

30 de mayo de 2013
30 de mayo de 2013

El 47 por ciento de las basuras se acumuló en esos cinco días, según registro del ingreso de las mismas al relleno sanitario Doña Juana, causando el impacto visual en las calles que molestó a la ciudadanía a finales del año pasado.

Con las medidas de emergencia adoptadas por el Alcalde, entre ellas el uso provisional de volquetas no compactadoras, se protegieron la salud y el medio ambiente y se garantizó el servicio.
Al término de dos jornadas de versión libre ante la Procuraduría, el Alcalde dijo que se declara contento, pues fueron “catorce horas de demostración de que todas las actividades del Alcalde y sus funcionarios cercanos estuvieron dentro de la Constitución, las normas internacionales y la ley, y que se garantizó de que la ciudad de Bogotá  para el 18 y el 19 de diciembre no tuviera impactos ambientales”.

En diálogo con periodistas, el Alcalde Petro dijo que esos impactos y daños ambientales se produjeron debido a una actitud que consideró criminal, de retención de la flota de compactadores que era propiedad del Distrito, en manos de los operadores privados que gozaban de la confianza de la ciudad que había contratado con ellos los servicios durante una década antes.

“Y se demostró plenamente que miles de toneladas durante los días 13, 14, 15,16 y 17  de diciembre incluido, dejaron de entregarse al relleno sanitario, aumentando exponencialmente la amenaza, que ya por la amenaza de retener la flota, estas personas que habían derivado ganancias y confianzas de los usuarios del aseo de la ciudad de Bogotá, hicieron”, aseguró el mandatario.

Pide investigaciones

Estudios de la Unidad  Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y de la Secretaría de Ambiente, lo demuestran, por lo que el Alcalde pidió que se escuchen las declaraciones de los técnicos responsables de dichos estudios.

Al respeto, el Alcalde pidió investigar los posibles delitos contra la salud pública y denunció que los operadores o concesionarios se resistieron a devolver al Distrito los vehículos, bases de datos y software de las concesiones que finalizaban el 18 de diciembre, con el fin de crear la emergencia en el servicio de recolección de aseo.

Petro aseguró en la Procuraduría que “con documentos y estudios técnicos hemos probado que el Alcalde no armó el basurero que se le endilga, y que el medio ambiente, la salud pública y el servicio de recolección de basuras no se afectaron. Fueron los operadores privados, en los últimos días del negocio de las concesiones que tenían y se acababan, los que dejaron de recoger la mitad de las basuras”.

“Con la Constitución y la ley atendimos la emergencia, pusimos en marcha un sistema transitorio y dotamos a la ciudad de un nuevo esquema con más cobertura y mejor servicio”, agregó.

Y dijo que a la hora de mirar el bosque y no el árbol, estudios técnicos demuestran que se protegió la salud y el medio ambiente frente a los riesgos generados por el fin del negocio de la concesión y las trabas o demoras legales para la nueva licitación

Tranquilo y orgulloso

En su diálogo con los periodistas al terminar la diligencia de versión libre, el Alcalde Petro dijo que se siente tranquilo y orgulloso.

“Tranquilo, porque en 14 horas hemos demostrado fehacientemente la legalidad de los actos del Distrito, la constitucionalidad de los actos del Distrito, y orgulloso porque esta Alcaldía pudo, a través de todos sus sistemaS de gestión de riesgos, hacer que en dos días un enorme daño ambiental que se hubiese podido producir, no se produjera”.

Agregó que el Alcalde no se apartó de la Constitución ni la Ley para proteger a la ciudad de Bogotá. “Fueron otros los que violaron la ley para proteger sus intereses, y eso debe ser investigado”, finalizó Petro.