19 de octubre de 2021
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Alcaldía defendió transparencia en la adjudicación de obras en la torre de control de Matecaña

17 de abril de 2013
17 de abril de 2013

Diferentes medios de comunicación  han señalado que los procesos de contratación pública adelantados frente a la modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña acusan vicios tanto en su adjudicación como en los procedimientos.

«Es la justicia penal la encargada de determinar la falsedad de un documento», expresó a alcaldía, pero admiritió que, a pesar que el Municipio no es autoridad competente, se están adelantando labores de verificación dentro de los límites de la ley.

Frente al proceso de las obras de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Matecaña, la Alcaldía de Pereira se permite informar lo siguiente:

Mediante diferentes medios de comunicación, se ha señalado que los procesos de contratación pública adelantados frente a la modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña cuentan con vicios tanto en su adjudicación como en los procedimientos, razón por la cual es necesario hacer aclaraciones que le den tranquilidad a la ciudadanía, entes de control y medios de comunicación sobre la realidad de los hechos.

El proceso para la construcción de la Torre de Control, es diferente en todo su contexto al de la construcción de la ampliación de la cabecera 8 de la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña, pese a que ambos hacen parte del proyecto de modernización y se encuentran incluidos dentro del plan maestro de la entidad. El primero, tenía por objeto la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA” y que fue adelantado por la Secretaría de Infraestructura Municipal, teniendo presente que los recursos para su ejecución surgen de un convenio suscrito con la Aerovicil y el Municipio de Pereira.

Frente al proceso donde se asegura que la firma ICSA S.A., le fue adjudicado dicho contrato aportando para ello certificaciones falsas, es importante resaltar que para este proceso se presentaron 13 firmas a quienes en su totalidad se les respetó el debido proceso contractual, y se aplicaron los principios de transparencia, publicidad e igualdad, teniendo presente que los pliegos de condiciones fueron publicados y puestos a consideración de la comunidad en general desde el 21 de noviembre de 2012, como se demuestra en la página citada anteriormente, y todas las actuaciones realizadas en el proceso fueron puestas a consideración de los proponentes, lo mismo que la totalidad de las propuestas presentadas.

Para la revisión y valoración de los requisitos tanto habilitantes como evaluables de este proceso y presentado por los proponentes, fueron recibidos, observados y valorados dentro de los términos que exige el artículo 83 de la Constitución Política, presumiendo la buena fe y lo establecido en el artículo  25 del Decreto Ley 019 del 2012, corregido por el art. 1, Decreto Nacional 53 de 2012, y que señala “ELIMINACIÓN DE AUTENTICACIONES Y RECONOCIMIENTOS.   Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento.

En el mismo sentido, el artículo  36 del mismo Decreto 019 de 2012 señaló “PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE FIRMAS. El artículo 24 de la Ley 962 de 2005, quedará así: «Artículo 24. Presunción de validez de firmas. Las firmas de particulares impuestas en documentos privados, que deban obrar en trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se presumirán que son de la persona respecto de la cual se afirma corresponden. Tal presunción se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de falsa, o si mediante métodos tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad de la misma.

4. Por lo anterior, todos los documentos aportados por los proponentes fueron considerados como verdaderos. Tanto el informe de evaluación como las propuestas de la totalidad de los proponentes fueron puestos a consideración de todos durante el término legal de cinco (5) días hábiles, en los términos del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y el numeral 13 del artículo 2.2.5. del decreto 734 de 2012, pudiendo verificar los documentos aportados por ellos, incluso las certificaciones de experiencia que se daban como soporte del anexo 4 en el proceso.

Ninguno de los proponentes objetó o tachó de falso documento alguno de los incluidos en las propuestas, recibiendo observaciones por los diferentes proponentes, donde señalaban incumplimientos en requisitos de los pliegos de condiciones, y que llevaron a que, previa verificación de la información, quedara habilitado la entidad señalada, procedimientos debidamente documentado en el link ya mencionado.

5. De igual manera, oficialmente el Municipio de Pereira no ha recibido señalamiento alguno sobre la falsedad de los documentos presentados por el adjudicado, ni en el proceso, ni actualmente, enterándonos a través de los medios de comunicaciòn , por lo cual, de oficio, ya se han realizado las acciones de verificación con el contratista y la entidad que expidió el certificado, pese a que no somos autoridad competente para señalar la falsedad de un documento, debiendo adelantarse los procesos ante la jurisdicción penal, y hasta tanto no exista sentencia judicial que desvirtúe la legalidad y veracidad del documento, el Municipio no puede realizar actuación administrativa alguna, sin vulnerar derechos fundamentales del hoy ejecutante del contrato.

Así las cosas, hasta tanto exista pronunciamiento de autoridad competente sobre la presunta falsedad, habiéndose agotado el debido proceso en favor del contratista, la entidad no tomará medidas distintas a las de verificación del cumplimiento del objeto contratado, y las que la debida diligencia nos exige frente a la confrontación de la información, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes, si hay lugar, irregularidades o ilegalidades que sean encontradas, si se hallaren.

6. De otra parte, frente al proceso de cabecera No 8 del Aeropuerto Internacional Matecaña el cual se encuentra publicado en el Link https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-87722, adelantado con número 201313, y que aún no ha sido adjudicado, ya que se encuentra actualmente en traslado del informe de evaluación, y aun cuando es cierto que por situaciones ajenas tanto al Municipio como al Aeropuerto, el mismo proponente ICSA se encuentra habilitado, los proponentes interesados tienen plazo legal hasta el próximo viernes 19 de abril de 2013 para elevar las observaciones que consideren pertinentes y que pueden llevar a la deshabilitación o habilitación de otros proponentes, según la legalidad, oportunidad y realidad de las observaciones que al respecto se realicen.

7. FALLOS DE TUTELA A FAVOR DEL MUNICIPIO

Es necesario destacar que tal proceso fue atacado mediante siete acciones de tutela, alegando los tutelantes vulneraciones al debido proceso y a la igualdad, y en todos los siete fallos fueron declaradas como improcedentes tales acciones pues no se encontraron las afectaciones a los derechos fundamentales alegadas por los accionantes.

En este punto es de aclarar que dado que no existe fallo judicial que le impute al proponente la comisión de un hecho punible, el mismo no se encuentra inhabilitado para presentar propuestas y participar en procesos de selección objetiva ante entidades públicas, en los términos del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, debiéndose continuar el proceso en los términos que el estatuto de contratación estatal ordena.