26 de octubre de 2021
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¿Corrupción e impunidad en Dignatarios del Estado?

20 de abril de 2013

Una reforma a la justicia no encierra ese tabú que se le quiere impregnar ni es un tema tan complejo como se quiere mostrar, sólo se requiere ser práctico, tener voluntad política y un verdadero sentido del deber por parte de aquellos que tienen la iniciativa de la ley y la facultad de aprobarla, en donde prime el interés general a cualquier beneficio particular, sea económico o de otra índole. Y el gran error, en mi modesto ver, radica en mezclar todos los temas que la aquejan no separando los estructurales de los coyunturales, porque una cosa es la congestión en los despachos judiciales y otra muy distinta seria avocar el tema sobre la investigación y juzgamiento de ciertos altos funcionarios o de estudiar la supresión de tantos subrogados penales y para ciertos delitos.

Si se lograra solucionar y/o modificar los tres casos citados anteriormente, se estaría logrando un avance significativo para conjurar  parte considerable de la corrupción y de impunidad, teniendo muy presente que estas pandemias se campean en todos los despachos públicos, siendo más sofisticada y en grado superlativo en los de los Altos Dignatarios del Estado, lo que hace necesario que la reforma garantice el fácil acceso de cualquier persona denunciante al órgano encargado de investigar y juzgar, de manera expedita, eficaz y pronta, a todos los aforados, Presidente de la República, Magistrados de las altas cortes y Fiscal General de la Nación.

Hemos tenido un variopinto de personajes, tanto de Presidentes, como de Magistrados y como Fiscales, que han desbordado la sensatez, la ponderación y las buenas maneras que nos legó Carreño, y han incurrido en desafueros, abusos de autoridad, veleidades y en una ostentación de  prepotencia empalagosa que les hace olvidar su condición de empleados públicos y se exhiben y ‘contonean’ como Seres superiores, sólo por el prurito de ampararse en un extravagante y odioso ‘fuero’ frente a la acción penal y administrativa disciplinaria que, por su engorroso trámite, y los intereses políticos y clientelistas que los rodean, les permiten permanecer en una vergonzosa impunidad.

No veo ninguna razón para que en Colombia se mantenga obstinadamente la facultad de investigar a ciertos funcionarios en la Cámara de Representantes, a través de su Comisión de Acusaciones, ya que inveteradamente han dado muestras de ineptitud, desidia e irresponsabilidad (prevaricato) y corrupción para realizar su cometido. Es urgente y necesario implementar mecanismos rápidos, expeditos y eficaces que garanticen la investigación de estos funcionarios, como ha ocurrido en otros países (Argentina o Perú, etc,.). Aquí, ha sido imposible, salvo en el juicio a Rojas Pinilla, adelantar alguna investigación de responsabilidad política o penal  a un  aforado.

¿Creen Ustedes qué si tuviéramos un procedimiento y una jurisdicción y competencia distinta a la actual para investigar y juzgar a un Presidente o a un ex, hubiésemos vivido episodios tan bochornosos y abominables como las ‘chuzadas del Das’ o los ‘falsos positivos’ o los Cohechos que permitieron la reforma para la reelección presidencial o la determinación arbitraria y unilateral de extraditar a los jefes paramilitares volviendo nugatoria de Ley de Justicia y Paz o la presunta ‘traición a la Patria’ por la divulgación de las famosas coordenadas?¡Por supuesto que no!.

Situaciones similares que producen arcadas y repugnancia se han dado y se dan a granel en la Fiscalía General, convirtiéndose en hervidero de corrupción y ‘galvanizador’ de impunidad, inferencia que hago sobre ciertas bases sólidas: Fernando Londoño Hoyos, reconocido Jurista y Columnista, en uno de sus artículos publicado por el Diario La Patria de Manizales – “Fiscales: Tragedia nacional” –  señala de manera cierta y veraz algunas fallas estructurales, además, hace mención de algunos hechos  que se han dado en esa Entidad, y que no compartimos por falta de pruebas contundentes, como es el caso de Alfonso Gómez Méndez.

Dudo mucho que se vuelva a repetir una era o etapa tan aciaga y negra como la que se padeció con el fiscal Luis Camilo Osorio, manizaleño de nacimiento y dipsómano por adopción, quien sobresalió dejando huella indeleble por su inocultable simpatía, protección y ayuda desvergonzada a la cúpula paramilitar y, especialmente, a sus benefactores incrustados en las Fuerzas Armadas, como el General Rito Alejo del Rio o el General Santoyo.
Y ni hablar de la época del ‘timorato’ y sinuoso fiscal Valdivieso Sarmiento en el manejo burdo y arbitrario que le dio al proceso 8.000, todo por anteponer su ingenua e inverosímil aspiración presidencial; y qué decir del ‘tontanato’ y del “aquelarre” bajo la dirección del fiscal Iguarán Arana, de quien Londoño Hoyos dijo todo, y que sólo me quedaría por agregar su falta de entereza, honradez y dignidad en el manejo de ciertos procesos que se vieron limitados por su temor reverencial hacia Uribe.

