17 de octubre de 2021
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Disentir o Denunciar: ¿Estigma o Muerte?

13 de abril de 2013

maro aurelio uribeEn Colombia se volvió casi un imposible el disenso y el deber a denunciar, ya que quien se atreva a esta osadía, queda expuesto a las balas asesinas o a la estigmatización inclemente como medios efectivos para acallar las voces solitarias que se levantan contra las injusticias o los desafueros cometidos por la autoridad o por los grupos al margen de la ley; o a las transgresiones al Estado Social de Derecho, en lo que respecta a sus instituciones; o a los actos y hechos de corrupción, etcétera , etcétera,. Este solaz sólo lo pueden tener los que no disienten o los encubridores que callan y nunca denuncian.

He sido víctima de amenazas de todo orden y de innumerables estigmatizaciones verbales, incluida mi familia en los diferentes grados de consanguinidad, y este viacrucis de zozobra comenzó a partir del momento en que denuncié (2007) a determinadas personas y a sus padrinos políticos de participación y apoyo directo a grupos paramilitares del Magdalena Medio, y de otros hechos de corrupción. Situación bastante conocida, y cobardemente callada y cohonestada, tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Fiscalía General, esta última en cabeza de su Fiscal General,  a quien le atribuyo su posición como a una inicua retaliación por haber cuestionado, en muchas ocasiones, su falta de ética y de moral frente a SaludCoop- EPS -, empresa señalada de ser la más defraudadora de los recursos de la Salud y de la cual fue su Apoderado defensor en este ‘raponazo’.

Antes de la instalación del Congreso Nacional, en su última legislatura del periodo constitucional 2010-2014, y haciendo uso del derecho sagrado del libre pensamiento y de la libertad de expresión, y ante la inminente elección de Hernán Penagos Giraldo, como Presidente de la Cámara de Representantes, manifesté mi inconformidad y elevé mi voz de protesta ante unos endebles y patéticos directorios políticos, a fin de evitar semejante despropósito y vergüenza al darle nuevamente cabida, ya no camuflada, al paramilitarismo en la rama legislativa. De esta inconformidad argumentada, y buscando apuntalarla, ¡qué ingenuo!, corrí traslado dizque a los medios de comunicación, sin obtener el más mínimo eco, claro, por supuesto, sin mediar pauta publicitaria. (Ver https://www.eje21.com.co/cultura-secciones-54/75403-ivolveran-los-paracos-a-colgar-sus-nidos-en-el-capitolio.html)

Una vez hecho este inmenso daño a la democracia con dicha elección, la cual se dio con la connivencia y aquiescencia  de unas desprestigiadas agencias políticas, en otrora directorios, me di a la tarea de revisar unos documentos que había aportado como pruebas en unas denuncias penales por Concierto para Delinquir y otros delitos, formuladas ante la Corte Suprema contra el senador Jaime Alonso Zuluaga y el Representante por Caldas, Hernán Penagos Giraldo, y en la Fiscalía contra el Alcalde actual de Victoria, Caldas, Juan Eduardo Caicedo y el ex Alcalde del mismo municipio, Juan Alberto Pérez Cobus.

Penagos Giraldo, antes de ser elegido Diputado a la Asamblea de Caldas para el periodo constitucional 2008- 2010, tuvo una sinecura en mi Aldea natal y ostentaba el pomposo cargo de ‘asesor jurídico’, lo que me llevó a seguir su periplo burocrático, hasta que me encontré que había sido diputado hasta el 31 de julio de 2009, fecha en la que renunció a su investidura para aspirar a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral de Caldas, periodo 2010- 2014, en las elecciones que se realizarían el 14 de marzo de 2010. Hasta aquí sin ninguna novedad o contratiempo.

Pero, llegamos al paso malo para los intereses de la institución y del mismo congresista, resulta que el mencionado señor en sus respetables aspiraciones logró que lo eligieran Presidente de la Duma, y se desempeñó como tal del 1° de enero de 2009 al 31 de julio del mismo año. La ordenanza 429 de 2001, modificada por las ordenanzas 463 de 2002 y 560 de 2006, le asigna las funciones al Presidente de la Asamblea, y dentro de las múltiples funciones tiene: actuar como su Representante Legal; conceder licencia a los Diputados; velar porque los subalternos cumplan sus funciones y deberes; celebrar los contratos que demande la Corporación; disponer los gastos de la Corporación con sujeción a las apropiaciones presupuestales y las necesidades del ente y autorizar el pago de los emolumentos y demás prestaciones económicas para diputados y empleados.

El caso que nos ocupa no hace referencia ni tiene relación con la situación de los diputados en general, ya que estos no ejercen ninguna jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar; contrario sensu, es el caso concreto que afronta el Presidente de la Asamblea de Caldas, y creo que en el resto de Asambleas, de conformidad con las funciones específicas señaladas en norma vigente, incurriendo así, de manera palmaria e incontrastable, en la inhabilidad consagrada en el artículo 179 – numeral 2, en concordancia con el artículo 299 de la Constitución Política.  

Cuando el Consejo de Estado admitió la demanda por Pérdida de Investidura del congresista en mención, recibí una llamada de un señor Periodista del Diario La Patria y me pidió una declaración al respecto, manifestándole que no tenía interés en ningún protagonismo, que sólo buscaba que no se transgrediera la ley, a lo cual me informó que el demandado había declarado que no estaba incurso en ninguna inhabilidad, que existía una jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el asunto, motivo por el cual se sentía seguro y que la demanda no tenía peso jurídico.

La verdad sea dicha, en principio creí que de pronto me había equivocado por ligereza, y me preocupé, pero no; escudriñé por cielo y tierra sobre esta jurisprudencia con resultado negativo. El artículo constitucional que menciono como transgredido no tiene ninguna modificación por reforma o sentencia de inexequible o jurisprudencia interpretativa, y mal haría la Corte Constitucional en excluir de esta normativa a un servidor público, como lo es un Presidente de una Asamblea Departamental, y quien ejerce una innegable y notoria autoridad administrativa. Y en gracia de discusión si este evento se diera se estaría violando en flagrancia el derecho fundamental a la igualdad, situación que jamás sería cohonestada por la Corte.

Apostilla: Hay que tener en cuenta que el Presidente de la Cámara de Representantes, ostenta una doble condición la de legislador y la de Abogado.
El proceso en la Corte está radicado con el No 36164, tenía Auto Inhibitorio y se solicitó su reapertura con aporte de nuevas pruebas.
Los procesos 314 y 2004, se adelantan en la fiscalía 25 de la Unidad Antiterrorismo y fiscalía 13 Unidad Anticorrupción, y llevan SEIS AÑOS. ¿De qué se ufana el Fiscal General?

Manizales, agosto 24 de 2013.

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