23 de octubre de 2021
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Corte Constitucional ordena reapertura de caso por abuso sexual de tío con su sobrina menor

22 de abril de 2013
22 de abril de 2013

El procesado, aprehendido en julio de 2011, fue judicializado porque presuntamente abusó de su sobrina varias veces durante ese año. Sin embargo, cuando el juez de conocimiento negó la entrevista de la menor como prueba de referencia, la Fiscalía quedó sin piso probatorio, ante la imposibilidad de que la víctima, que debió salir del país, compareciera a las audiencias.

Según las decisiones que precedieron el fallo de la Corte Constitucional, la prueba no fue admitida sólo porque la defensora, a la hora de la entrevista, no le hizo la salvedad a la niña de que no estaba obligada a declarar en contra de sus familiares.

Al respecto la Fiscalía Sexta Seccional de Pereira instauró una tutela en contra del Tribunal Superior de esa ciudad para salvaguardar los derechos de la menor, pero fue declarada improcedente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, tras la revisión de dicha tutela la Corte Constitucional revocó esta última decisión e igualmente dejó sin efecto la providencia del Tribunal Superior de Pereira y la del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), que negó la prueba.

Mediante sentencia T117/2013, el magistrado ponente, Alexei Julio Estrada, respaldó la posición de la Fiscalía a cargo de la investigación, teniendo en cuenta que no era necesario revictimizar a la niña.

La Corte Constitucional advirtió que el Tribunal erró al considerar que debía excluirse el relato de la menor porque se violaba el debido proceso para el acusado, ya que tanto esa corporación como el juzgado negaron la prueba sin ponderar los intereses en juego; pues de acuerdo con la Constitución Nacional deben prevalecer los de los niños, niñas y adolescentes.

De igual forma, se determinó que las tres instancias actuaron equívocamente, dado que el Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo relativo a los procedimientos especiales cuando los menores son víctimas de delitos, no contempla ninguna exigencia en materia de testimonio, y señala que los criterios que deben tener en cuenta las autoridades judiciales son los que respeten los principios y derechos de los menores.

En sus argumentos, la Corte Constitucional destacó que solo existe un documento vigente referente al tema del abordaje de la víctima en la investigación de delitos sexuales, que es el Reglamento Técnico del Instituto de  Medicina Legal, en donde no se exige alguna técnica en particular, distintas  a las que faciliten al menor contar lo ocurrido.

La sentencia también hace alusión a la edad de la víctima, pues el Tribunal desconoció que era innecesario someter a la niña a un cuestionamiento con información que ella por su corta edad no entendería; así como tampoco comprendería los alcances de una norma constitucional.

Finalmente, quedó revocada la absolución y, al adoptar esta decisión, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, deberá analizar el relato de la menor para proferir una nueva providencia.

En Pereira, es la segunda vez que la Corte Constitucional admite una tutela para proteger los derechos de menores víctimas de abuso sexual. La primera fue en 2011, cuando mediante sentencia T205/2011, el magistrado ponente Nilson Pinilla ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dotar en todo el país, con equipos de audio y video las áreas judiciales; con el fin de que los testimonios de los menores quedaran registrados sin tener que revictimizarlos.

En esta ocasión, el juzgado y el Tribunal habían dispuesto que ante la nulidad de un juicio, tres menores de edad, que fueron objeto de abuso por parte de su abuelo, tenían que volver a testificar, vulnerando igualmente sus derechos.