En cuanto al actual fiscal Eduardo Montealegre, tengo mis reservas bien fundamentadas en cuanto a su ética y moral, y el país lo sabe y lo calla por cobardía, fue Abogado defensor de SaludCoop y, como tal, cobró y le cancelaron por esos exorbitantes honorarios la suma de 6.000 millones de pesos, a sabiendas de que ese dinero provenía de un ‘raponazo’ a los recursos de la salud; además, todo parece indicar que está siguiendo los pasos de Luis Camilo Osorio, respaldando abiertamente (así lo indica su mutismo ante innumerables quejas) a unos funcionarios de la Fiscalía, inequívocamente comprometidos con el contubernio político-paramilitar.  Su actitud es vergonzosa y poco digna, salvo que sus desleales Asesores le hayan ocultado copiosa información que he aportado en más de 20 Derechos de Petición, sin respuesta alguna.

En la Fiscalía 13 Anticorrupción – proceso 2004- contra Juan Alberto Pérez Cobus, ex Alcalde de Victoria (Caldas), jefe político local y reconocido paramilitar protegido por el Partido de la U. -se cerró la investigación por Celebración Indebida de Contratos, dictándose resolución de acusación en Marzo 24 de 2011, decisión que fue apelada y correspondió su conocimiento a la Fiscalía 62 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin ningún pronunciamiento hasta la fecha. Lleva este diligente y supersónico funcionario 23 meses sin resolver una simple apelación contra una imputación de cargos. ¡Qué atafagado!

En la Fiscalía 25 Antiterrorismo reposa, en un prolongado sueño, el  proceso 314-Concierto para Delinquir- modalidad de paramilitarismo-, sin que se conozca ninguna decisión, no obstante obrar en el expediente la declaración de Orlando Vargas Moreno y Guillermo Giraldo Jaramillo, víctimas de carne y hueso del paramilitarismo que sindican de manera inequívoca y contundente a Juan Eduardo Caicedo Hoyos, actual Alcalde de Victoria (Caldas) por el Partido de la U., quien junto con mi hermano Germán (qepd), provocaron un ‘juicio popular o inquisitorio’ que les hicieron los paramilitares en Puerto Triunfo- Doradal-  en la finca Las Mercedes de propiedad de Ramón Isaza, en donde se les sindicaba de ser ‘auxiliadores’ de la guerrilla y se pedía a gritos su descuartizamiento. Hasta el momento no se ha dictado Auto de apertura de investigación, y lleva la denuncia 73 meses. ¡Qué tal esto!!

Estos dos personajes mencionados, tienen el respaldo irrestricto, a sabiendas de su condición, de la dirigencia del Partido de la U. en Caldas, incluidos los que se han beneficiado o usufructuado de muchos votos depositados por el ‘pueblito’ a su favor y conseguidos por todos los medios. En la Corte Suprema reposa denuncia contra unos parlamentarios por estos hechos y se encuentra stand by, hasta que se resuelva la situación jurídica de Pérez Cobus y Caicedo Hoyos, en la mencionada fiscalía.

Señor Fiscal, en una declaración suya referente al caso del Diputado del Valle, manifestó:  “Que la orden de captura se profirió con base en elementos probatorios serios y sustentado en una jurisprudencia de la Corte Suprema, donde se dice que en casos de vinculación de políticos con grupos al margen de la ley se dicta orden de captura para indagar; que la Fiscalía con sus actuaciones demuestra que es garantista y que reconocer la verdad es hacer justicia”. Por qué tanta ambigüedad y contradicción ¿Por qué esa justicia selectiva? ¿Qué pasó con estos paramilitares de Victoria?

Los tumbos, el estancamiento  y las desviaciones en las investigaciones por parte de la Fiscalía, son preocupantes y dejan mucho que desear: como el error garrafal que se cometió con el Diputado del Valle, Sigifredo López; ¿Qué ha pasado con esa mafia poderosa que saqueó la Dirección Nacional de Estupefacientes?¿Qué ha pasado con las famosas ‘chuzadas’ del DAS?¿Qué ha pasado con la desmovilización ficticia de la cacica Gaitana que nos obsequió Luis Carlos Restrepo?¿Qué sucede con la investigación por la desviación de los recursos de la Salud en donde están comprometidos SaludCoop y su dueño Palacino, su íntimo amigo?¿En qué va la investigación contra Carlos Alonso Lucio por la denuncia que le hiciera Luis Carlos Restrepo por Concierto para Delinquir y otros delitos más?

Al Fiscal General de la Nación lo investiga penalmente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y como la Constitución y la ley no expresaron que órgano tiene la competencia para investigarlo disciplinariamente, si la memoria no me falla, por jurisprudencia de la Corte Constitucional se le asignó al mismo que lo investiga penalmente. Como quien dice está sobre protegido para hacer lo que le venga en gana. Se imaginan como sería de Fiscal General el señor Alejandro Ordoñez Maldonado. ¡Qué terror!!

Manizales, abril 20 de 2013.