¿Cuál libertad de expresión?

El secreto oficial hace curso sin que se inmuten los poderes del Estado. No existen agremiaciones periodísticas actuantes que velen por el sagrado derecho de informar y ser informados, por el contrario, estos reductos se han convertido en clubes sociales que cada año promulgan premios amarrados a las circunstancias o emiten estatutos etéreos de connivencia con los poderes y permanecen a la espera de las condecoraciones oficiales y los lugares de privilegio en los actos protocolarios..

El gobierno del presidente Santos apoyó en el congreso de la república  una ley de inteligencia y contrainteligencia que cercena los derechos a la información y la Corte Constitucional en una inentendible actitud confesional acaba de notificar que los periodistas sólo podrán hacer uso de estos rudimentos en casos de “control político”

Después de un año de balbuceos y mutismos la Corte Constitucional se pronunció sobre el infundio de acuerdo a la sentencia C-540 de 2012 que pone al país de hinojos frente a los secretos de Estado mejor guardados cuando generalmente  de violar los derechos humanos o corruptelas se trata. No es posible que se deje en un tono gris el hecho de que  la reserva tenga límites y que se le cuelgue una especie de espada de Damocles incluyendo términos que denotan actitudes del medioevo.

Quién y cuándo puede calificar la reserva de una información en casos concretos de “control político”-según la Corte Constitucional- como si esta entelequia no sirviera para que al vaivén del leguleyismo empotrado en las entrañas del Estado se pueda en cualquier momento cercenar de manera absurda la libertad de expresión.

El retroceso en materia de libertades está aupado por el congreso, las élites intelectuales, los presidentes y, quién creyera, por la Corte Constitucional que a la postre es a la que se la ha confiado la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos.

Con esta decisión de la suprema constitucional los periodistas quedan a expensas del capricho de cualquier funcionario mediocre o corrupto para que amparado en el parágrafo 4 del artículo  33 de este esperpento pueda ser demandado considerando que no se está ejerciendo la denuncia  dentro del marco del “control político”

Hemos llegado muy lejos en restricciones. Ya no solo las demandas de injuria y calumnia están a porrillo en las fiscalías del país sino que ahora de manera retrógrada y anacrónica los virtuales defensores de los derechos fundamentales se prestan para que a través de una gaseosa interpretación los colombianos no tengan el derecho de tener de primera mano informaciones que permitan fortalecer la democracia.

Pero qué más podemos esperar, pues, mientras se cometen toda suerte de atropellos contra la ciudadanía una Corte Constitucional actúa de espaldas al país, los dueños del poder económico siguen estrangulando con su voracidad, los farianos, dizque voceros de los oprimidos, acaban con todo, siguen con el secuestro, matan a diestra y siniestra   y los expresidentes se trenzan en un litigio cual gamines en rebatiña en gallera de malandrines.

Cuando ya no nos quede más que ahogarnos en tanta estulticia y los crímenes de estado y la corruptela no se puedan revelar mientras no exista un periodismo de “ control político”  no sabremos quién podrá contar los secretos mejor guardados que han servido de instrumentos relievantes de poder como en  las peores dictaduras.

¿Qué será lo que tanto ocultan?

Pobre Colombia.