17 de mayo de 2021
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La locomotora minera, entre mal y peor

4 de marzo de 2013
4 de marzo de 2013

albeiro valencia llano Los últimos gobiernos han venido imponiendo un modelo económico basado en actividades extractivas minero-energéticas, de acuerdo con las necesidades del capital financiero transnacional. El sistema se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales por parte de los monopolios extranjeros que vienen haciendo enormes inversiones; el año pasado ya superaban los 15 mil millones de dólares. De este modo la cacareada locomotora minero-energética ha sido la gran esperanza  económica de las dos últimas administraciones y se supone que debe arrastrar las otras ramas de la economía. Así, entre 2010 y 2011 el aporte de la minería formal al “desarrollo” del país creció 15,32% en producción de carbón; 4,29% en producción de oro; 5,30% en valor agregado del Producto Interno Bruto; 25,7% en exportaciones y 30% en regalías. Se dice que en este período estas empresas han comprado 2,6 billones de pesos a los proveedores nacionales y han generado 700 mil empleos directos e indirectos.

El presidente Santos, en el Primer Congreso Anual de Minería a Gran Escala, en febrero de 2012, en Cartagena, anotó que este sector es un vehículo “que recoge la riqueza del subsuelo y la transforma en inversión equitativa para el desarrollo del país”. Ante las críticas, porque a la locomotora “le faltan rieles”, dijo que en 2011 se había alcanzado una cifra récord en producción, de casi 86 millones de toneladas de carbón; que la de oro llegó a 56 toneladas, con un aumento del cuatro por ciento. Agregó que no estamos hablando sólo de oro y carbón, sino también de platino, cobre, fosfato, potasio, magnesio, hierro y uranio, entre otros minerales estratégicos para Colombia.
Enfatizó en la “confianza inversionista”, anotando que el Ministerio de Minas había expedido una resolución en la que se delimitan las Áreas Estratégicas Mineras: “estamos hablando de 313 zonas que suman 2,9 millones de hectáreas en 15 departamentos”, para ser entregadas mediante  procesos de selección objetiva, y que se desarrollen proyectos  “con los mejores estándares de responsabilidad social y ambiental”. Y agregó: “Aquí hay todavía espacio –de sobra- para recibir a las grandes casas mineras -y a las Junior, por supuesto- que estén dispuestas a trabajar en armonía con el desarrollo de Colombia”.

Además el Presidente garantizó la seguridad y señaló que cerca del 30% de los efectivos de la Fuerza Pública, 80 mil uniformados, están dedicados exclusivamente a proteger la infraestructura minero-energética del país. Se comprometió en la lucha contra el cáncer de la minería ilegal y anotó que “detrás de estas actividades está la guerrilla, están las bandas criminales, que han encontrado en este negocio una alternativa para financiar sus actividades”; pero se le olvidó mencionar que también sacarán del medio a los centenares de miles de pequeños mineros, que encuentran en esta actividad el sustento para sus familias.
Por último se refirió a la estabilidad del régimen tributario del sector, a la reforma tributaria que se iba a presentar en el Congreso y anotó que “esta reforma no está buscando más recursos, no necesitamos más recursos… Queremos es disminuir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias… para que se les facilite pagar los impuestos”. De este modo el Presidente presentó un panorama ideal para los inversionistas extranjeros. Es la prosperidad para pocos: la economía crece pero al ambiente le va mal, porque es un modelo depredador y empobrecedor.

¿Cuáles son los costos sociales y ambientales?

La locomotora minero-energética tiene una relación depredadora con la naturaleza y genera un nefasto impacto socio ambiental. Un claro ejemplo lo ofreció una de las barcazas de la empresa carbonífera Drummond que arrojó 500 toneladas de carbón en el mar de Santa Marta y le costó a la empresa la suspensión temporal de las actividades de carga en el puerto. El escándalo producido por las imágenes del accidente dejó flotando muchas preguntas sobre cómo la actividad minera afecta el ambiente y la salud de las comunidades. Y pensar que no se ha hecho ruido a los regalos que el estado colombiano le hizo, como beneficios fiscales y exención de impuestos a la compra de gasolina en la zona de frontera; dicen que sólo para el 2010 “el costo fiscal de los regalos del gobierno a Drummond costaron 218.694 millones de pesos”.

En Colombia se han otorgado cerca de 14 mil títulos mineros y el presidente Santos declaró 17 millones de hectáreas de la Amazonia y de la Orinoquia como zona de minería estratégica, pero ¿Qué pasará con la diversidad biológica y cultural de estas regiones? La llegada de la locomotora minera modifica el entorno natural de los pueblos, altera las economías naturales: la apropiación y utilización extrema del agua en la minería de cielo abierto, en la explotación petrolera, en las empresas hidroeléctricas y en la agroindustria energética, afectan el equilibrio ambiental y golpean a las comunidades.

Los megaproyectos mineros y energéticos arrinconan y envilecen la producción de alimentos. La concentración de la tierra, “el cambio de vocación del suelo”, la pérdida del interés de las comunidades rurales para cultivar artículos de subsistencia y el consumo de alimentos traídos de las ciudades, dejan la producción alimentaria en manos de las trasnacionales a través de los Tratados de Libre Comercio.
Hay otro problema y es el de la pequeña minería tradicional o artesanal. Estamos hablando de dos y medio de millones de personas que viven de esta actividad y deben enfrentar la persecución de las grandes empresas mineras y del gobierno, “pues viven en la ilegalidad”, debido a que no pueden cumplir con las exigencias financieras, técnicas y jurídicas. Como consecuencia el Estado reprime la minería informal lo que produce la protesta social contra la invasión que hace la locomotora minero-energética.

El futuro de la  locomotora minero-energética

Hoy el carbón está en crisis y frena la locomotora minera; esto es grave porque la producción minera  representó, el año pasado, el 10% del PIB y para este año bajará con toda seguridad. El economista Nicholas Stern, quien hizo el estudio sobre los costos del cambio climático, afirma sobre la posibilidad de abrir la Amazonia a la minería que “puede resultar más rentable dejar esos recursos enterrados que explotarlos”. Y la contralora Sandra Morelli advirtió sobre el desastre ambiental que “no se trata de ponerle rieles a la locomotora, sino pensar seriamente  en irnos bajando de ella”.

Cuando se cumplan las metas de exportar 160 millones de toneladas anuales de carbón y 93 toneladas de oro, en 2020, y se agoten las reservas explotadas por la locomotora minero-energética, nos quedarán enormes cráteres rodeados de montañas de material estéril. Se profundizarán las contradicciones entre territorio, ambiente y comunidades, con las repercusiones que genera la protesta social.

La dependencia de la exportación minera, además de afectar el ambiente, produce un enorme desequilibrio en la economía; es más fácil importar que producir y, por lo tanto, la industria no es capaz de competir porque no hay reglas de juego equilibradas, debido a la torpeza como se negociaron los TLC.